La Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto para aliviar la situación de los deudores de los créditos UVA. Si bien tienen una muy baja morosidad, hay un sector que plantea que se les hace muy difícil pagar las cuotas y que su deuda aumentó considerablemente en pesos. ¿El Estado debe auxiliar a todos los tomadores de estos préstamos o se trata de un acuerdo entre privados que debe resolverse entre las partes?
Durante el gobierno de Mauricio Macri se creó una herramienta para reactivar la oferta de préstamos hipotecarios: los créditos UVA. Los mismos se ajustan por inflación y se otorgan en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). La cuota y el capital se ajustan por la unidad que evoluciona en forma similar a la inflación.
Es por ello que las cuotas suben considerablemente mes a mes y el monto adeudado en pesos también se incrementa notablemente. Por ejemplo, si a una persona le prestaron en diciembre de 2017 aproximadamente 88.460 UVAS (1.800.000 pesos) y pudo comprar 94.000 dólares, ahora debe casi 21.000.000 pesos, es decir 41.000 dólares. La cuota pasó de 12.500 pesos a 164.000 pesos por mes (con un aumento de aproximadamente 10.000 pesos mensual).
Frente al reclamo de un grupo que se hace llamar “Hipotecados UVA”, la Cámara de Diputados dio media media sanción por 134 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones al proyecto de ley que busca llevar un alivio a los deudores, un universo de casi 100 mil personas.
Además del Frente de Todos, votaron a favor del proyecto los diputados del Frente de Izquierda y el interbloque Provincias Unidas. También los miembros de la UCR, aunque un pequeño puñado se abstuvo.
En Juntos por el Cambio, la división fue transversal no sólo a nivel interbloque, sino en cada bloque, ya que, en el PRO, Evolución Radical y la CC-ARI hubo quienes votaron en contra y quienes lo hicieron por la abstención. Por La Libertad Avanza, Javier Milei y Victoria Villarruel; por Avanza Libertad, José Luis Espert; y por Buenos Aires Libre, Carolina Píparo, se opusieron.
De acuerdo al texto aprobado, consensuado entre distintas propuestas, se crea el “Sistema de Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios”, y se establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.
A su vez, la iniciativa estipula que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, ni podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado. Para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1 de enero de 2023.
Entre otros puntos, se determina que quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. El mecanismo para esta posibilidad deberá ser determinado por el Banco Central.
Se prevé que en caso que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo que se crea se hará cargo de hasta tres cuotas, mientras que las posteriores serán refinanciadas por acuerdo de partes.
Este Fondo, denominado “Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)”, tendrá como objetivo cubrir descalces entre salario y UVA/UVI. El texto indica que “las entidades financieras deberán integrar el FFCPH con un aporte mensual que determinará el Banco Central con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera”.
El FFCPH se integrará también con las primas que aporten los tomadores de nuevos créditos promovidos. No obstante, la participación en el FFCPH será voluntaria por parte de los tomadores de créditos.
El Fondo también se financiará del rendimiento de sus inversiones y aportes de organismos multilaterales -entre otros-, pero se aclara que no recibirá aporte corriente alguno por parte del Tesoro ni del Banco Central, ni tampoco de los deudores.
La diferencia entre la cuota calculada en base a salarios y la calculada en base a UVA/UVI será compensada a los bancos por el FFCPH. Si la cuota calculada por salarios resulta mayor a la calculada por UVA/UVI, prevalecerá la más baja.
Se establece la suspensión de desalojos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas y/o cautelares en trámite por el término de un año y se encomienda al Banco Central a promover líneas de crédito similares, entre otros puntos.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el Senado deberá analizar la iniciativa y avanzar con su sanción definitiva, la modificación del articulado o su desestimación, según los últimos registros oficiales, de los 95.270 deudores de créditos UVA la morosidad alcanza apenas el 3%.
¿Es correcto que todos los argentinos con sus aportes den respuesta a quienes no pueden hacer frente a cuotas que se han aumentado exponencialmente? ¿O es un acuerdo entre privados que debe resolverse sin la intromisión estatal?
El diputado Martín Tetaz señaló al respecto: “Para mejorar el sistema de créditos, nos parece adecuado establecer la portabilidad del crédito, lo que implicaría un mecanismo de competencia entre bancos. Esta cartera de créditos posee un scoring crediticio alto, lo que representa una excelente cartera para los bancos. De esta manera habría un mercado de competencia de tasas lo que dará liquidez al sistema y permitirá bajar las tasas”.
Y añadió: “Buscamos poner en un pie de igualdad a los ciudadanos argentinos y es por ello que, así como no estamos dispuestos a intervenir ni romper contratos ni mecanismos, consideramos que debe dársele el mismo tratamiento en el impuesto a las ganancias a deudores de créditos hipotecarios que a inquilinos”.
Por último, dijo: “Además, dejamos en claro que no apoyamos la idea del fondo compensador, no queremos usar el dinero de la gente ni sumar un costo extra al sistema ni a los tomadores del crédito. también consideramos que hay un error conceptual al interpretar algunos fallos judiciales y adjudicar la teoría de la imprevisión, ya que en ningún momento existió ruptura del contrato, toda vez que un sujeto adquiere un derecho y contrae una obligación (Activo- Pasivo) y en este caso el activo se revalorizó en mayor medida que el pasivo”.
El presidente del bloque de la CC-ARI, Juan Manuel López, contó que es tenedor de un crédito UVA y afirmó: “Hay algunas soluciones que podría haber implementado este Congreso y decidió no hacerlo por distintas razones. Yo en general las desconozco. En diciembre del 2019 el Congreso votó una Ley ómnibus con una infinidad de artículos en la que uno de ellos le encomendaba al Banco Central alguna solución utilizando la teoría de la imprevisión y, hasta ahora, el Banco Central ha demorado en dar solución. Seguimos trabados en promover soluciones. Tenemos que rechazar el dictamen de mayoría y reconocer que el problema de la inflación no lo ha solucionado nadie en cuatro años”.
El economista Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) señaló que los contratos que, por esta ley se van a alterar, son contratos mercantiles y explicó que son “voluntarios, no coactivos”. “Que el Estado use su fuerza coactiva para modificar los contratos voluntarios, es una afectación de las reglas de juego severas en cualquier sociedad y más en un país que acumula nueve default y cinco confiscaciones de depósito”, añadió.
Además planteó: “El problema de la acción de la política pública es el problema de los casos aislados que tengan una verdadera dificultad y, en ese caso, lo que debería votar el Congreso es una ley para prever esos casos y, como el grueso de las deudas son de la banca pública casi el 80% son préstamos que el Estado no interviene, pero sí el único que da estos préstamos son los bancos estatales. En ese caso bastaría una disposición del Poder Ejecutivo generando una alternativa de financiamiento”.
Por su parte, el economista José Luis Espert (Avanza Libertad) sostuvo que con esta ley “será peor el remedio que la enfermedad”, minimizó el problema de los créditos UVA al comparar que “es utilizar un tanque de guerra para matar a un mosquito”.
En esa idea, el nuevo integrante del interbloque de JxC expresó: “El Congreso se está metiendo en un contrato entre privados que afectará la seguridad jurídica”. “Vamos a agregar más intromisión del Estado solo por 1400 casos, encima fue intervenido por varios Decretos de Necesidad y Urgencia”, cuestionó.
El impulsor del debate sobre Créditos UVA, el radical Julio Cobos (Mendoza) expresó: “La morosidad no existe porque hubo cuotas congeladas. El que saca un crédito UVA, lo último que deja de pagar es el crédito de la vivienda”.
“El problema lo generó el Estado con los altos índices inflacionarios, aunque la propiedad se revaloriza, pero la gente compra para vivir no para hacer negocios”, señaló. Del mismo modo, afirmó que “para construir consensos hay que ceder”. Igualmente, definió que “si el país recupera los valores normales de inflación, esta ley va a resultar abstracta”. “Los créditos UVA representan el 2% de los préstamos y el 0,9 de los privados y es un problema insignificante para el sistema financiero”, cerró.