El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal Ricardo Gil Lavedra aseguró que lo dicho por Alberto Fernández sobre el accionar del Poder Judicial “constituye una falta total de respeto y educación”.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) lamentó que las expresiones del. Presidente de la Nación relacionadas con el Poder Judicial -en el marco de su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso- “no hubieran guardado, ni las formas, ni las solemnidades que la relevancia del acto exigía”.
Para el presidente del CPACF, Ricardo Gil Lavedra, “constituye una falta total de respeto y educación, increpar a las autoridades de la Corte Suprema allí presentes con manifestaciones propias de un mitin partidario, y no de una ceremonia de alto contenido institucional”.
A lo que añadió: “Próximos a cumplir cuarenta años de continuidad democrática, es necesario que cada uno de los Poderes del Estado respete escrupulosamente el ámbito de actuación de cada uno de ellos. Resulta impropio del Poder Ejecutivo -y vedado constitucionalmente-, pretender influir en causas judiciales en trámite emitiendo opinión sobre su contenido y diciendo cómo deben ser falladas”.
Gil Lavedra sostuvo: “Quienes transitamos el ejercicio diario de la Abogacía y nos hemos comprometido con el Estado de Derecho necesitamos que las autoridades respeten los principios fundamentales de la República, protegiendo sustancialmente la independencia judicial y no que, por el contrario, la socaven permanentemente”.
Y agregó: “Hoy hay un tercio de vacantes sin cubrir en los tribunales federales y nacionales como consecuencia de 51 ternas paralizadas en el Poder Ejecutivo, y 24 designaciones sin tratar por el Senado, además de la designación del titular de la Procuración General de la Nación y de la vacante existente en la propia Corte Suprema de Justicia, todo lo cual compromete la eficaz prestación del servicio de justicia”.
Por último, expresó: “Es por ello que exhortamos a los Poderes del Estado a ajustarse al ejercicio de los deberes y facultades constitucionalmente conferidos brindando respuestas que garanticen la independencia e imparcialidad del Poder Judicial”.