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Metas ambientales en Latinoamérica: el compromiso de cuatro países

Un informe de dos organizaciones ambientalistas mundiales instó a Brasil, Colombia, México y Perú a proteger las tierras de las comunidades indígenas para poder cumplir con los objetivos climáticos para 2030 fijados en el Acuerdo de París.

El informe elaborado por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) y Climate Focus afirmó que la comunidad internacional debe tomar en cuenta las tierras de los pueblos indígenas y las comunidades locales (PILC) para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados

El 92% de las tierras boscosas de los PICL de los cuatro países son sumideros netos de carbono (almacenan más del que emiten) y cada hectárea captura una media de 30 toneladas de carbono cada año, según informó la AFP.

En promedio “capturan más del doble de carbono que las no indígenas” debido a sus prácticas tradicionales y sostenibles y al hecho de que en gran parte son bosques vírgenes.

“Las comunidades indígenas y locales realmente actúan como una especie de salvadores silenciosos que están frenando la crisis climática pero no obtienen el reconocimiento que necesitan y, lo que es más importante, apoyo para dar pasos positivos”, dijo Darragh Conway, consultor jurídico de Climate Focus.

Los autores estiman que si no se aplican medidas para proteger las tierras boscosas de los PILC en estos países “se tendrían que llevar a cabo acciones drásticas prácticamente imposibles en otros sectores”.

Conway pone como ejemplo que Perú “tendría que retirar todo su parque automotor para compensar la pérdida de solo la mitad de los servicios de captura de carbono que proporcionan los bosques que están en manos de los pueblos indígenas y comunidades locales”.

Brasil y Colombia tendrían que retirar el 80% de su flota de vehículos y México el 35% para compensarlo.

En los cuatro países, responsables del 5,1% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, “estas tierras están bajo la amenaza constante de la ganadería, la minería y la tala de árboles, que en gran parte es ilegal y está vinculada a la corrupción y la complicidad entre los gobiernos y los actores ilegales”, denuncia el estudio.

Los autores instan a Brasil, Colombia, México y Perú, que albergan a más de 300 grupos indígenas, a acelerar la titulación y garantizar que las comunidades indígenas y locales tengan plenos derechos sobre la tierra, así como a respetar su derecho “al consentimiento libre, previo e informado” antes de llevar a cabo proyectos en su territorio.

El Acuerdo de París pide a cada país que planifique sus acciones climáticas posteriores a 2020, conocidas como las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés).

El informe asegura que los países analizados se quedan cortos a la hora de incluir en estas planificaciones las tierras de las comunidades indígenas y locales a pesar de que representan una parte importante del carbono forestal mundial.

Los cuatro países firmaron la Declaración de los Líderes de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra en 2021, por la cual se comprometieron a poner fin a la pérdida de bosques y a la degradación del suelo para 2030.

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