El otro candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación propuesto por el Gobierno nacional, Manuel García Mansilla, acudió a la Cámara alta en este proceso de selección establecido por la Constitución Nacional.
Al igual que su colega Ariel Lijo, quien la semana pasada brindó su defensa para integrar el máximo tribunal, ahora fue el momento del otro candidato propuesto por el Poder Ejecutivo.
Pasadas las 10 de la mañana del miércoles 28 de agosto comenzó la audiencia pública en el Salón Azul del Senado con la presentación y el currículum del Doctor Manuel García-Mansilla.
En su alocución, el candidato reconoció que el ofrecimiento para ser Ministro del Supremo Tribunal fue por parte de Santiago Caputo y aclaró: “No conozco al Presidente de la Nación, no hablé nunca en mi vida ni por teléfono con él”.
El postulado arribó a esta instancia con 23 impugnaciones y dos observaciones, proceso que forma parte de las formalidades del Senado para ratificar o rechazar las designaciones propuestas, un mecanismo que permite a ciudadanos y organizaciones presentar sus opiniones y argumentos a favor o en contra del candidato.
La sesión estuvo nuevamente encabezada por la legisladora nacional Guadalupe Tagliaferri, presidenta de la Comisión de Acuerdos, la cual está integrada por 17 miembros: Tagliaferri y Beatriz Ávila por parte del PRO; Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, Juliana Di Tullio, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma y José Mayans por Unión por la Patria; Martín Lousteau, Eduardo Vischi, Carolina Losada y Mariana Juri por la UCR; Ezequiel Atauche por La Libertad Avanza; los peronistas Carlos Espínola y Juan Carlos Romero y el legislador de Misiones Carlos Arce.
En el inicio de su exposición, el magistrado ponderó su carrera y experiencia: “Desde mi recorrido profesional puedo hacer un aporte genuino al máximo tribunal”.
García-Mansilla remarcó la importancia de que la justicia sea bien administrada: “Esto quiere decir hacerlo de forma independiente, sin prejuicios, animosidad, con rectitud e integridad, mostrando que su conducta está por encima de cualquier reproche a los ojos de un observador razonable, conforme a lo previsto en el artículo 112 de nuestra Constitución Nacional”.
De esta manera, se diferenció de la tarea de los legisladores, quienes “pueden apelar a sus convicciones morales y a la necesidad de atender reclamos sociales para modificar las leyes como crean conveniente para el futuro, en el marco del respeto irrestricto a la Constitución Nacional”.
Pasado el mediodía, y con el comienzo de las preguntas por parte de los Senadores, Martín Lousteau (UCR) le consultó al aspirante a integrar la Corte Suprema por la constitucionalidad de la dolarización de la economía argentina.
García-Mansilla esgrimió que publicó dos trabajos sobre este tema, en los que se planteó que “para saber si la dolarización es constitucional o no hay que ver un proyecto, Si para dolarizar hay que confiscar todos los depósitos es inconstitucional”.
“Si es mediante un acuerdo de integración, por ejemplo, ese proyecto podría ser constitucional. Si la dolarización es darle curso legal a una moneda extranjera, este Congreso lo autorizó alguna vez. Pero el planteo es que para poder opinar hay que ver el proyecto. Y es el congreso el que puede disponer o no la dolarización”, continuó con su explicación.
Tanto Lousteau como la senadora de Unión por la Patria Fernández Sagasti le consultaron por su postura en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, ya que en 2018 García-Mansilla fue expositor en el momento en el que se trató el tema y se había manifestado en contra de la denominada “ley del aborto”.
“No hablé de toda la ley, creo que hay que distinguir entre despenalización y legalización, existen 13 constituciones que consideran el derecho a la vida y que había que hacer un análisis con la compatibilidad de esas constituciones”, expresó.
“Marqué que veía un conflicto entre normas de distintas jerarquías, a la Corte Suprema no llegan causas de aborto, ya que en 20 años llegó una sola”, sintetizó el candidato.
Fernández Sagasti cambió el eje de las preguntas y se volcó por lo referido al DNU impulsado por Javier Milei y que fue recientemente aprobado por ambas cámaras, e hizo hincapié en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Para García-Mansilla “ninguna ley puede dejar sin efecto el artículo 41 de la Constitución, una ley del Congreso no puede dejar sin efecto lo que establece ese artículo, la Constitución pesa más que una ley y eso es clarísimo”.
Además brindó su punto de vista “académico” en relación al DNU: “El Congreso en ejercicio de las atribuciones sancionó una ley para regular la forma en la que quiere controlar. Fue el Congreso el que lo decidió, yo marco una inconsistencia técnica: es raro que en un sistema parlamentario haya más control que en uno presidencialista, donde los frenos y contrapesos son la norma”.
El candidato tuvo un cruce con los legisladores de Unión por la Patria cuando lo acusaron de “antiperonista”: “Realicé un trabajo en el 2012 en el que critiqué, entre otras cosas, la proscripción del peronismo, el uso de la simbología peronista, los fusilamientos en el basural de José León Suárez. Está muy lejos de mí tener un sesgo antiperonista”.
Además, desde dicho espacio se le consultó sobre la posibilidad de que haya una reducción en los salarios que perciben los jueces de la Corte, para que de esa manera sea el Presidente el miembro del Estado que más gane: “Si implica una reducción del salario de los jueces de la Corte, tendría un obstáculo en el artículo 110 de la Constitución Nacional, que establece que no se pueden reducir los salarios de los jueces”.
García-Mansilla también se refirió a la visión que tiene la sociedad sobre la justicia y remarcó que se obra “muchas veces con buena intención, pero a veces termina prometiendo más de lo que puede dar y se termina deslegitimando”.
La senadora Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, le consultó al candidato por su opinión en relación a los crímenes de lesa humanidad: “Es una jurisprudencia internacional que comenzó con el juicio de Nuremberg, la cual considero válida. Nuestra Corte tiene un largo recorrido jurisprudencial en esta materia y coincido con los fallos de la Corte Suprema”.
Además respondió de forma negativa al ser consultado por la posibilidad de que dichos delitos aberrantes puedan ser aplicables a casos particulares que no cometieron delitos en nombre del Estado.
Uno de los temas que más controversia ha generado es que no se eligieron a candidatas mujeres para los dos cargos vacantes, mención que realizó la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio: “en una Corte de cinco, estos dos puestos deberían ser propuestos para mujeres”.
En cuanto al tópico educativo, el candidato reforzó la idea de la educación pública: “Nuestro país se hizo fuerte con la educación pública, nuestra Constitución exige la educación pública y gratuita en distintos niveles y yo creo que nuestro país funcionó mejor cuando la educación pública funcionaba mejor”.
“La educación cívica de los ciudadanos me parece indispensable, todo lo que sea fortalecer la educación para que los ciudadanos de este país tengan el bagaje intelectual para poder participar de la vida democrática de la manera posible, me parece indispensable”, amplió.
Para concluir, la senadora Guadalupe Tagliaferri ponderó el trabajo tanto de los legisladores como de los candidatos en ambas audiencias: “Hemos hecho honor a algo tan relevante como la pluralidad, la diversidad, el respeto por el otro, por las ideas, tratando de encontrar las opiniones personales para tomar una decisión tan relevante como elegir o no los candidatos a la Corte Suprema”.