Cristina durante gran parte de su vida fue Cristian: su familia asustada por las creencias y leyes de su época la llevaron a médicos, colegios de varones y hasta la anotaron en el Liceo Naval. Debían luchar contra eso que sentía. Estudió abogacía, viajó al sur y trabajó en pos de los derechos indígenas en nuestro país. Se casó, tuvo hijas y fue un profesional exitoso, pero la muerte de su madre era la última barrera que le quedaba para dejar aflorar quién de verdad era. Con el apoyo de su pareja, tomó la decisión de cambiar de género y finalmente ser Cristina. Una historia de vida repleta de ejemplos y una profesional del derecho para escuchar con mucha atención.
Me interesaría que me cuentes un poco de vos. De cómo fue crecer, pasar por el Liceo Militar, estudiar Derecho, casarte, batallar a favor de los pueblos originarios como abogado varón y ahora ser abogada trans.
La identidad de género en la mayoría de las personas trans se autopercibe a muy temprana edad, a los 3 o 4 años que es cuando generalmente todas las personas asumen su identidad de género, que no tiene nada que ver con la orientación sexual, porque no hay una sexualidad muy desarrollada a edad pero si una identificación con los aspectos que culturalmente se atribuyen a determinado género. Yo de chiquita me sentía identificada con el género femenino pero era la década del 60, era pecado y estaba patologizado, de hecho había un edicto policial que se había dictado en el año 1932 que sancionaba con prisión a las personas que utilizaran vestimenta de otro sexo. Todo esto hizo que mi madre se asustara, me llevara a médicos y me convenciera de que era una enfermedad contra la que había que luchar. Así fue que desarrollé una vida de varón, fui a un colegio de varones, fui a la escuela naval, y después estudié derecho y cuando el año 2001 en medio de la crisis muchos emigraron a Europa o a Estados Unidos, yo emigré al sur, a la provincia de Chubut en busca de tranquilidad.
¿En qué momento comenzó tu transición para cambiar de género?
Ocurrió cuando falleció mi mamá en 2007, ahí empieza a aflorar de nuevo mi identidad de género que estuvo reprimida mientras mis padres vivieron. Así que cuando en 2012 se aprueba la Ley de Identidad de Género empiezo a leer los debates y los argumentos, me empiezo a convencer desde lo racional y desde lo jurídico que realmente no es una enfermedad como me habían convencido toda mi vida y comencé a transicionar y a asumir una identidad de género como derecho humano. Esto es también lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una variada jurisprudencia internacional que reconoce de la identidad de género como un derecho humano vinculado a la propia identidad, al de la autonomía del cuerpo, a la libertad de expresión y a la no discriminación. Todas estas herramientas me ayudaron hasta que finalmente ratifiqué mi partida de nacimiento con mi propia identidad.
Yo de chiquita me sentía identificada con el género femenino pero era la década del 60, era pecado y estaba patologizado, de hecho había un edicto policial que se había dictado en el año 1932 que sancionaba con prisión a las personas que utilizaran vestimenta de otro sexo
¿Cómo se tomó tu gente más cercana este cambio y cómo lo hizo la gente relacionada a tu trabajo, tus clientes y colegas?
Bueno, lo más difícil era con la familia porque uno tiene miedo de perder el afecto, lo mismo que en la niñez, ese miedo a perder el afecto si me sostenía en mi identidad. Por suerte lo pude ir hablando con mi pareja y ella lo entendió, pero teníamos la gran preocupación de cómo comunicárselo a nuestras hijas y realmente nos sorprendimos porque fueron quienes menos problemas me hicieron. Es una generación que no tiene los prejuicios ni los estereotipos que tiene la mía. Yo nací en el año 64 así que a mis 2 años fue el golpe de Onganía, estaba todo el tema del catolicismo, después la dictadura militar de 1976, así que mis hijas por suerte no tienen esos prejuicios. Y en cuanto a los clientes no fue un problema porque por consejo de nuestro terapeuta nos vinimos a vivir a Buenos Aires. No porque en Neuquén pudieran hacernos algo a nosotras, pero si porque es una sociedad muy conservadora y teníamos miedo de que a nuestras nenas las pudieran molestar sus compañeros y compañeras. Así que nos vinimos a vivir a la Ciudad de Buenos Aires, tuve nuevos clientes y aunque algunos de los antiguos me siguen contratando, no hubo ningún inconveniente, salvo con una secretaria de un juzgado de familia que me había puesto un obstáculo en el acceso al sistema electrónico que usan los abogados para presentar escritos. Inmediatamente intervino el Superior Tribunal de Justicia de Neuquén y hasta me llamó el presidente del Tribunal pidiendo disculpas. Esa mujer ya se jubiló. También algún colega que una vez se refirió a mí con mi nombre anterior en un escrito pero fuera de eso no he tenido grandes problemas.
Durante tus años en el sur trabajaste con pueblos originarios, ¿cómo fue esa experiencia y qué tipo de causas llevaste adelante?
Yo había viajado al sur en busca de tranquilidad, me instalé en la cordillera chubutense y ahí me encontré con un proyecto minero que quería dinamitar montañas. Era una mina de oro así que fui parte de los comienzos de lo que fue el movimiento “No a la mina” que comenzó allí, en Esquel. También acompañé a comunidades mapuches, a la Comunidad Motoco Cárdenas de Lago Puelo, ayudándolos a redactar su estatuto y a conseguir el reconocimiento de su personería en el Inadi, dentro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Luego estuve trabajando en temas de derechos humanos y patrociné a una familia que había perdido al padre en una muerte bajo custodia en la comisaría de El Hoyo. Esa fue una situación bastante áspera, cosa que me llevó a tener que dejar Chubut y mudarme a Neuquén. Una vez ahí, asesoré a comunidades indígenas, también sobre un tema ambiental, sobre la instalación de una mina a cielo abierto en territorio comunitario, que fue había sido reconocido por el gobierno, lo que significaba una contradicción jurídica entre el derecho del titular minero y por otra parte la intangibilidad de las tierras que ancestralmente ocupan los pueblos indígenas que están en el inciso 18 del artículo 75 de la Constitución Nacional. En esa dicotomía, del interés constitucional de mantener y sostener las culturas indígenas y el interés del público de explotar las minas, se dio una tensión que fue una lucha social en la que participó el pueblo de Loncopué, las comunidades indígenas y se logró que se suspenda ese proyecto.
También acompañé a una comunidad para frenar un intento de hacer un pozo geotérmico en el volcán Copagüe, que para ellos es algo sagrado. El proyecto era financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en un principio logramos conseguir una medida cautelar aplicando la Ley de Protección de Glaciares pero luego tuvimos un revés en la Corte por un informe técnico. Buscamos otro camino, llegamos al BID y les explicamos que este proyecto afectaba los intereses de la comunidad indígena y que si bien económicamente podía ser interesante para las comunidades mapuches, era un golpe a sus creencias. Finalmente las autoridades más importantes del BID decidieron no financiar el proyecto. Eso fue más o menos mi lucha ambiental y mi lucha indigenista.
Fui parte de los comienzos de lo que fue el movimiento “No a la mina” que comenzó allí, en Esquel. También acompañé a comunidades mapuches, a la Comunidad Motoco Cárdenas de Lago Puelo, ayudándolos a redactar su estatuto y a conseguir el reconocimiento de su personería en el Inadi
¿Hoy se cumple el cupo laboral trans en Argentina?
Hay distintos niveles. A nivel país existe un decreto del año 2020 inciso 21 que aplica solamente en el Poder Ejecutivo Nacional y con la sanción de la ley debería aplicarse en los tres poderes del estado. Esta ley no pretende crear puestos de trabajo para incorporar personas trans sino cubrirlos a medida que se van produciendo vacantes en cualquier empleo público. Hay que tender a cubrir el 1,5% de la planta. Esto es algo a nivel nacional y en estos días de septiembre se vence el plazo para que se reglamente.
En la Ciudad de Buenos Aires existe la ley 4386 del año 2012 que en el artículo 5 C establece el cupo laboral trans y que no ha sido reglamentado. Estoy en un juicio contra el Consejo de la Magistratura para que se aplique allí pero afortunadamente en estas semanas los gremios judiciales celebraron un convenio colectivo de trabajo donde entra la cláusula de cupo laboral trans para el Poder Judicial de la Ciudad.
Y en el caso de la provincia de Buenos Aires la ley se había promulgado en septiembre del año 2015, a los pocos meses cambia el gobierno y no se reglamentó hasta noviembre de 2019, es decir unos pocos días antes de que cambie de gobierno nuevamente. Se estableció un plazo de 90 días para hacer un relevamiento para que ingresen personas trans al empleo público provincial, y justo llegó la pandemia y todo se demoró. Pero entiendo que progresivamente se está implementando. Esto sería la situación hoy. Y hay algunas otras provincias que hay establecido leyes de cupo laboral trans. Santa Fe, La Pampa, Chaco y seguramente alguna más que no recuerdo.
Solés decir que hay otros lugares además de la prostitución y el espectáculo para las personas trans, ¿cuál es tu mensaje hoy para las personas trans más jóvenes?
Lo primero es que hay que salir del clóset y asumir nuestra identidad de género. Muchas veces las chicas más jóvenes o no tan jóvenes se encierran en guetos, se quedan solo en ambientes trans para protegerse y sentirse acompañadas. Y lo que yo digo es que hay que salir de los lugares de comodidad en los que nos encerramos para autoprotergernos, perder el miedo y salir a ocupar todos los espacios: postularse a empleos sean públicos o privados, postularse a cualquier actividad, no dejar de estudiar, aprender cualquier idioma, hacer teatro o ballet, ser candidato a vocal en la sociedad de fomento de tu barrio. Hay que ocupar espacios. Hay que dejar esos lugares en los que nos han encorsetado, las zonas rojas en las que nos hay encerrado y luchar por ser iguales a los demás, y que no llame la atención si una persona es trans o cisgénero.
¿Creés que vas a llegar a ver personas trans en cargos jerárquicos dentro de la justicia? Porque todavía es un lugar machista, ¿no?
Sí, claro que lo es. Y sabemos que hay un techo de cristal donde tenemos muchas funcionarias y magistradas mujeres en las primeras instancias y se va volviendo cada más difícil verlas en instancias más altas o en la Corte a donde llegaron una o dos en toda la historia. Sí tenemos a una chica trans en la Ciudad de Buenos trabajando en el juzgado de la jueza Elena Liberatori hace bastantes años como administrativa pero en cuanto a cargos de jerarquía lo que hace falta primero es tener abogadas trans, somos muy poquitas. Sobran los dedos de las manos para contar las abogadas trans, entonces necesitamos que las personas estudien, que se anoten en las universidades. Y creo que el cupo laboral trans tiene que ver con eso, con la posibilidad de estudiar y de tener un empleo. Hace unos días me llamó una chica que estaba haciendo el CBC de Derecho, es trabajadora sexual y me llamó muy apenada diciéndome que iba a dejar el estudio porque le habían subido el precio de la pensión y necesitaba trabajar más horas para poder pagarla.
Muchas veces las chicas más jóvenes o no tan jóvenes se encierran en guetos, se quedan solo en ambientes trans para protegerse y sentirse acompañadas. Y lo que yo digo es que hay que salir de los lugares de comodidad en los que nos encerramos para autoprotergernos, perder el miedo y salir a ocupar todos los espacios
Decís que hace falta una justicia de legos, de personas que no sean abogadas. ¿Me podrías ampliar este concepto?
Sí, yo sostengo que hay un montón de temáticas que no requieren de una gran especialización. No es lo mismo en el Derecho Aduanero, el Contencioso Administrativo o el Tributario pero sí hay cuestiones que podrían resolverse en forma más sencilla o dinámica y siempre citó a la provincia de Neuquén que tiene juzgados de paz que no tienen como requisito ser abogados y que tienen la autoridad de dictar las primeras medidas cautelares en temas de violencia de género. Y pueden ser aprovechados por los juzgados de familia, de hecho nunca escuché que sus medidas fueran revocadas por los jueces letrados. Tienen un rol importante en cuanto a la dinámica, la inmediatez, el conocimiento de la denunciante o del denunciado, lo que permite tener una justicia en estos temas bastante más eficaz que el pesado mecanismo de juzgados letrados que están sobrecargados. Creo que no debe descartarse la idea de juzgados de proximidad, no necesariamente letrados. Pensá que las provincias que tienen juicios por jurados, para ser parte y decidir si una persona es culpable o inocente, uno de los requisitos es no ser abogado. Quizás de ese modo podríamos tener una justicia no tan costosa, no con esos sueldos tan altos y con más cantidad de juzgados porque hay un sector de la población a quienes no les llega la justicia. Si vas a alquilar una casilla en la Villa 21 24 no te van a hacer un contrato de alquiler ni te van a pedir garantes ni nada parecido y para el desalojo tampoco. Entonces también esos sectores también necesitan que exista un tercero imparcial que resuelva los conflictos y que sea dinámico, sencillo, económico. Esta ausencia para brindar el servicio de justicia en los sectores marginales se puede ver en Crónica TV a la noche y ves como siempre van al segundo o al tercer cordón del Conurbano y en donde hay una casa ocupada, donde un vecino se pelea con otro y ves como ellos escuchan al denunciante, después al denunciado, hasta se produce prueba y desde el piso se dicta una suerte de sentencia. Todo tiene mucho de espectáculo pero está mostrando una demanda de la sociedad que no está siendo satisfecha.
Los problemas de consorcio atiborran los tribunales y algunas mediaciones son una mera burocracia, no hay un esfuerzo real por resolver el conflicto y podría cambiar con jueces legos vecinales que trabajen en forma dinámica. Y después sí, la vía de apelación que siga su curso en la justicia pero ya tener una primera sentencia donde se resuelva si una vecina hace mucho ruido o no, si tira mucho humo o no, cuestiones que no deberían estar en una justicia a la que se le exige tanta capacitación.
Creo que no debe descartarse la idea de juzgados de proximidad, no necesariamente letrados. Pensá que las provincias que tienen juicios por jurados, para ser parte y decidir si una persona es culpable o inocente, uno de los requisitos es no ser abogado.
¿Y crees que esta justicia podría ayudar a bajar los índices de la violencia de género en general y de los femicidios en particular?
Tenemos en la Ciudad de Buenos Aires una oficina de violencia de género que es una maravilla, trabaja los 365 días del año las 24 horas con profesionales capacitados, multidisciplinario, que se dedican a cada denunciante, que está humanizado y realmente hacen pronósticos muy acertados con los niveles de riesgo en cada caso, lo que ayuda mucho a la justicia a evaluar qué medias tomar, pero es una sola oficina y está en Lavalle 1250 pero si una mujer de Lugano tiene que venir hasta el centro y si la oficina está colapsada puede tener que esperar hasta 12 horas y hay que ver si pueden sostener esa espera con sus bebés, con los pañales, con quien le cuida a los otros chicos, con avisarle a su patrona que no puede trabajar… Todo esto se podría simplificar si tuviéramos varias oficinas de violencia de género distribuidas en todo el territorio de la ciudad, de manera descomprimir y que haya un mejor acceso para las víctimas de violencia.
¿Y qué pensás sobre los femicidios y las penas en torno a este delito?
Recibimos en 2012 con mucha expectativa el agravamiento de la pena que se estableció la reforma del artículo 80 en cuanto incluyó como agravante del homicidio cuando se realiza en contexto de violencia de género, más conocido como femicidio. Se estableció una pena única de cadena perpetua, pensamos que tal vez esta amenaza iba a disuadir a los femicidas pero lamentablemente a casi 9 años de esta reforma vemos que los números de femicidios se mantienen igual lo que nos demuestra el fracaso de la punitividad como herramienta para disminuir los femicidios. Tengamos en cuenta que casi un 25% de los femicidas han intentados suicidarse o se suicidaron, es decir que a una persona a la que no le importa su propia vida mucho menos le va a importar la amenaza de perpetua, así que el problema no es solamente jurídico acá hay un problema cultural para abordar desde lo multidisciplinario. No alcanza solo con una pena, porque aunque cumpliera la pena y teniendo en cuenta la finalidad resocializadora que sabemos que no se cumple, menos se cumple en este caso ya que en la jerarquía carcelaria el femicida no está en un mal lugar. Basta recordar al múltiple femicida Barreda que era muy respetado en la cárcel, donde hay una cultura muy machista. Esto nos muestra que el ámbito cultural donde se lo envía a resocializar está más cerca de potenciar esa cultura machista. Quizás debería haber una estrategia distinta, mayores centros para varones golpeadores para deconstruirse, para deconstruir mandatos masculinos que son los que llevan al femicidio. Esa obligación de ser campeón, de ser el primero, de tener la mujer más linda, de no ser cornudo. Ese pensamiento de que el varón tiene todas las libertades sexuales y la mujer ninguna: todo debe ser deconstruido, y de ahí para arriba porque los femicidios son la punta de un iceberg. Hay un montón de mujeres de lastimadas y lesionadas que no están en ninguna estadística. Y después en la educación formal con la ESI, y también en la educación no formal como son los medios tienen que cumplir un rol importante en la modificación de los estereotipos que construyen alrededor del macho y que contribuyen a la violencia de género.
Creo que para que bajen los femicidios debe haber un trabajo cultural muy importante, con centros deconstrucción para varones y justicia de proximidad para que la mujer no tenga obstáculos al hacer sus denuncias y tengan un buen diagnóstico sobre sus riesgos y se adopten las medidas en el momento. De todas maneras se ha mejorado bastante, no es como antes que la mujer iba a denunciar a la comisaría y el policía decía “Algo habrás hecho”. Se avanzó mucho pero todavía falta. Tiene que haber mejor acceso a la justicia, si la montaña no va a Maoma, Maoma tendrá que ir a la montaña. Hay que llevar a Tribunales a la gente.
Texto: José Medrano
Foto: Lina Etchesuri