Así lo afirmó el juez de Casación Mariano Borinsky al presentar, junto al fiscal en lo Penal Económico Pablo Turano y al subsecretario letrado de la Procuración General de la Nación Daniel Schurjin Almenar, la segunda edición de su libro “El delito del contrabando”. ¿Esta renovada y ampliada publicación volverá a agotarse?
El aula 2017 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires fue el lugar elegido para la presentación de la segunda edición ampliada y actualizada del libro “El delito de contrabando”.
A 16 años de la publicación de la primera edición, la editorial Rubinzal-Cunzoni aceptó inmediatamente avanzar con una segunda edición que, en esta oportunidad, consta de dos tomos.
La publicación fue dirigida por Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Turano, fiscal en lo Penal Económico; y Daniel Schurjin Almenar, subsecretario letrado de la Procuración General de la Nación. Los tres fueron muy enfáticos al agradecer el trabajo y predisposición del equipo coautoral integrado por Lucas Bello, Fabián M. Caffaro, Pablo Cavaignac, Nancy Garçon, Deborah Lichtmann, Juan I. Pascual, Magdalena Rodríguez y Silvana Yanichevsky.
Tal es así que Borinsky recordó una anécdota futbolística. River había salido campeón y el entrenador por ese entonces, Ramón Díaz, dio una conferencia de prensa en la cual realizó algunos agradecimientos. El primero en pararse y salir fue el capitán, Enzo Francescoli, enojado porque no le había agradecido a los jugadores. “Sin un equipo no se va a ningún lado, en cualquier ámbito de la vida”, destacó.
La primera en hacer uso de la palabra durante la presentación fue la jueza de Tribunal Oral en lo Penal Económico Karina Perilli, quien resaltó el aggiornamiento de la obra debido a la “evolución de los delitos de contrabando”. La magistrada habló sobre el enfoque del libro que permite ser una “obra de consulta” para los interesados en la temática del contrabando.
Perilli señaló que el libro está escrito “en un lenguaje claro, sencillo, como pide la Corte, para que la sociedad entienda y eso lo hace un libro amigable también para los profesionales que no están tan ligados al fuero penal económico”.
Además, destacó la inclusión de la perspectiva de género para tratar aspectos de los casos de contrabando y el abordaje del Código Procesal Penal Federal y sus nuevos institutos. Por último, hizo un reclamo: incluir más casos de jurisprudencia del Fuero Penal Económico. Lo que motivó a los autores a plantear, entre risas, incorporarlos en una posible tercera edición.
Luego fue el turno de Borinsky, quien señaló que la idea del libro no es inventar la pólvora sino interpretar el derecho. Para graficar lo que significa el control aduanero utilizó la imagen de un partido de tenis. Cada uno de los jugadores representa la importación y la exportación, la pelota es la mercadería que se desplaza, cada lado de la cancha es un lugar diferente y el juez es el control aduanero en sí.
Según el juez “una de las principales dificultades vinculadas al contrabando es conectar la academia con la praxis judicial y es ahí donde este trabajo busca hacer un aporte. Es necesaria una aplicación segura del derecho, viendo las particularidades de los casos”.
A lo que añadió: “La delincuencia económica, en ocasiones, está emparentada con el crimen organizado, que es la actividad sistemática ilegal para obtener poder o beneficios económicos. De por sí, el crimen organizado es tan antiguo como el gobierno y las leyes, y tan internacional como el comercio. Muchos vinculan aquel término en un sentido menos preocupante para los gobiernos y los intereses comerciales: con las organizaciones mafiosas. Así, se convierte en una amenaza para la sociedad y no en parte de ella. Las grandes maniobras de evasión tributaria, contrabando y fraude a la administración pública (entre otros delitos económicos) impiden al Estado financiarse y elaborar políticas sociales que tiendan a paliar las necesidades de los menos privilegiados, eliminando así el principio de solidaridad, base de la organización social”.
Asimismo, recordó: “En la década de los ´80 se estimó que únicamente en impuestos a las ganancias, al valor agregado y a las contribuciones previsionales la falta de pago de los contribuyentes y aportantes llegó a la suma de 52 mil millones de dólares, equivalentes casi al monto total de la deuda externa que heredó en 1983 el gobierno democrático posterior a la última dictadura militar nacional. Todo ello en medio de una crisis socio-económica sin precedentes, donde empezaba a ser imposible la prestación normal de los servicios públicos y el pago regular y actualizado a los índices inflacionarios de sueldos, jubilaciones y pensiones, con una transferencia de ingresos en la sociedad cada vez más notoria en beneficio de pequeños grupos de poder económico-financiero, conectados al capital internacional y condicionantes del ejercicio del poder político”.
Y agregó: “En este contexto, la doble contabilidad, las maniobras en perjuicio de la hacienda pública y el trabajo ‘en negro’ fueron comportamientos habituales ante la ineficacia de los organismos fiscalizadores y de represión, quienes carecían del respaldo de una decisión política firme de combatir la evasión y desarrollaban su labor en medio de carencias materiales significativas, con una opinión social media que veía como una ‘viveza criolla’ a la realización de maniobras deliberadamente ardidosas y la posterior omisión de pago de los tributos correspondiente por parte del delincuente evasor. Inclusive, muchos grandes evasores completaron sus maniobras llevándose las ganancias a los denominados ‘paraísos fiscales’. La descripta precedentemente es una foto de hace 40 años. Cualquier similitud con la actualidad, no es pura coincidencia”.
Borinsky concluyó: “En definitiva, en la era de la globalización, los Estados se procuran los instrumentos necesarios para combatir la delincuencia económica organizada ya sea mediante la sanción a los funcionarios y otras personas físicas con penas efectivas de prisión; pero también mediante el sistema de sanciones a las corporaciones que cometieron delitos, con penas pecuniarias; como así también mediante la implementación de las vías independientes para devolver de forma definitiva los cosas, bienes o valores equivalentes fuere del dinero que le apropiaron al propio Estado, para que pueda volver a la sociedad mediante el cumplimiento de alguna de las funciones básicas estatales: educación, salud, seguridad y justicia”.
A su término habló Turano, quien decidió centrar su exposición en cómo el contrabando en todas sus formas afecta la soberanía nacional y excede la defraudación fiscal. “A veces se miente sobre por cuánto se importa y se exporta, pero también sobre qué se importa o se exporta”, sostuvo y luego detalló los cuatro principales grupos de casos de contrabando que sustentan su postura. Ellos son el contrabando que afecta el control aéreo (se utiliza para ingresar droga); mediante la hidrovía (son 3.400 kilómetros difíciles de controlar); la pesca ilegal en el Mar Argentino (un millón de kilómetros cuadrados para supervisar); y la pesca ilegal y extracción de hidrocarburos alrededor de las Islas Malvinas.
“Detrás del contrabando hay no sólo una afectación económica sino también al ambiente, a la seguridad y a la salud. Por eso sólo debe incluirse en los blanqueos los incumplimientos a los impuestos aduaneros, no lo demás que trae aparejado”.
Por último, Schurjin Almenar se refirió a la actualización que se hizo respecto de la edición del 2007 debido a las modificaciones que muestran los delitos en los últimos años. Destacó el rol de Mariano Borinsky por generar oportunidades “no en busca de un rédito personal sino porque esta obra nos trasciende”.
“Trate de buscar una palabra que la defina y es superación. Hemos buscado una superación de la primera edición que fue un best seller jurídico judicial y para eso hicimos una revisión de nuestros conceptos previos y una autocrítica. Además sumamos un anexo jurisprudencial. Tratamos de perfeccionar la receta de la torta, no de cortar más porciones”, finalizó.
Entre el público que asistió a la presentación había familiares de quienes participaron de la publicación, empleados de los tribunales, integrantes de las cátedras de la UBA, el ex juez Marcos Grabivker, el juez en lo Penal Económico Gustavo Meirovich y el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, entre otros.
En diálogo con Quórum, Borinsky aseguró que el objetivo de esta segunda edición es “aggiornarse a los tiempos que vivimos. Tratar un tema que es vital para la sociedad, que es el tema del contrabando, como un delito transnacional. Sus vinculaciones con el lavado de dinero como delito de la criminalidad económica y hacerlo desde un punto de vista académico para que pueda ser explicado a los alumnos, pero también aplicable a la administración de justicia. Es decir, que sea de utilidad para abogados, para jueces, para fiscales. Ese fue el fin con el equipo de trabajo, que ya hemos hecho obras anteriores y que vamos a hacer algunas otras más”.
Asimismo, expresó: “Lo que tiene que ver con el contrabando es la lesión y la afectación de las funciones estatales básicas como la educación, la salud, la seguridad y la justicia. Por eso, explicado desde ese lugar, es un instrumento útil desde el punto de vista preventivo para el Estado”.
Por último, al ser consultado sobre las dilaciones a la hora de avanzar con la implementación del sistema acusatorio, el juez aseguró: “Es fundamental que se ponga en práctica, y esto es uno de los puntos que también trata el libro. Para eso se necesita de la actuación conjunta de todos los poderes del Estado. Básicamente la Comisión integrada en el Congreso de la Nación por ambas Cámaras, que permita justamente la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema que establece un equilibrio entre todos los actores integrantes del sistema de administración de Justicia”.
Fotografía: Oficina de Comunicaciones Facultad de Derecho (UBA)