Causa Vialidad: la fiscalía presentó su recurso de casación

Es contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal que, en diciembre pasado, condenó a la vicepresidente Cristina Fernández, siete ex funcionarios y al empresario Lázaro Báez en orden al delito de administración fraudulenta agravada.

El titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Diego Luciani, junto al fiscal coadyuvante Sergio Mola, presentó su recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal, el 6 de diciembre pasado, en el marco del debate oral y público por el desvío de fondos e irregularidades en la asignación de obra pública de la provincia de Santa Cruz.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal recurrieron la sentencia en relación a las absoluciones de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, del exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio Miguel De Vido, del exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López, y del ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Guillermo Periotti -como jefa e integrantes de una asociación ilícita, respectivamente-, y de De Vido, el ex subsecretario de Obras Públicas, Claudio Abel Fatala y del entonces presidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz (AGVP) Héctor René Jesús Garro, respecto a los hechos por los que fueron acusados.

También cuestionaron el monto del decomiso ordenado y el sobreseimiento – por extinción de la acción penal por prescripción- respecto del exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, por incumplimiento de deberes de funcionario público.

En el comienzo la presentación señala: “La contundente sentencia del Tribunal mostró de manera palmaria el acto de corrupción más grave de la historia de nuestro país desde el

advenimiento de la democracia. Y esto lo decimos con profundo pesar porque, lamentablemente, es una realidad indiscutible. Los fundamentos de la sentencia expusieron, con el grado de certeza que requiere esta etapa, que, entre 2003 y 2015, funcionó en el seno del Estado una auténtica asociación ilícita que creó, diseñó, proyectó y ejecutó un plan sistemático de corrupción”.

Y agrega: “Se trató de una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país, debido a sus características inusuales, su complejidad y a su extensión en el tiempo merced a la decisión de quienes ocuparon las jerarquías más altas del Poder Ejecutivo Nacional”.

Asimismo, sostiene: “Y, si bien sólo uno de los magistrados del Tribunal –el Dr. Basso– tuvo el acierto y la determinación de subsumir la conducta de los acusados en el delito previsto en el artículo 210 del Código Penal –en adelante, C.P.–, luego de leer con atención los fundamentos de la sentencia, sinceramente no comprendemos los motivos por los cuales la mayoría del Tribunal no acompañó la lógica hermenéutica de aquel magistrado. No lo entendemos porque las gravísimas circunstancias fácticas comprobadas por el Tribunal se ajustan, sin mayores esfuerzos, a las exigencias del tipo penal de asociación ilícita. Para que se entienda bien, se trataba de un ‘traje a medida’ y la mayoría del Tribunal convirtió esta figura en un ‘traje estrecho’ o, peor aún, en un tipo penal prácticamente inaplicable para casos de corrupción en la Administración pública”.

También asegura: “Los jueces de la mayoría arribaron a este razonamiento inadmisible, contrario a los postulados doctrinarios y jurisprudenciales nacionales e internacionales más básicos, como resultado de un llamativo esfuerzo intelectual, absolutamente sesgado y alejado del contenido de la fórmula penal. Así, se escudaron en una ficción jurídica, efectuaron una interpretación inédita, forzada y errada de la figura penal y hasta se atrevieron a añadirle al tipo penal exigencias imaginarias que este no contempla”.

A lo que añade: “Como expusimos en el alegato y reafirmamos con la misma convicción en este recurso, se trató de una asociación ilícita piramidal, en la que los ex jefes de Estado estuvieron en la cúspide, como jefes de la asociación; y diversos funcionarios públicos la integraron y la organizaron de manera de ejecutar los aportes necesarios para llevar a cabo la maniobra. Lo hicieron paralelamente al plano legal, pero valiéndose de las competencias que les otorgaba la jerarquía de su respectivo cargo y del poder político que ejercían. La finalidad delictiva de la asociación quedó demostrada: detraer los fondos del Estado para un beneficio particular o de un tercero”.  

La fiscalía puso a disposición de la ciudadanía la presentación efectuada, con un índice temático para facilitar el acceso a cada uno de los argumentos desarrollados a la que se puede acceder aquí.