Ariel Larroude: “La pobreza no genera delito”

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El actual Director del Observatorio de Política Criminal de la Ciudad de Buenos Aires, en una nota exclusiva para Quórum, nos cuenta su camino recorrido y reflexiona sobre la problemática del país: La inseguridad y la violencia. Y sostiene: “Lo primero que hay que hacer es desarmar a la sociedad. Más de la mitad de los homicidios dolosos en la Ciudad de Buenos Aires durante 2020 se produjeron a raíz de la utilización de un arma de fuego”.

Con su extensa experiencia en la materia criminal y habiendo estudiado con los referentes más destacados del derecho, Larroude nos explica que la pobreza no genera delito, sí conflictos, pero en todo tipo de órdenes, en la salud, la educación y el empleo.

 

VOS SOSTENES QUE “EL SUR DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES” ESTA POSTERGADO”, ¿CUÁLES CREES QUE SON LOS MEDIOS PARA NEUTRALIZAR LA VIOLENCIA EN ESTE SECTOR DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES?

 

El sur está postergado en términos de delito y violencia porque ocho de cada diez homicidios dolosos durante el período 2015-2020 se produjeron en no más de cinco comunas del sur -la 1, la 3, la 4, la 7 y la 8-. Por eso, lo primero que hay que hacer es desarmar a la sociedad. Más de la mitad de los homicidios dolosos en la Ciudad de Buenos Aires durante 2020 se produjeron a raíz de la utilización de un arma de fuego. Por eso, un pilar de toda política criminal debe ser el desarme de su ciudadanía, cuestión que hace reducir indefectiblemente los indicadores de violencia altamente letal. Por otro lado, hay que reorientar el trabajo de las fuerzas de seguridad en el territorio. La Ciudad, con la cantidad de recursos policiales que cuenta, debe trabajar estratégicamente sobre el control de la rentabilidad criminal y no sólo sobre el control de su territorio. Esto quiere decir que debe acentuarse la investigación y el análisis para que el delito predatorio, principalmente el robo y el hurto, dejen de dar ganancias y dejen de ser parte de un circuito de intercambio de bienes de los cuales la misma sociedad se retroalimenta, pese a reconocerlos como fruto de la actividad ilegal. De hecho, todos sabemos dónde se venden los repuestos de los autos, dónde está la mayor parte de los talleres clandestinos de la ciudad, dónde se venden los celulares a menor costo, etc. Asimismo, hay que agilizar el traspaso de la justicia penal de la nación a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy por hoy, no existe razón alguna para que no sea la propia jurisdicción porteña la que asuma competencia en la conflictividad criminal de su propio territorio. En este sentido, hay que recordar que el 60% de los delitos que se denuncian en la ciudad son robos y hurtos, los que siguen siendo investigados por la justicia nacional con aportes de todos los habitantes del país, pese a que los conflictos se suceden en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Por otro lado, si bien el último traspaso de competencias penales en 2019 le otorgó a la ciudad competencia para entender en determinados delitos tipificados en la ley de estupefacientes -Ley 23.737-, los procesos de diversificación criminal que nacen producto de la venta minorista de estupefacientes -homicidios, robos, secuestros, etc.- siguen siendo investigados por el aparato judicial nacional. Esto conlleva a la vigencia de dos sistemas judiciales en paralelo para resolver una misma base fáctica de conflictos, cuestión que dificulta cualquier tipo de investigación que tenga como fin desarticular de manera eficiente las estructuras criminales complejas dedicadas al narcomenudeo en territorio porteño.  Para dar un ejemplo, mientras que para la venta minorista resulta competente la justicia penal, contravencional y de faltas porteña, los homicidios dolosos que se produzcan como consecuencia de dicha problemática son resueltos por la justicia nacional. Esto no puede pasar.

 

DE CARA A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES, ¿CREES QUE SE TOMARON MEDIDAS CORRECTAS EN CUANTO A LA POLÍTICA CRIMINAL DE LA CIUDAD? ¿QUE HAY QUE MODIFICAR CON URGENCIA?

 

Yo creo que hay situaciones que si no se las toma con atención pueden acarrear problemas muy serios a futuro, pero no en diez años, hablo de acá a 2023. Por ejemplo, algunas comunas de la ciudad ya tienen niveles de violencia letal similares a las de Rosario, ciudad que hace rato ostenta altos índices de criminalidad. Esto no lo digo yo, surge de las propias estadísticas del Mapa del Delito de la Policía de la Ciudad. Para ser claro, la tasa de homicidios cada cien mil habitantes de la Comuna 1, que agrupa los barrios de Retiro, San Telmo, Puerto Madero, San Nicolás, Constitución y Monserrat, durante 2020 fue de 13 homicidios, un número similar al de la ciudad santafesina durante 2019 y levemente menor a la del año pasado. Algo parecido ocurrió en la Comuna 4, que tuvo una tasa de 12 homicidios cada cien mil habitantes. Por eso, hay que prestarle atención a estas cifras, no dejarlas pasar desapercibidas y aceptar que en términos de criminalidad hay dos ciudades: una de Avenida Rivadavia para arriba y otra de Avenida Rivadavia para abajo. Trabajar arduamente para revertir esta distribución inequitativa de la violencia letal y bajar las tasas de homicidios debe ser el norte de la política criminal porteña. 

Por otro lado, hay que reconocer que la ciudad hizo un buen trabajo el año pasado respecto de los robos y hurtos. Y si bien la pandemia ayudó a favorecer dicho escenario en razón de las restricciones a la libertad ambulatoria, lo cierto es que se logró reducir dicha criminalidad en un 40% respecto a 2019. Eso hay que valorarlo y decirlo.

 

¿CUÁL ES LA FORMA DE MODIFICAR LA INSEGURIDAD EN LAS VILLAS EMERGENTES?

HACE POCO ESTUVIMOS EN LA VILLA 31 Y LOS VECINOS NOS COMENTARON QUE HAY MÁS POLICIA, QUE HAY CAMARAS, PERO ASÍ Y TODO EL ÍNDICE DE DELITOS NO DISMINUYE DEMASIADO. 

 

Es que el problema de la Ciudad no son los barrios vulnerables, o por lo menos, no sólo la violencia criminal se reduce a estos lugares. De hecho, durante 2020, de diez homicidios dolosos, sólo cuatro se produjeron dentro de estos asentamientos. La pobreza no genera delito, o por lo menos no debemos hacer una asociación directa entre estos dos términos. Sí lo que genera son conflictos, pero en todo tipo de órdenes, incluido la ley penal, pero también en temas referidos a la salud, la educación, el empleo, entre otros.

Respecto a la prevención del delito y la violencia, los enfoques preventivos y situacionales resultan importantes, pero no para todos los delitos. Por ejemplo, las cámaras de seguridad no sirven de manera directa para disuadir la criminalidad. De hecho, en la práctica, su ubicación genera un corrimiento de ciertas actividades delictivas hacia otros lugares. Pero sí, en cambio, sirven para esclarecer hechos delictivos, ya que generan material probatorio apto para ser analizado en sede jurisdiccional. El patrullaje o la cantidad de efectivos policiales, sirve para la prevención del delito y la violencia en determinados lugares, pero no así para prevenir el conjurar violencias altamente letales, o bien, el crimen organizado. Allí se necesita otros elementos, un tanto más complejos, que permitan trazar estrategias de intervención delictiva apoyadas fundamentalmente en el análisis y la inteligencia criminal.

 

SABEMOS QUE PROPONÉS UNA MIRADA DISTINTA SOBRE EL TRABAJO TERRITORIAL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD, CONTANOS CUÁLES SON LOS NUEVOS PRINCIPIOS OPERATIVOS QUE CONSIDERÁS INCORPORAR.

 

Creo que resulta urgente darle tensión a tres pilares básicos que deberían moldear la actividad policial del Estado, gobierne quien gobierne, cualquiera sea su jurisdicción, para darle herramientas claras y concretas, principalmente, a las fuerzas de seguridad.

Estos son:

  1. A) Principio de Habilitación: Si el conflicto a intervenir no posee ningún componente violento, las Fuerzas Policiales deben evadirse de resolverlo violentamente. Este principio es claro por cuanto exige a las fuerzas policiales racionalizar el uso de la fuerza, no para tener una mirada contemplativa de la criminalidad, sino para garantizar que su accionar no quede expuesto a excesos innecesarios que puedan dificultar, o poner en crisis, su accionar cuando este devenga ineludible.
  2. B) Principio de Racionalidad: Las Fuerzas Policiales no pueden generar más violencia que aquella violencia que intentan prevenir. Este enunciado, si bien no reviste mayor tipo de complejidad desde lo semántico, sí resulta una limitación fundamental a la hora de controlar el espectro operativo de las policías. Ello, en tanto sugiere necesaria una regulación del poder represivo de estas agencias en aquellos casos en que, aun reconociendo la necesidad de intervenir violentamente, este accionar deba ser proporcional, lo que se deduce de la armonía dada entre el propósito de intervención y los medios represivos que se eligen para ello.
  3. C) Principio de Legitimación: Las Fuerzas Policiales solo pueden intervenir violentamente, dentro de los márgenes de la ley, en aquellos conflictos delictivos que, sin una intervención violenta, tienden a incrementar su potencialidad criminal. Este principio es, sin dudas, el más importante, toda vez que regula el uso de la fuerza legítima. Su finalidad no es morigerar la capacidad operativa de la policía, sino habilitarla con reglas claras pero dentro de los márgenes que establece la ley.

 

CONTANOS SOBRE TU HISTORIA… ¿CÓMO LLEGASTE AL LUGAR QUE OCUPAS HOY? 

 

Bueno yo soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Allí tuve la fortuna de encontrarme con grandes docentes como Daniel Rafecas, Iñaki Anitua, Ignacio Tedesco o Norberto Tavosnanska, quienes me inculcaron la pasión por discutir el funcionamiento de nuestro sistema penal desde una mirada democrática, crítica y liberal. Me costaría mucho dejar afuera a otros grandes profesores quienes, sin haber cursado con ellos, me han despertado una gran admiración profesional. Entre ellos: Raúl Zaffaroni y Alberto Binder, entre otros.

Una vez egresado, allá en 2008, ingresé a la justicia de la ciudad y allí hice parte de mi carrera mientras que, de manera paralela, ejercía la docencia. En el año 2015, tuve la inquietud de crear un espacio de discusión por fuera de la justicia que pueda poner el ojo sobre el funcionamiento del poder judicial porteño. Así nació el Observatorio de Política Criminal. Como sabíamos que, básicamente, no nos conocía nadie, nuestra mejor idea fue comenzar con entrevistas a ciertas personas que sabíamos que nos podían dar una mano para difundir más fácilmente nuestro trabajo. Por esas entrevistas pasaron: Zaffaroni, Binder, Frederic, Marcelo Saín, Dora Barrancos, Tamar Pitch, Rafecas, Anitua, entre otros. Eso nos dio la posibilidad de sumar gente al espacio y darle dinámica a nuestras notas. A partir de 2018 comenzamos a realizar informes de conflictividad criminal, lo que nos permitió llegar a los medios masivos de comunicación.  Así es que año tras año se difunde nuestra información, la que se centra –fundamentalmente- en los problemas medulares de la ciudad: la inequitativa distribución de la violencia criminal en la Ciudad y la limitación jurisdiccional que tiene el poder judicial porteño para resolver la criminalidad más relevante la que sigue en manos del poder judicial nacional. A raíz de mi participación en el observatorio comencé en 2019 a formar parte de Agenda Argentina, un grupo de científicos y docentes que dimos soporte intelectual y técnico a la candidatura de Alberto Fernández. Con ello, desembarqué en 2020 en el Ministerio se Seguridad de la Nación con el cargo de Director de Política Criminal.

 

Nos gustaría saber detalles sobre la ONG que formaron, ¿cuánta gente la compone? ¿Cómo se armó el grupo? ¿Cuál es su misión? 

 

Es difícil describir el grupo de gente que compone el observatorio. Creo que somos un grupo Ad-Hoc que va mutando de acuerdo a las conflictividades que queremos analizar y estamos contentos con esa amplitud. Estos años fuimos rotando y la realidad es que la pandemia nos complicó mucho. No obstante, seguimos incorporando gente con nuestra misma inquietud. Por otro lado, nuestra misión es clara y es ofrecernos como un dispositivo técnico que recopila y analiza toda la información sensible que pueda resultar de utilidad para la comprensión de la conflictividad penal de la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera buscamos generar herramientas y mecanismos que permitan llevar adelante un análisis pormenorizado de la política criminal local, siendo nuestro fin ayudar a las agencias que trabajan sobre la cuestión penal a reducir la política criminal de la ciudad a su expresión más legítima, siendo esta la que logra armonizar el monopolio de la fuerza con los preceptos que establece la ley y la Constitución.

 

En materia de delitos penales, ¿qué podés aportar sobre la competencia actual entre la ciudad de Buenos Aires y la nación? ¿Crees qué hay solución al tema? ¿Cuál sería?

Yo creo que no hay una visión estratégica de la justicia en general para que esta pueda incidir de manera concreta en los fenómenos criminales más relevantes. En la Ciudad de Buenos Aires, esto ha llevado a que la jurisdicción local sea vista como marginal, dedicada a resolver conflictividades menores, a comparación de lo que sucede con la justicia nacional. Por eso también hay un recelo o rechazo, de los jueces y juezas nacionales para pasar a la ciudad. El problema con esto es que no se dan que siguen resolviendo problemas de la ciudad con recursos de todos los argentinos. Cuestión que  sería impensada en otra jurisdicción. Es decir: es imposible pensar que un porteño aporte con sus impuestos dinero para resolver, vía judicial, un robo que sucedió en Córdoba o Chaco. No obstante, nadie lo pone en discusión. Esto si bien es parte de un problema más profundo sobre el trabajo judicial y su falta de visión a largo plazo respecto a qué conflictos interviene y para qué lo hace, lo cierto es que atenta contra el control de criminalidad diario de la ciudad. Por ello, discutir el Poder Judicial no es solo poner en crisis la eternidad de los cargos solamente, sino, principalmente, qué dinámica y respuestas le da a una sociedad que hace tiempo descree de su funcionamiento. Siendo la justicia un pilar básico donde se apoya la sociedad para dirimir sus conflictos evitando agudizar sus violencias.

 

¿Cuáles son los delitos penales que tratas desde tu espacio que aún te siguen sorprendiendo y por qué? 

 

La violencia de género. Es una deuda que tiene la sociedad para con sí misma. Algo increíble, pero a la vez real, por la transversalidad de esta problemática que la sufren mujeres de los sectores más pudientes como aquellas de los sectores más vulnerables. En este sentido, hace rato que venimos proponiendo desde el Observatorio la creación de una justicia de género en la Argentina o, por lo menos, para la Ciudad de Buenos Aires en razón de los recursos económicos con los que cuenta. Ya el hecho que haya fiscalías porteñas especializadas en esta cuestión resulta un avance muy importante, pero si esto no es acompañado de un juzgado especializado que tanga como fin, no solo enjuiciar al agresor, sino, principalmente, darle un marco integral y multidisciplinario a los problemas que atraviesan las mujeres, los conflictos se terminan reproduciéndose sin un marco integral. Respecto de esta problemática, hoy por hoy no puede pasar que un juzgado porteño tenga que encontrar tiempo en su agenda para resolver una excepción, o una prisión preventiva en un caso de violencia de género y a la vez estar viendo qué hace con temáticas tan minúsculas como la ocupación indebida del espacio público o un carnet falso de conducir. Eso no puede pasar en este contexto de sobreabundancia de recursos judiciales que tenemos. Tampoco puede suceder que una mujer no pueda unificar sus reclamos en una sola jurisdicción. Por ejemplo, es habitual que una víctima tenga que hacer denuncias por violencia en distintas jurisdicciones porque el violento la persigue. Es así que, quizá, si trabaja en capital federal, tenga radicada una denuncia en la justicia de la ciudad o en la justicia correccional, mientras que, a la vez, tenga otra hecha en cercanías de su domicilio, que puede ser en Provincia de Buenos Aires. Esto hace que haya dos o más expedientes en paralelo sobre una misma base fáctica, lo que atenta contra el seguimiento del legajo en detrimento de los intereses de la víctima que tiene que producir la misma prueba tantas veces como expedientes haya. Una locura que debe ser remediada de inmediato.

 

¿Cuál fue la situación más estremecedora que te tocó vivir en tu trayectoria?

Sin dudas, haber sido uno de los coordinadores del Comando Unificado para prevenir el COVID 19 durante el año pasado. Era un cuerpo encabezado por la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y representantes de las cuatro fuerzas federales que durante el 2020, articuló con las demás áreas del Estado para prevenir la diseminación rápida del virus. Todas y todos los que trabajamos allí hemos perdido familiares o amigos, hemos trabajado ininterrumpidamente durante casi un año, de lunes a lunes, las veinticuatro horas. Y si bien el virus se expandió y causó varias muertes, sirvió para darle tiempo de equiparse al sistema de salud y que la gente no se muera por falta de camas o respiradores como sucedió en otros países.

 

¿Cómo y cuándo  descubriste tu pasión por el derecho penal? 

Creo que desde que uno es pequeño comienza a familiarizarse con ciertas cuestiones a las cuales, de más grande, puede identificar y encaminar de mejor manera para así resolver sus pulsaciones e inquietudes. La injusticia social ha sido el elemento que me más me ha preocupado, y con la carrera de derecho, la he contextualizado y profundizado con mayores herramientas. Mi propósito, desde lo profesional y desde lo político, es darle una mayor racionalidad al funcionamiento de nuestro sistema penal. Esto, quizá, vaya en detrimento de aquellos que piensan que hay que barajar y dar de nuevo. Yo no creo que todo funcione mal, pero sí hay que admitir que este nivel de distancia entre el aparato de justicia y la gente no trajo buenos resultados, y la evidencia de ello es la poca empatía que hay sobre el funcionamiento del poder judicial en general. Asimismo, creo que el problema en nuestro país es que hemos codificado en clave punitiva una gran variedad de problemas que antes estaban codificados en clave social, lo que nos llevó a que el sistema de justicia penal tenga que resolver cuestiones o problemáticas que antes eran absorbidas por otras agencias no punitivas del Estado. -Desde cuestiones de salud pública, como el uso problemático de estupefacientes, o la falta de acceso a la vivienda que ha mutado en problemáticas como la usurpación o la ocupación indebida del espacio público-. Por eso el desafío a futuro es resolver este incordio racionalizando los recursos judiciales para que estos puedan volcarse hacia las conflictividades más relevantes de manera estratégica, dándole paso a otros instrumentos más efectivos -pero a la vez menos violentos- para resolver situaciones problemáticas de fondo que con este funcionamiento del poder judicial no están siendo resueltas.

 

Fotos. Lucas Kirby

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