En el marco del Día de la Magistratura y la Función Judicial -que se celebra el 15 de septiembre- los jueces de primera instancia de la provincia de Santa Fe Iván Di Chiazza y José Ignacio Pastore realizaron un análisis sobre la gestión judicial, su evolución y sus desafíos.
El Día de la Magistratura y Función Judicial en Argentina, celebrado el 15 de septiembre, no solo es una fecha conmemorativa, sino también una oportunidad para reflexionar sobre la evolución del sistema judicial y proyectar su futuro.
Durante las últimas dos décadas, la gestión judicial en nuestro país ha transitado un camino de transformación profunda, marcada por la necesidad de modernización y adaptación a un mundo en constante cambio.
Esta exposición se propone, someramente, analizar esa evolución, deteniéndose en las principales innovaciones y reformas que han tenido lugar, así como en las proyecciones y desafíos que se vislumbran en el horizonte.
Se explorarán temas clave como la digitalización, la oralidad, la eficiencia en la gestión y las prácticas colaborativas, en el contexto tanto local como internacional, brindando ejemplos concretos de otras jurisdicciones que pueden servir de guía para el futuro de nuestro sistema judicial.
La evolución de la gestión judicial: retrospectiva de 15 a 20 años atrás
Al mirar en retrospectiva, ya sea 15, 20 o incluso 30 años, el sistema judicial argentino operaba bajo modelos de gestión que, aunque efectivos para su época, presentaban serias limitaciones en términos de eficiencia, transparencia y acceso a la justicia. En aquel entonces, los procesos judiciales eran predominantemente escritos, con una escasa incorporación de tecnología y una cultura administrativa centrada en el papeleo y la burocracia.
Contexto histórico: El sistema judicial se caracterizaba por una fuerte centralización y un proceso excesivamente formalista. La mayoría de los tribunales carecían de herramientas tecnológicas para la gestión procesal, lo que resultaba en expedientes voluminosos, lentitud en la resolución de casos y una carga de trabajo que sobrepasaba la capacidad operativa de los juzgados. Esta situación generaba un acceso desigual a la justicia, particularmente para los sectores más vulnerables, quienes se veían atrapados en trámites largos y costosos.
Modelos de gestión tradicionales: La gestión judicial en ese período estaba dominada por un enfoque reactivo, donde las decisiones se tomaban caso por caso, sin una visión estratégica ni una planificación a largo plazo. El sistema de expedientes físicos, las notificaciones manuales y la falta de herramientas para el seguimiento y control de los procesos judiciales eran la norma. Esto contrastaba fuertemente con las prácticas observadas en sistemas más avanzados, como los de algunos países europeos que ya comenzaban a implementar soluciones digitales para mejorar la eficiencia y transparencia judicial.
Desafíos y limitaciones: Entre los principales desafíos de la época se encontraban la congestión de expedientes, la falta de un acceso equitativo a la justicia y la percepción pública de ineficiencia e inaccesibilidad al servicio judicial. La ausencia de herramientas tecnológicas y la dependencia de procedimientos escritos limitaban severamente la capacidad del sistema para adaptarse a un entorno en constante cambio, lo que resultaba en una creciente acumulación de casos pendientes y una percepción generalizada de lentitud y falta de eficacia.
La gestión judicial contemporánea: estado actual
Hoy, el sistema judicial argentino ha avanzado significativamente, adoptando nuevas tecnologías y métodos de gestión que buscan enfrentar los desafíos del siglo XXI. Sin embargo, este avance ha sido desigual, con áreas de éxito y otras que aún requieren mejoras.
Digitalización y tecnología: Uno de los avances más significativos ha sido la digitalización de los procesos judiciales. La implementación de sistemas como el Expediente Digital ha permitido una mayor celeridad en la tramitación de los casos y ha facilitado el acceso remoto a la justicia, especialmente durante la pandemia de COVID-19. Algunos países han llevado este concepto aún más lejos, con un sistema judicial completamente digital que permite la resolución de casos de manera online, reduciendo drásticamente los tiempos procesales y los costos asociados.
En Argentina, aunque se han dado pasos importantes, aún existen desafíos en la interoperabilidad de los sistemas, la capacitación del personal judicial y la accesibilidad de estas herramientas para todas las partes involucradas.
Oralidad en los procesos: La incorporación de la oralidad ha revolucionado el proceso judicial, reduciendo los tiempos de resolución y mejorando la transparencia. La oralidad, sin embargo, no está exenta de desafíos, como la necesidad de adecuar las infraestructuras judiciales y asegurar que todos los actores, desde jueces hasta litigantes, estén adecuadamente preparados para este cambio.
Eficiencia y eficacia en la gestión: La gestión judicial ha adoptado nuevas prácticas orientadas a mejorar la eficiencia, como la gestión por resultados y la planificación estratégica. Estas prácticas han permitido a los tribunales establecer metas claras y medir su desempeño, promoviendo una cultura de rendición de cuentas y mejora continua.
Prácticas cooperativas: La colaboración interinstitucional ha ganado terreno como una estrategia para abordar problemas complejos que trascienden las capacidades individuales de los tribunales. La creación de Oficinas de Gestión Judicial y la implementación de programas de capacitación conjunta son ejemplos de cómo se ha promovido la colaboración en Argentina.
Proyecciones futuras: la gestión judicial dentro de 5, 10 o 15 años
El futuro de la gestión judicial promete ser aún más dinámico, con tecnologías emergentes y nuevos enfoques que cambiarán radicalmente la administración de justicia.
Avances tecnológicos: La inteligencia artificial (IA) y la automatización son las fronteras tecnológicas que se espera transformen el sistema judicial en los próximos años. Estas innovaciones podrían mejorar la precisión y rapidez de las decisiones judiciales, aunque también plantean desafíos éticos y de implementación que deberán ser cuidadosamente considerados.
Oralidad y digitalización avanzada: En el futuro, es probable que la oralidad se complemente con tecnologías como la realidad virtual y la inteligencia artificial para crear entornos judiciales más interactivos y accesibles. Son varios los tribunales del país que ya están experimentando con audiencias virtuales que permiten a las partes participar en juicios desde cualquier parte del mundo, lo que podría volverse una práctica estándar en los próximos años.
Eficiencia y sostenibilidad: A medida que los recursos se vuelven más escasos, la sostenibilidad será un factor clave en la gestión judicial. Esto no solo implica el uso eficiente de los recursos financieros y humanos, sino también la adopción de prácticas que minimicen el impacto ambiental del sistema judicial. La implementación de tribunales “verdes”, donde se promueve el uso de tecnologías sostenibles y prácticas respetuosas con el medio ambiente, podría ser un modelo a seguir en Argentina.
Prácticas colaborativas futuras: La colaboración en el futuro se verá potenciada por plataformas digitales que faciliten la coordinación entre distintos actores judiciales y sociales. Estas plataformas permitirán una integración más efectiva de servicios legales, sociales y de salud, ofreciendo una respuesta más holística a los problemas que enfrentan los ciudadanos.
Desafíos para los operadores de justicia
Los operadores de justicia en Argentina enfrentarán una serie de desafíos en los próximos años, derivados de la creciente complejidad y diversificación de los conflictos, así como de la necesidad de adaptarse a un entorno cada vez más cambiante.
La complejidad de los conflictos en Argentina, especialmente en áreas como el derecho ambiental, los delitos cometidos con tecnología sofisticada, la protección de personas vulnerables, la erradicación de la violencia y la igualdad de género, plantea desafíos ineludibles. Los operadores de justicia deberán desarrollar nuevas habilidades para gestionar estos conflictos de manera eficaz.
Por ejemplo, en el ámbito del derecho ambiental, los jueces y abogados deben estar preparados para manejar casos que involucran contaminación, cambio climático y conservación de la biodiversidad, lo que requiere un conocimiento profundo de la legislación ambiental y la capacidad de interpretar datos científicos complejos.
En cuanto a los delitos tecnológicos, como el cibercrimen y el fraude digital, es esencial que los operadores de justicia comprendan las tecnologías emergentes y las técnicas utilizadas por los delincuentes, así como las herramientas de ciberseguridad y análisis forense digital para investigar y resolver estos casos.
La protección de personas vulnerables, como niños, ancianos y personas con discapacidad, exige una sensibilidad especial y un enfoque centrado en los derechos humanos. Los operadores de justicia deben estar capacitados en técnicas de entrevista y evaluación que respeten la dignidad y la privacidad de estas personas, además de conocer las leyes específicas que las protegen.
La erradicación de la violencia, incluyendo la violencia de género y doméstica, requiere un enfoque integral que combine la aplicación estricta de la ley con programas de prevención y apoyo a las víctimas. Los operadores de justicia deben colaborar con organizaciones sociales y de salud para ofrecer una respuesta coordinada y efectiva.
Finalmente, la igualdad de género en el sistema judicial implica no solo la aplicación justa de las leyes, sino también la promoción de políticas que aseguren la representación equitativa de mujeres y hombres en todos los niveles del sistema judicial. Esto puede incluir desde la capacitación en perspectiva de género hasta la implementación de medidas para prevenir y sancionar el acoso y la discriminación.
Para abordar estos desafíos, los operadores de justicia pueden recurrir a métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y el arbitraje, que ofrecen soluciones más rápidas y no adversariales. Además, el uso de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y las plataformas de resolución de disputas en línea, puede mejorar la eficiencia y accesibilidad del sistema judicial.
A medida que la tecnología se integra más profundamente en el sistema judicial, la capacitación y adaptación continua serán esenciales. Los operadores de justicia deberán familiarizarse con herramientas tecnológicas avanzadas, como la inteligencia artificial y la gestión de grandes volúmenes de datos (big data), que ya están siendo utilizadas en sistemas judiciales en el mundo, donde los tribunales utilizan algoritmos para ayudar en la toma de decisiones y la gestión de casos.
La integración de nuevas generaciones de profesionales en el sistema judicial presentará tanto desafíos como oportunidades. Las nuevas generaciones, nacidas en la era digital, traen consigo una mentalidad orientada hacia la innovación y el cambio, lo que podría revitalizar el sistema judicial y acelerar su modernización. Sin embargo, también será necesario un esfuerzo coordinado para asegurar que estos nuevos profesionales comprendan y respeten las tradiciones y principios fundamentales que sustentan el sistema de justicia.
La transición hacia un modelo polifacético
La evolución del sistema judicial argentino requiere una transición desde un modelo unidimensional, predominantemente escrito, hacia un modelo multifacético. Los cuatro ejes mencionados anteriormente no operan de manera aislada, sino que interactúan y se complementan para ofrecer un servicio judicial más integral y eficiente. Este enfoque multidimensional permite abordar la complejidad de los conflictos modernos con mayor versatilidad y dinamismo, respondiendo de manera más efectiva a las demandas de la sociedad.
El desafío de la complejidad: hacia una simplicidad versátil
Uno de los principales desafíos que enfrenta el sistema judicial es la transición de una complejidad rígida a una simplicidad dinámica. Los procedimientos actuales, a menudo excesivamente detallados y extensos, comprometen la capacidad del sistema para adaptarse a las necesidades cambiantes. Esta rigidez genera procesos inelásticos que no se ajustan a las particularidades de cada caso, resultando en un servicio menos efectivo.
Para superar este obstáculo, es necesario diseñar procesos judiciales que sean flexibles y adaptativos, permitiendo ajustes según las circunstancias específicas de cada caso. Esta flexibilidad debe estar integrada en el diseño mismo de los procedimientos, rompiendo con los moldes tradicionales y permitiendo una evolución continua que evite la obsolescencia prematura del sistema.
Del proceso confrontativo al proceso colaborativo
La transición de un proceso confrontativo a uno colaborativo es fundamental para modernizar el sistema judicial. Los procesos colaborativos no solo facilitan la resolución de conflictos de manera no adversarial, sino que también promueven una cultura de conciliación y desjudicialización. Al enfocarse en la colaboración, se reduce la carga emocional de las partes, se mejora su satisfacción y se descongestionan los juzgados, beneficiando al sistema en su conjunto.
Este cambio de paradigma es esencial para construir un sistema más humano y eficiente, donde la resolución de conflictos no sea vista como una lucha, sino como una oportunidad para alcanzar soluciones mutuamente beneficiosas.
Del proceso formal al proceso satisfactorio
El enfoque en la satisfacción de las necesidades de las partes es otro aspecto clave del nuevo modelo de gestión del conflicto. Un proceso se considera satisfactorio cuando prioriza la resolución efectiva de los problemas específicos que enfrentan las personas en conflicto, utilizando herramientas tecnológicas para facilitar el acceso y descentralizar el sistema judicial.
El objetivo central de este enfoque es convertir al proceso judicial en una herramienta al servicio de las personas, no en un fin en sí mismo. Esto implica una transformación profunda en la manera de concebir y ejecutar los procedimientos judiciales, enfocándose en mejorar la experiencia de los usuarios y en ofrecer soluciones que realmente respondan a sus necesidades.
La relevancia de las habilidades blandas en la nueva gestión del conflicto
El éxito de este nuevo modelo depende no solo de la adopción de nuevos procedimientos y tecnologías, sino también de un cambio en las actitudes y aptitudes de los operadores del derecho. Las habilidades blandas, como la adaptabilidad, la creatividad, la comunicación efectiva, y la empatía, se vuelven esenciales en este contexto. Estas competencias permiten a los profesionales del derecho abordar los conflictos con una perspectiva más amplia y humana, adaptándose mejor a las exigencias de un sistema en constante evolución.
El desarrollo de estas habilidades es crucial para superar el principal desafío actitudinal que plantea la nueva gestión del conflicto: la capacidad de no mirar lo nuevo desde lo viejo. Este enfoque requiere un pensamiento paralelo que permita crear soluciones innovadoras y eficientes, que se adapten a las particularidades del mundo moderno y que aprovechen al máximo el potencial de las nuevas tecnologías y prácticas colaborativas.
La gestión judicial en Argentina ha recorrido un largo camino desde los días de procedimientos escritos y expedientes físicos, y continúa evolucionando en respuesta a los cambios sociales, tecnológicos y legales.
De cara al futuro, la innovación, la colaboración y la adaptación serán claves para asegurar que el sistema judicial siga cumpliendo su misión de brindar justicia de manera efectiva, eficiente y equitativa. A medida que nos adentramos en esta nueva era, es fundamental que los operadores de justicia, legisladores y la sociedad en general trabajen juntos para construir un sistema judicial que no solo responda a las necesidades del presente, sino que también esté preparado para los desafíos del futuro.
El nuevo modelo de gestión del conflicto no solo exige cambios en los procedimientos y en la adopción de tecnologías, sino también un cambio profundo en la mentalidad de los operadores del derecho. La transición hacia un sistema pluridimensional, flexible, colaborativo y satisfactorio requiere un esfuerzo consciente para abandonar los moldes tradicionales y adoptar una perspectiva más abierta y adaptable.
Este nuevo enfoque permitirá al sistema judicial responder de manera más efectiva a los desafíos del siglo XXI, ofreciendo un servicio más eficiente, humano y centrado en las necesidades de las personas. El camino hacia esta transformación no será sencillo, pero es esencial para construir un sistema de justicia que esté verdaderamente al servicio de la sociedad.
Por Iván Di Chiazza (Juez 1° Inst. Civil y Comercial Santa Fe) y José Ignacio Pastore (Juez 1° Inst. Circuito N° 31 – Sunchales, Santa Fe)