La grieta educativa.

Totalmente justificada en la primera etapa de la pandemia, el “momento zombie” en el que no se sabía cuánto tiempo duraría el virus ni cuáles serían sus efectos, la decisión del Gobierno Nacional y la mayoría de los gobernadores de cerrar las escuelas se fue estirando como un chicle, en un proceso análogo al de la cuarentena.

Hoy sabemos que, dadas las enormes disparidades entre la realidad epidemiológica de las provincias (Catamarca, por ejemplo, no registró un solo caso durante casi cuatro meses), hubiera sido preferible una política más descentralizada y flexible, que habilitara a los gobernadores a decidir el comienzo de las clases de acuerdo a las condiciones sanitarias, pero también geográficas y de infraestructura, de sus provincias: un hilado más fino distrito por distrito, municipio por municipio e incluso escuela por escuela (hay escuelas rurales o situadas en comunidades pequeñas que forman “burbujas naturales” en las que hasta el día de hoy no se ha registrado un solo contagio de Covid).

SIN EMBARGO, EL AÑO LECTIVO TRANSCURRIÓ BÁSICAMENTE SIN EDUCACIÓN PRESENCIAL, QUE EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS SE RECUPERÓ RECIÉN EN NOVIEMBRE Y DE MANERA PARCIAL Y FRAGMENTADA, INCLUSO CUANDO LAS INVESTIGACIONES YA HABÍAN PROBADO QUE LOS CHICOS PEQUEÑOS CONTAGIAN MENOS QUE LOS ADULTOS.

Al mismo tiempo iban reabriendo bares, restaurantes, negocios de venta de muebles, viveros, gimnasios, tiendas de ropa con probador, librerías, pistas de patinaje, tiendas de venta de electrodomésticos, shoppings, locales de tatuajes, casas de tarot, sex shops, iglesias de diversos credos, casinos y bingos. La conclusión es clara: el cierre de las escuelas durante tanto tiempo, una decisión adoptada por el Gobierno Nacional en pleno uso de sus facultades soberanas y acompañada por muchos gobernadores, fue una señal social equivocada acerca de lo que es importante y lo que no, así como una subestimación del impacto de la pandemia en niños y adolescentes. Recién ahora, con las declaraciones de Alberto Fernández y Nicolás Trotta prometiendo la vuelta a clases en marzo, se comenzó a reparar.

La primera explicación de esta inversión de las prioridades es por supuesto el carácter inédito de la pandemia. La súbita irrupción del coronavirus puso a los gobiernos –a todos los gobiernos– frente a una situación nueva, sin antecedentes de los que aprender, con escasa experiencia internacional comparada y sin hoja de ruta. Con 13 millones de estudiantes y 1 millón de docentes, el sistema educativo argentino es, junto al uruguayo, el más inclusivo de América Latina: minimizar el riesgo epidemiológico que hubiera generado una reapertura general de escuelas, colegios y universidades es tan necio como aferrarse al cierre como estrategia única. No era fácil decidir, y no es fácil tampoco ahora:

¿CÓMO EVITAR CONTAGIOS EN ESCUELAS QUE NO DISPONEN DE LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA, QUE NO SE PUEDEN VENTILAR O CARECEN DE PATIOS?¿CÓMO CREAR BURBUJAS EN ESTABLECIMIENTOS QUE NO DISPONEN DE LA CANTIDAD SUFICIENTE DE AULAS O DE DOCENTES? ¿CÓMO COMPATIBILIZAR EL INGRESO ESCALONADO EN DIFERENTES HORAS CON LAS OBLIGACIONES LABORALES DE LOS PADRES, SOBRE TODO DE AQUELLOS QUE TIENEN MÁS DE UN HIJO EN EDAD ESCOLAR Y TENDRÍAN POR LO TANTO QUE PASARSE EL DÍA ENTERO EN LA PUERTA DE LA ESCUELA? ¿CÓMO EVITAR UNA SATURACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO, UNO DE LOS FOCOS DE CONTAGIOS? Y MÁS EN GENERAL, ¿CÓMO LOGRAR QUE LOS NIÑOS, Y SOBRE TODO LOS ADOLESCENTES, CUMPLAN LOS MISMOS PROTOCOLOS QUE LOS ADULTOS TRANSGREDEN TODO EL TIEMPO, EN LA CALLE, LA TELEVISIÓN Y LA POLÍTICA?

Todos estos argumentos son razonables, pero la explicación no radica sólo en el impacto descolocante del virus ni en las dificultades técnicas. De hecho, casi todos los países europeos se apuraron a reabrir las escuelas apenas pasó el primer pico de contagios y las mantuvieron funcionando durante la segunda ola, en medio de nuevas cuarentenas, toques de queda y cierres de negocios (el discurso de Emmanuel Macron justificando la vuelta a clases para evitar una profundización de las desigualdades es una breve clase magistral de la perspectiva liberal de igualdad de oportunidades).

En rigor, la cuestión educativa no parecía figurar entre las prioridades iniciales de Alberto Fernández, que asumió el poder en el lejano diciembre de 2019 lógicamente capturado por las urgencias de la crisis económica y el drama social heredados del macrismo. Y sin embargo, hasta el día de hoy el peronismo no ha logrado exhibir un proyecto educativo nítido, como si el impulso reformista se hubiera agotado con la transformación filmusista de hace una década, la última agenda de cambio realmente profundo en materia educativa: si se mira bien, todas las leyes importantes –ley nacional de educación, ley de financiamiento educativo, ley de educación técnica, ley de educación sexual integral, ley de 180 días– datan de aquellos años.

Más en general, la demora en reabrir las escuelas es parte del enfoque adultocéntrico que adquirió la gestión de la pandemia, sobre el que venimos advirtiendo desde abril del año pasado: aunque el gobierno hizo un esfuerzo por acercar contenidos pedagógicos a través por ejemplo del programa “Seguimos educando”, se hizo sentir la falta de una reflexión más profunda, reflejada en políticas públicas, sobre el impacto de las escuelas cerradas en el aprendizaje y la situación emocional de niños y jóvenes.

Por último, seguramente incidió la alianza con los sindicatos docentes, un tema delicado para un gobierno popular. El problema en este punto es que la prioridad de los gremios, como la de todo poder corporativo, es la defensa de los intereses de sus afiliados, no el bienestar general de la sociedad. Para eso está el Estado democrático, conducido por líderes elegidos en comicios libres. Es, en efecto, el Estado el que debe imponer sus prioridades a los sindicatos: negociar, persuadir y, si es necesario, confrontar. Y en este sentido hay que decir que la resistencia de algunos dirigentes sindicales a la reapertura de las escuelas hasta tanto no haya avanzado el proceso de vacunación resulta difícil de justificar: durante el largo 2020, sin vacuna a la vista, médicos, policías y cajeros de supermercados, entre muchos otros trabajadores, siguieron desempeñando sus tareas a costa de un enorme sacrificio y al riesgo de exponerse al virus.

Estamos atravesando una crisis educativa que agudiza viejos problemas y crea otros nuevos. Aunque afecta a todos los niveles, se verifica sobre todo en dos: en la educación pre-inicial, que privó a los más chicos de la preparación previa al comienzo del aprendizaje de la lectoescritura, y en el nivel secundario, donde el problema de la deserción se ha agravado hasta alcanzar cotas dramáticas: se estima que 700.000 adolescentes dejaron el colegio como resultado del Covid, y aún es un misterio cuántos de ellos podrán retomar el contacto con el sistema educativo este año, lo que impone la necesidad de profundizar el plan Acompañar para que vuelvan a clases y evitar que esta interrupción transitoria se convierta en una desconexión total, algo bastante probable dado el antiguo problema de terminalidad del nivel secundario y la presión de la crisis económica, que fuerza a muchos jóvenes a salir anticipadamente al mercado laboral para ayudar a sus familias.

La pandemia, además, acentuó la brecha educativa, superpuso nuevas desigualdades a las ya existentes. Algunas son territoriales, entre las localidades y provincias que comenzaron las clases presenciales en agosto y aquellas que nunca las retomaron o, dentro de una misma localidad, entre las escuelas con buena infraestructura, que pudieron recibir a sus estudiantes con distancia social, y aquellas que no. Es decir que a la diferencia previa de calidad entre distritos y sectores sociales (55% de los chicos de la Ciudad de Buenos Aires cursan jornada completa contra menos del 10% de los de Santiago del Estero), se suma ahora una nueva brecha de inclusión, entre los que pudieron asistir a clases en 2020 y los que no. Y finalmente las nuevas distancias impuestas por la virtualización, entre los estudiantes que contaron con una PC con banda ancha en casa y los que tuvieron que competir con hermanos y padres por un único celular con tarjeta, o entre los chicos que tuvieron la suerte de poder apoyarse en familiares con el tiempo y el capital cultural necesarios para acompañarlos en los eternos zoom de la educación pandémica, y aquellos que no. Podríamos seguir enumerando fracturas pero creo que la idea está clara: el cierre de escuelas profundizó desigualdades previas y creó otras nuevas.

LA ESCUELA ES MUCHO MÁS QUE UN ESPACIO PARA ADQUIRIR CONOCIMIENTOS. ES, EN PARTICULAR DESDE LA CRISIS DEL 2001, UNA DE LAS POCAS HERRAMIENTAS DE LAS QUE DISPONE EL ESTADO PARA GARANTIZAR LA ALIMENTACIÓN DE LOS SECTORES MÁS DESFAVORECIDOS.

Y si esta función social puede suplirse parcialmente con transferencias de dinero y asistencia alimentaria casa por casa, hay otros aspectos en los que la escuela desempeña un rol irremplazable: la escuela es el centro de la sociabilidad infantil y juvenil, con el recreo como metáfora universal de la diversión, el sitio en el que los chicos conviven todos los días con compañeros pertenecientes a entornos sociales, culturales y religiosos diferentes (el cancionero kirchnerista diría: el lugar de encuentro con el otro). Más en general, la escuela garantiza el acceso a diversos derechos, a veces vulnerados en el hogar (4): la escuela es, por caso, un espacio de denuncia de abusos familiares; un lugar en el que los chicos se sienten seguros.

Es, también, un significante en disputa. Si la justicia social sobrevive en el imaginario colectivo asociada al peronismo, que la inventó en los 40 y la reinventó en los 2000, y si la democracia republicana ha quedado vinculada al radicalismo, que la inauguró en 1916 y la refundó en 1983, la educación pública es parte de una discusión no saldada: su origen se remonta a la Ley 1420 de educación común, gratuita y obligatoria sancionada durante la Presidencia de Roca, aunque hubo que esperar casi un siglo, cruzado por gobiernos de todos los colores, para que se convirtiera en realidad; del mismo modo, la Reforma Universitaria nació durante el primer gobierno de Yrigoyen pero la gratuidad fue decretada por Perón. Los dos grandes avances educativos desde la recuperación de la democracia –el Congreso Pedagógico del alfonsinismo y las “leyes Filmus” del kirchnerismo– se produjeron bajo gobiernos de diferentes partidos.

En otras palabras, tanto la tradición liberal como la populista tienen derecho a reivindicar ante la sociedad sus contribuciones históricas a la educación pública (así como esconden sus defecciones: recordemos, por caso, que Perón reinstaló la educación religiosa en las escuelas y que Menem produjo una reforma regresiva). De hecho, uno de los hallazgos de la nueva derecha, primero con Mauricio Macri y hoy con Horacio Rodríguez Larreta, es haber incorporado a su discurso la defensa –en los papeles– de la educación pública, como parte de un planteo más amplio basado en la meritocracia y la igualdad de oportunidades, con la calidad educativa como línea de acción anti-sindicatos. Dada la astucia de Rodríguez Larreta en anunciar una vuelta definitiva a las aulas con toda la pirotecnia del caso, sería un error asumir que la educación pública es percibida por la sociedad como un tema exclusivo del peronismo, como el aguinaldo, las vacaciones pagas o Gatica. El Gobierno Nacional tiene por delante el desafío de construir una agenda propia, que trascienda el debate porteño y repiense la educación pública en los nuevos “escenarios móviles” abiertos por la pandemia, haciendo suyos los imperativos de la calidad y la tecnología, en lugar de cederlos alegremente a una derecha que a menudo los usa como excusa.

Por José Natanson.

Fuente: LeMonde Diplomatique Conosur.

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