La ciudad de Buenos Aires es autónoma desde 1996, año en el que se sancionó la Constitución porteña. Sin embargo, recién en 2018 la Legislatura logró aprobar un Código Electoral propio que, entre otras cosas, creó un Tribunal Electoral que comenzará a funcionar en los próximos comicios. ¿Será un debut a pleno o seguirá dominando la escena la Justicia electoral nacional?
Tuvieron que pasar 22 años desde la autonomía porteña para que se lograran los consensos suficientes en la Legislatura para aprobar un Código Electoral propio para la ciudad de Buenos Aires.
Previamente los comicios locales eran regulados utilizando el Código Electoral nacional y algunas pocas leyes relacionadas con lo electoral que habían sido elaboradas por los diputados de la Ciudad.
Numerosos proyectos se habían presentado en ese sentido pero nunca, por una cosa o por otra, se había avanzado lo suficiente en la búsqueda de consensos como para poder debatir en el recinto una iniciativa específica.
Fue en octubre de 2018 que se logró construir una amplia mayoría y sancionar una norma absolutamente necesaria para seguir consolidando la autonomía de la Ciudad. La iniciativa obtuvo, en general, 49 votos positivos y nueve negativos (Evolución, PTS, AyL).
Entre las materias que regula el Código Electoral de la Ciudad cabe destacar: la incorporación del principio de paridad de género en la conformación de las listas; la instauración del debate público y obligatorio entre candidatos/as (que ya se realizó por primera vez en las elecciones de 2019); y dispone como instrumento de sufragio la boleta única y la incorporación de tecnologías al proceso electoral.
Lo más importante y novedoso pasa por la creación del Instituto de Gestión Electoral, organismo que tiene la misión de entender en la administración de los procesos electorales regidos por el Código Electoral de la Ciudad, velando por el normal desarrollo de las elecciones conforme a lo previsto en la Constitución local. El mismo está a cargo de Ezio Emiliosi, quien antes se desempeñaba como Director Electoral.
Entre algunas de las competencias del mismo estarán administrar y organizar los procesos electorales tomando parte en todas las instancias vigentes, distribuir el aporte público para el financiamiento de las campañas y el espacio en los medios de publicidad previstos en el Código Electoral. También establecer los lugares de votación y habilitar las mesas receptoras de votos y entender en la auditoría, prueba y control de las tecnologías electrónicas, en miras a su incorporación al proceso electoral.
También se creó el Tribunal Electoral, el cual está compuesto por el titular del Juzgado Electoral -quien ejercerá su presidencia-, un juez de de la Cámara de Apelaciones del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas y un juez de la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario.
El mismo se integrará en los 15 días posteriores a la Convocatoria a elecciones para la renovación de autoridades locales, o en su caso, dentro de los cinco días de convocada la elección de convencionales constituyentes, el referéndum o la consulta popular.
Este Tribunal “administra justicia y dirime los conflictos que en materia electoral se susciten en el marco de la elección de autoridades locales y convencionales constituyentes de la Ciudad, así como también en consultas populares y referéndum”; “oficializa las alianzas y listas de precandidatos y candidatos a cargos públicos electivos”; “fiscaliza el desarrollo y juzga la validez de los comicios convocados para la renovación de autoridades, institutos de consulta y participación ciudadana y elección de convencionales constituyentes de la Ciudad”; entre otras cuestiones.
El mismo está conformado por el juez Roberto Requejo, nombrado el año pasado por la Legislatura porteña; y por el juez Rodolfo Ariza Clerici y la jueza Romina Tesone. En consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia concluyó la competencia originaria que ejerció desde el año 2000 y, en lo sucesivo, en materia electoral y de partidos políticos actuará por vía de apelación.
Además, para mejorar la transparencia electoral se autoriza a la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, a las Universidades Nacionales y a organizaciones sin fines de lucro nacionales a participar como organizaciones observadoras de la jornada electoral; y habilitó el empadronamiento automático para los/las extranjeros/as residentes en la Ciudad.
Otro cambio importante es que restituye la facultad de definir la fecha de elecciones al Jefe de Gobierno. Es decir, la Constitución de la Ciudad ya establecía esta potestad pero mediante una ley se había determinado que las elecciones locales no podían llevarse a cabo en forma simultánea con los comicios nacionales, con lo cual se restringía esta opción.
Esto implica que -como ocurrió en las elecciones del 2019- el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta definirá con 185 días de anticipación la fecha de los comicios y eso será clave para saber cuál será el rol del Tribunal Electoral porteño.
En ese sentido, el diputado porteño y presidente del PRO de la Ciudad Claudio Romero destacó: “Si hay elecciones unificadas, el Código Electoral porteño dice claramente que las mismas se regirán por el Código Electoral nacional. No sería así, si la convocatoria es a elecciones concurrentes. Se vota el mismo día pero con dos sistemas diferentes, por ende sería el debut pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad. Lo mismo si llegan a ser desdobladas para adelante”.
Además, en diálogo con Quórum, dijo: “Obviamente, cualquiera sea la convocatoria del Jefe de Gobierno, el Tribunal estará a cargo de todo lo relacionado a la votación de extranjeros”.
Fuentes judiciales consultadas por Quórum, destacaron que se está a la espera del decreto de convocatoria a elecciones de Larreta, cuya fecha máxima es el 14 de abril, siempre y cuando los comicios locales coincidan con los nacionales.
Igualmente el Tribunal Electoral porteño, que aún no ha estrenado sus oficinas ni ha definido su dotación de personal, comenzó a calentar motores. Firmó un convenio con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y se reunió con la Cámara Nacional Electoral.
La Cámara firmó un convenio con la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) para transparentar el financiamiento de los procesos proselitistas locales. El acuerdo fue para que las alianzas que compitan en estas elecciones usen el aplicativo web conocido como INFIPP a la hora de presentar sus informes de ingresos y gastos de campaña en el distrito, que la Cámara les cedió en forma gratuita.
El objetivo es que, de esta manera, las rendiciones de campaña tengan el mismo formato que las que deben presentar las fuerzas políticas para las elecciones nacionales ante la Justicia Electoral Federal, en el caso de la Capital, ante el Juzgado a cargo de María Servini.
Los partidos deberán presentar su informe previo de financiamiento 10 días antes de las elecciones generales y el informe final, 30 días después, ante la Auditoría. Este organismo es el encargado de realizar la auditoría de las rendiciones para luego, a su vez, elevarla al Tribunal Electoral porteño que debe aprobar los informes partidarios. Esa auditoría de la AGCBA se hará pública dentro de los 90 días de la elección y debe publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad. En el caso de elecciones nacionales, los informes son presentados ante el Juzgado Electoral del distrito, y la auditoría la realiza la CNE con su cuerpo de auditores.
Por otra parte, el Tribunal Electoral porteño comenzó a definir el Padrón de Extranjeros, que sería publicado a fines de abril, principio de mayo.
Larreta tiene unos diez días para marcar la cancha, no sólo en lo que respecta a la normativa electoral que regirá los comicios, sino también de cara a la interna. De haber elecciones unificadas, podría haber fórmulas cruzadas. Ya que según el acuerdo al que habría llegado el Jefe de Gobierno con Mauricio Macri, sólo habrá un precandidato para gobernar la Ciudad representando al PRO en las PASO de Juntos por el Cambio.
Es por ello que tanto Patricia Bullrich como María Eugenia Vidal se expresaron a favor de esta opción y en contra de las elecciones concurrentes, algo que el radicalismo ve con muy buenos ojos, dado que consideran beneficiaría a Martín Lousteau, de confirmarse su precandidatura a Jefe de Gobierno.