“Este proyecto de administración de bienes está pensando en la gente”

Así lo afirmó el juez federal Sebastián Casanello en el marco de un encuentro entre referentes de organizaciones sociales, sindicatos, funcionarios, fiscales y jueces para debatir acerca los pasos a seguir para lograr una ley que permita el uso social de los bienes recuperados al crimen.

Bien Restituido – Para el desmantelamiento patrimonial de la delincuencia organizada y el fortalecimiento de la sociedad civil, es un proyecto financiado por la Delegación de la Unión Europea en Argentina, en el marco de las convocatorias 2021 de CooperAR-UE. 

El proyecto es ejecutado por cuatro organizaciones: Libera. Asociaciones, nombres y números contra las mafias; Circolo Giuridico di Argentina; ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) y Fundación Multipolar.

Durante su segundo año, Bien Restituido reunió a las organizaciones sociales, sindicales, religiosas y judiciales que integran el proyecto en una nueva instancia para promover el diálogo en pos de acelerar la presentación de un anteproyecto de ley ante el Congreso de la Nación con el objetivo de crear un sistema racional y transparente que promueva la reutilización social y económica de los bienes cautelados y decomisados del crimen organizado, a fin de reparar el daño producido a las víctimas, a la sociedad y al propio Estado. 

El encuentro, realizado en la sede de Cáritas Nacional, contó con la presencia de representantes de diversas organizaciones, como la Comisión Nacional de Cáritas, Scholas Ocurrentes, la Fundación Catedral de la Fe, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), la Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular (RITEP), la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Asociación del Personal Legislativo (APL), la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), la Red Impuestos, Control y Justicia (ICJ), la Fundación Fundar, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) y la Asociación de Jueces Federales (AJUFE).

Los asistentes plantearon la necesidad de nuevos mecanismos y propuestas para blindar el proyecto de operatividad y transparencia. Se conversó acerca de distintas aristas relacionadas a la restitución social de bienes recuperados del delito, impulsadas por la necesidad de materializar un conjunto de nuevas leyes y protocolos, con una mirada y un pragmatismo moderno, preciso, con perspectiva económica y de género. En la búsqueda por potenciar la cooperación, se conversó también acerca de la importancia de la transparencia de la información y el trabajo en conjunto.

Con las palabras del representante de Libera y coordinador del proyecto, Lucas Manjón, se dió comienzo a la actividad, haciendo referencia a las múltiples actividades realizadas en los últimos dos años para concientizar sobre la problemática de la criminalidad organizada:  “150 jueces y fiscales federales ya participaron de nuestra capacitación de criminalidad organizada y reutilización social. Generamos consensos, no sólo con operadores judiciales sino con organizaciones de la economía popular y organizaciones académicas de distintas regiones del país. Generamos reuniones en el ámbito político y observamos que todos estamos de acuerdo en que existe un vacío muy grande en sobre cómo administrar los bienes cautelados y decomisados a la criminalidad organizada”.

En tanto, el juez federal y secretario Académico de la AJUFE a cargo de la asesoría técnica legal del proyecto, Sebastián Casanello, repasó los distintos aspectos del proyecto de ley, abriendo debate entre los asistentes y haciendo hincapié en la importancia del trabajo conjunto.

“La justicia federal se encarga de los delitos más graves. Estos delitos nos afectan a todos, de manera repartida, afectan a toda la sociedad: el narcotráfico, la trata, los delitos ambientales… nos afectan mucho. Este proyecto de administración de bienes, nacido de la sociedad civil, está pensando en la gente. El proyecto es una manera de hacer participar a la sociedad civil de la solución del conflicto penal, es una manera de empoderar a la ciudadanía. En cada caso, habrá un fiscal que investigue, un Juez que dicte sentencia, pero con este proyecto se busca también que haya una reparación, pensando en que los bienes recuperados deben volver a la ciudadanía”, aseguró.

Existen experiencias de reutilización en distintas regiones del país (Salta, PBA, CABA, Chaco, entre otras). Durante la pandemia, por ejemplo, más de 500 vehículos fueron utilizados para trasladar personas. Pero, en última instancia, la experiencia de reutilización siempre depende de la buena voluntad de jueces y fiscales. 

En un reciente estudio realizado en conjunto con la consultora Analytica, Bien Restituido observó que la normativa vigente -compuesta por leyes, acordadas y decretos-, carece de unicidad en los criterios de resolución y coordinación de procedimientos para la administración y destinación de los bienes cautelados y decomisados a las organizaciones criminales. Como consecuencia de ellos, los bienes no se logran reutilizar ni aprovechar, ya que terminan deteriorándose y perdiendo su valor. Ese proceso de guarda representa también una enorme pérdida de recursos para el Estado que debe alquilar establecimientos especiales para su depósito y disponer de personal para su custodia.. 

A su vez, la investigación indica que el Estado argentino no cuenta con un listado unificado de bienes cautelados y/o decomisados. Por lo tanto, no se conoce la cantidad física ni la valuación económica total de dichos bienes. En este sentido, el estudio propone la creación de una agencia de control que unifique los registros y que determine un modelo de evaluación. 

“La perspectiva que se tenía en el 74, cuando se creó la ley, era vender los bienes que pudieran tener cierta utilidad, pero la ley terminó quedando en desuso, el panorama cambió completamente desde entonces.”, explica Manjón. 

Y añadió: “Con este proyecto, queremos poder modificar esa ley para que el Estado y la sociedad civil se enriquezcan con el uso social de los bienes“.

Con el apoyo de diversos sectores políticos, instituciones, organizaciones y actores de la sociedad, entre ellos el Papa Francisco, el proyecto de Ley Bien Restituido busca seguir promoviendo el debate participativo, a través de distintas actividades, reuniones y talleres, para alcanzar un amplio consenso que permita avanzar en el desarrollo y posterior aprobación de una ley para combatir el crimen organizado a través del recupero de activos para reutilizarlos con orientación social, poniendo en un primer plano a la ciudadanía.