Así lo afirmó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez durante la masterclass Transparencia y Legitimidad: ¿Qué hacemos con el Consejo de la Magistratura?. La misma es parte de un ciclo organizado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
Mucho se habla sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, un organismo creado a partir de la reforma constitucional de 1994 y cuyo objetivo fue ir hacia un sistema menos politizado no sólo para la selección y designación de magistrados sino también para la administración y el control del Poder Judicial.
¿Ha cumplido las expectativas? Para el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez la respuesta es clara: “El sistema judicial argentino en el orden federal necesita una revisión integral y sistémica urgente que abarque desde el momento en que una persona se inscribe para un concurso con el objetivo de postularse para ser juez o jueza, pasando por todo ese proceso de designación, transcurriendo la etapa en el que el juez o jueza ejerce su función hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelve un caso”.
Y agregó: “Lo que hace falta es una revisión integral de todo el sistema, fundamentalmente porque tenemos una justicia que está anclada en un modelo analógico del siglo pasado y hoy tenemos -producto de la cuarta revolución industrial- un modelo de intersubjetividad social que es digital. Entonces tenemos un Poder Judicial que sigue resolviendo las cuestiones con una perspectiva analógica cuando estamos viviendo en un mundo digital”.
Así comenzó la masterclass de Gil Domínguez Transparencia y Legitimidad: ¿Qué hacemos con el Consejo de la Magistratura?, que forma parte de un ciclo organizado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
Para el también profesor universitario es esencial tener en claro los ejes que debe tener una reforma judicial: “Todo relevamiento debe hacerse de una perspectiva de géneros; desde un sentido federal del funcionamiento de las instituciones del Poder Judicial, es decir la representación en estos organismos de las visiones multiculturales que tenemos en nuestro país; la democratización mediante la apertura de distintas vías jurisdiccionales y no jurisdiccionales a través de las cuales la sociedad pueda participar en el funcionamiento del Poder Judicial; y la necesaria y urgente incorporación de los emergentes tecnológicos como la digitalización, Big Data, Inteligencia artificial, Blockchain, etc”.
Una de las cosas que más remarca Gil Domínguez es que al incorporar el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento durante la reforma los constituyentes pasan de un diseño institucional político y a un diseño institucional mixto para tratar de despolitizarlo parcialmente y para que exista un órgano que se encargue de realizar aquellas tareas administrativas, estructurales, formales, que hacen a la carcasa, a la envoltura del Poder Judicial, para que los jueces y las juezas puedan dedicarse a ejercer su función jurisdiccional sin tener este peso de la administración sobre sus espaldas.
Sin embargo, no fue una reforma constitucional cerrada. “No es que se introdujo el Consejo de la Magistratura y se lo hizo a través de la de una fórmula, de una regla. Cerrada, precisa y concreta por lo menos en sus elementos sustanciales. Si uno quiere ver una comparación de lo que podría haber sido, tiene que ir y ver cómo está redactada la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancionada en 1996”, aclaró.
A lo que añadió: “La incorporación del Consejo de la Magistratura se hizo con normas abiertas, textualmente indeterminada. Delegaron en un poder constituido y a través de la sanción de una ley especial, la regulación de los elementos constitutivos que la reforma dejó abiertos. Es un problema porque en la República Argentina por esta cultura de la anomia que tenemos cada vez que la Constitución pide algún tipo de mayoría especial o mayoría agravada y en los últimos años de la grieta, nos lleva es a un vacío de no cubrir cargos o de no poder llegar a la sanción de una nueva ley”.
Al ser consultado por Quórum sobre a qué atribuye esta falta de definiciones en la reforma del 94, Gil Dominguez respondió: “Tenemos la suerte de ser contemporáneos de los convencionales constituyentes y a muchos les he preguntado por esto. Siempre me respondieron ‘llegamos hasta donde pudimos. Era esto o nada’. A lo que les pregunto si no era mejor nada que esto. Porque en la organización del poder vos no podés dejar tantas ventanas abiertas. Esos consensos que llegaron hasta ahí, son un gran fracaso y es dentro de la multicausalidad de los problemas de la decadencia argentina, un elemento importante. Porque si hoy cualquiera de nosotros tiene que hacer un paper profesional para un cliente que quiere hacer inversiones en la República Argentina, va a decir que todavía estamos discutiendo cómo se tiene que integrar el Consejo de la Magistratura para hacer una justicia independiente, eficaz, moderna, tecnológica. Difícilmente el inversor se tiene que elegir entre Argentina y otro país donde no tenga esta problemática de diseño constitucional, va a elegir otro país”.
El tema de la integración del Consejo de la Magistratura se presenta como el más conflictivo pero no es el único. Al menos eso surge del estudio que realizó Gil Domínguez a pedido del presidente Alberto Fernández y que derivó en un proyecto que recibió media sanción por parte del Senado.
En la iniciativa se plantea una integración de 16 miembros, cuatro por cada estamento para que haya una representatividad equitativa. Pero también introduce cambios en el diseño institucional y en el diseño administrativo del Consejo, con cuatro ejes fundamentales: Selección de postulantes, formación y control, facultades disciplinarias y administración.
Asimismo, el abogado constitucionalista dijo: “La Corte no ha contribuido para nada con sus fallos y con su actitud al mejor funcionamiento del Consejo de la Magistratura. En el fondo es una guerra de poder. El día que entienda la Corte Suprema de Justicia que su mayor poder es dedicarse a resolver 300.000 casos por año, donde fije claramente el alcance de la Constitución y los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Y a su vez darle una oportunidad a la cantidad enorme de justiciables que sufren barbaridades a través de sentencias arbitrarias, vamos a tener una Corte Suprema de mayor calidad. El problema de Argentina no es de nombres, es de sistema. Si no cambiamos integralmente el sistema, por más que cambiemos los nombres, va a seguir funcionando mal”.
Y concluyó: “Para mí la reforma del Consejo de la Magistratura es urgente. Porque una ley que en su momento fue derogada por vetusta y poco eficaz le dará mucho poder al Presidente de la Corte pero no da respuestas. Para mí siempre es momento de hacer reformas, después voy a discutir el contenido. Si llega un momento en que el Poder Ejecutivo convoque a expertos y no esté dentro de ellos, voy a tener gestos de grandeza que conmigo no tuvieron muchos colegas. Eso te enseña la vida”.