La quinta audiencia del juicio Cuadernos comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio del fiscal federal Carlos Stornelli en lo referido a las pruebas contra cada uno de los 86 acusados, entre ellos Cristina Kirchner.
Sobre Cristina Kirchner, según la acusación leída en la audiencia, “se probó que además de haber sido la jefa de la asociación ilícita en cuestión, detentó un rol activo en lo que concierne al sistema de recaudación de dinero instaurado”.
Para el fiscal que encabezó la investigación desde 2018 hasta que fue elevada a juicio oral, el cuadro probatorio permitió reconstruir la ruta de los aportes ilegales pagados por empresarios y canalizados por funcionarios de su administración.
Los pagos
La acusación señala que “gran cantidad de las entregas de dinero fueron, en último término, trasladadas -también por miembros de esa organización- a inmuebles que eran utilizados por Cristina Elisabet FERNÁNDEZ”. Entre ellos se encuentran la Quinta de Olivos, la Casa Rosada y el departamento de Juncal y Uruguay, señalado como el centro operativo para “acopiar el dinero retirado de las distintas empresas”.
En ese departamento, afirma la sentencia, el dinero era recibido por Daniel Muñoz, el ya fallecido secretario privado presidencial, identificado como “uno de los intermediarios finales”. La etapa previa recaía en Roberto Baratta, señalado como “el comunicador y receptor inicial” de los pagos empresariales.
“Los eslabones convergen así en un solo punto: Cristina Elisabet Fernández como la destinataria final de fondos”, remarca el requerimiento fiscal.
La acusación de Stornelli enumeró una larga serie de aportes que habrían sido trasladados a la entonces presidenta entre 2008 y 2010. Allí figuran pagos provenientes de Carlos Wagner, Enrique Pescarmona, Juan Carlos de Goycoechea, Gerardo Ferreyra, Raúl Glazman, Ivánissevich, Romero, Vertúa y Dragonetti, con fechas específicas y entregas que, según la acusación, culminaron en manos de Muñoz para ser recibidas en domicilios utilizados por Fernández de Kirchner.
Para los jueces, uno de los elementos más relevantes fueron los testimonios de los imputados colaboradores. “Ratificaron la participación e intervención directa de la imputada en la recepción de los sobornos garantizados por los privados”, indica el fallo.
El arrepentido Claudio Uberti declaró en 2018 que llevó “en dos o tres oportunidades, bolsos con más de diez kilos” al departamento de Juncal y Uruguay. Detalló que Muñoz le había indicado que, si el paquete era menor, lo dejara en la Casa Rosada, pero que si era voluminoso debía coordinar con él para entregarlo en Juncal.
Otro arrepentido, el financista Ernesto Clarens coincidió en esa mecánica. Afirmó que coordinaba con Muñoz entregas de dinero “en el Hotel Panamericano y en el domicilio de Juncal y Uruguay (cuando se trataba de mucho dinero)”. Para el tribunal, la coincidencia entre ambos testimonios en cuanto a montos, frecuencia y destino final resultó determinante.
La evidencia, concluye la acusación fiscal, permite sostener que Cristina Fernández “fue la destinataria final” de los fondos ilegales recaudados en el sistema de sobornos.
