El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) opinó sobre el fallo de la Corte Suprema en torno a la quita de coparticipación a la Ciudad y pidió respetar los fallos de la Justicia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por unanimidad, dictó una medida cautelar por la cual ordenó que se entregue a la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (CABA pide 3,50% en el reclamo de fondos que continuará sustanciándose en la Justicia) y que dichas transferencias se realicen en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina. En consecuencia, el tribunal dispuso la suspensión de la ley 27.606 que había reducido la participación de esa jurisdicción.
Sin embargo, el presidente de la Nación Alberto Fernández decidió presentar un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución cautelar, medida que recibió el acuerdo de 14 gobernadores.
En medio de este conflicto, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) emitió un comunicado en el que opinó: “Recientemente hicimos referencia a una encuesta de la que participaron más de 250 empresarios de IDEA y donde se destacó la ‘estabilidad institucional’ como la principal palanca para incentivar la inversión, superando ampliamente otros factores como la inflación, la cuestión laboral o el marco impositivo”.
A lo que agregó: “El respeto absoluto a los fallos de la justicia es un pilar de la democracia y, por lo tanto, de la estabilidad en las reglas de juego que es imprescindible para que aumente la inversión privada y con ello el empleo. El anuncio del Poder Ejecutivo que implica el no acatamiento del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es de una inusitada gravedad institucional y un peligroso precedente para que otros actores decidan cumplir solo con aquellas decisiones de la justicia que les son favorables”.
Finalmente, señaló: “En democracia hay que cumplir este y todos los fallos de la Corte Suprema, que ahora se ha vuelto a ver obligada a intervenir en cuestiones de coparticipación federal ya que el Congreso nunca ha sancionado una nueva ley de coparticipación conforme lo manda la Reforma Constitucional de 1994”.