Bullrich le mandó la cuenta a Stornelli 

La ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich le envió al fiscal Carlos Stornelli los costos de los operativos realizados por cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en el marco del debate de la Ley de Bases en el Congreso. El detalle de los gastos en esta nota. 

El Ministerio de Seguridad envió al fiscal Carlos Stornelli los costos de los operativos realizados por cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para mantener el orden público en la Plaza del Congreso y sus adyacencias el 12 de junio.   

Si se computan los gastos de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, se llega a la suma de 130.706.982 pesos. Eso incluye la suma de 13.613.500 pesos que la Policía Federal reportó en concepto de daños a sus vehículos y equipamiento.

La nota del Ministerio de Seguridad aclara que en esos montos no involucran los gastos de curación de los heridos, que se sumarán al final del tratamiento de cada uno de ellos.

En el caso de la Policía Federal, se incluyó también los costos del día anterior, cuando se desplegó un acampe en el lugar. 

Cabe mencionar que la jueza federal María Romilda Servini y Stornelli, que estaban de turno con las fuerzas federales cuando se desató la violencia en las inmediaciones del Palacio Legislativo, llevan adelante una causa en la que al menos 33 de los 35 detenidos están imputados por delitos contra la seguridad pública y el orden constitucional, además de por las lesiones a ocho policías federales, cuatro gendarmes y cuatro efectivos porteños. Los otros dos quedaron presos por la tentativa de robo de objetos del interior del móvil de prensa de Cadena 3 que fue incendiado durante los desmanes.

Stornelli pidió la indagatoria de los detenidos por delitos tales como lesiones, daños simples y agravados, incendio u estrago, delitos contra la seguridad pública, instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva contra las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravado, resistencia a la autoridad y/o perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos, con la posible agravante del artículo 41 quinquies del Código Penal, prevista para la comisión de eventuales “acciones terroristas”.

También pidió las prisiones preventivas de los imputados mientras avanza la investigación tendiente a determinar los actos de cada implicado y la individualización de otros autores de desmanes.

El Ministerio de Seguridad había previsto, inicialmente, presentarse como querellante en la causa para acusar a los detenidos por sedición y por la eventual comisión de actos terroristas. Pero finalmente desistieron, en atención a que Stornelli ya había avanzado en el mismo sentido. Los equipos legales de la cartera no perdían de vista, tampoco, que una eventual participación como querellantes obligaría al juzgado a apartar a las fuerzas federales de la pesquisa.

Con lo cual se limitaron a informar el costo de los desmanes cometidos por “grupos sediciosos” con “la intención de interrumpir las sesiones del Honorable Senado de la Nación”.