La recesión inducida por el Covid-19 puso a más personas en riesgo en cuanto al delito de trata de personas y explotación infantil.

“Tanto en el sistema universal, como en el sistema interamericano de derechos humanos, la explotación sexual y la trata de personas han sido definidas como graves violaciones a los derechos humanos, implicando una serie de obligaciones para los estados miembros, que implicó tanto la adopción de normas de derecho interno como la implementación de medidas y políticas públicas para efectivizar los mismos”, así como sostuvo la Dra. Ana Albarracín Keticoglu, en el Informe CAPSI 2020 sobre Trata de Mujeres. 

Las niñas son explotadas principalmente con fines sexuales, mientras que los niños lo son para trabajos forzados. América Latina es una de las regiones con mayor cantidad de niñas y mujeres víctimas de la trata, que a veces también incluye mendicidad, matrimonios forzados, actividades delictivas y hasta extracción de órganos.  

El número de niños y niñas entre las víctimas de trata se ha triplicado en los últimos 15 años, y el porcentaje de niños se ha multiplicado por cinco, asegura un nuevo informe publicado este martes por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Según el Informe Global sobre la Trata de Personas, las niñas son tratadas principalmente con fines de explotación sexual, mientras que los niños son utilizados para trabajos forzados.

El Informe muestra que los traficantes se aprovechan de los más vulnerables, como los migrantes y las personas sin trabajo, y es probable que la recesión inducida por el COVID-19 haya puesto a más personas en riesgo.

“Millones de mujeres, niños y hombres en todo el mundo están sin trabajo, sin escolarizar y sin apoyo social en la continua crisis del COVID-19, lo que los deja en mayor riesgo de trata de personas. Necesitamos acciones específicas para evitar que los traficantes criminales se aprovechen de la pandemia para explotar a los vulnerables”, expresó en un comunicado la directora ejecutiva de UNODC, Ghada Waly.

Agregó que el informe, junto con la asistencia técnica que brinda la UNODC a través de sus programas mundiales y su red de campo, tiene como objetivo recabar las respuestas de los gobiernos contra la trata, poner fin a la impunidad y apoyar a las víctimas como parte de los esfuerzos integrados para avanzar de la pandemia.

Junto a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, sin dudas es el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños” el instrumento internacional que la complementa y junto a las Notas Interpretativas (Travaux Preparatoires) al Protocolo, estos tres documentos conforman el paquete completo de obligaciones internacionales expresamente dirigidas a la trata de personas, adoptadas en el seno de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000.

Además, la trata y la explotación sexual y laboral constituye también una forma especial de violencia de género. Tanto la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en el ámbito internacional como la Convención Belem do Pará en el interamericano, entienden a la trata de personas como formas de discriminación y de violencia contra la mujer. Estos dos últimos tratados internacionales, han sido además incorporados a nuestra Constitución Nacional, gozando de jerarquía constitucional y superior a las normas de derecho interno.

Ahora bien, pese a todo lo mencionado la realidad es que siguen ocurriendo casos de gran magnitud, y sobre todo a nivel local. Lo que nos demuestra que las políticas internas de prevención no estarían funcionando, y el mayor enemigo es la corrupción. 

A modo de ejemplo estuvimos hablando con Katrina (guardamos el apellido porque la investigacion sigue transitando en Comodoro Py), quien nos contó su historia. Hoy tiene 20 años, nació en Rosario, y vino a Buenos Aires a estudiar cuando tenía 18 años. Comenzó a trabajar en un bar ubicado en Palermo como moza, pero cada vez le pedían un poco más, hasta que un día fue sometida sexualmente en la parte de atrás del bar (donde tras cruzar una puerta se encontraban habitaciones), y a partir de ahí, empezo a sufrir amenazas hacia ella y hacia su familia, sobre todo con su hermano menor. Realmente temía por su vida y la de su hermanito, con lo cual decidió acceder a prostituirse para el lugar, el cual le daba una comisión por cada “cliente” que atendía. 

En este lugar, se encontraban 8 mujeres más en las mismas condiciones, de las cuales dos eran menores de edad. Pero, según Katrina, son las que más le gustaban a los políticos. 

Este horror que nos cuenta en su testimonio, el cual sabemos por experiencia propia que involucraba mínimamente como complice a la policia zonal, y por relatos de ella, a varios empresarios y políticos del país, se terminó con un allanamiento en el lugar por la denuncia de un “cliente” que se apiadó de ellas. 

Es inevitable traer la causa que tuvo como protagonista a Alika Kinan, la activista que logró condenar al Estado Argentino. Delgada, rubia, de pelo largo, pasada de hambre, así llegó Alika Kinan a Ushuaia. Era 1995. Tenía 18 años, casi 19. Estaba desesperada por enviarle algo de plata a su hermana menor, que había quedado en Córdoba, en la casa de una amiga. En el aeropuerto, la esperaban Pedro Montoya y Claudia Quiroga para llevarla al Sheik, el prostíbulo donde sería explotada sexualmente durante 16 años.

El delito de trata de personas y PANDEMIA: 

La pandemia por COVID-19 está poniendo al mundo bajo una enorme presión, las medidas para aplanar la curva de infección incluyen cuarentena forzosa, toques de queda y confinamiento, restricciones para viajar y limitaciones a actividades económicas y vida pública sin precedentes. Si bien a primera vista estas medidas de control, junto con el aumento de la presencia policial en las fronteras y calles, parecen disuadir la delincuencia, también pueden contribuir a que ésta sea más clandestina. En el delito de trata de personas, los delincuentes están ajustando sus modelos de negocios a la “nueva normalidad” creada a partir de la pandemia, especialmente mediante el uso indebido de nuevas tecnologías. 

Al mismo tiempo, el COVID-19 tiene un impacto en la capacidad de autoridades estatales y organizaciones (ONG) en la provisión de servicios esenciales a las víctimas. Más importante aún, es que la pandemia ha agravado y puesto en primer plano las desigualdades económicas y sociales sistémicas que se encuentran entre las causas subyacentes de la trata de personas.

Además, las ONG que vigilan las detenciones de las personas privadas de la libertad y personas migrantes deben ajustar sus actividades debido a las medidas relacionadas con la pandemia, lo que ocasiona que las víctimas detenidas puedan no ser identificadas. La restricción o monitoreo de los movimientos es una característica común de la trata de personas. El distanciamiento social y el confinamiento podrían reforzar el aislamiento de las víctimas y reducir drásticamente cualquier oportunidad de ser identificadas y extraídas de su contexto de explotación. Durante la pandemia, existen obstáculos adicionales para acceder a la asistencia y el apoyo por las reglas de confinamiento en casa y el cierre de las ONG y oficinas de gobierno. El aislamiento y el distanciamiento pueden agravar los problemas de salud mental y dificultar el acceso a las redes de apoyo informales. 

Según la UNODC, oficina de las naciones unidas contra el delito, Sección contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes HTMSS, se informo que en la era del COVID-19, muchas actividades delictivas se están realizando en línea, aprovechando que las personas pasan más tiempo conectadas desde casa, o se están volviendo más clandestinas. La detección e investigación del crimen es más demandante, y las víctimas se vuelven menos visibles para las autoridades. Los servicios que se dan a través de internet, tales como las líneas de atención telefónica y de emergencia, suelen ser la única opción posible para las víctimas en las circunstancias actuales. Sin embargo, esta modalidad no es factible en muchas partes del mundo que carecen de infraestructura. 

Los gobiernos están reasignando recursos para combatir la pandemia y la policía desempeña nuevas tareas para hacer cumplir el confinamiento y el distanciamiento social, lo que afecta su capacidad normal de operación. Bajo estas condiciones, existe un peligro inminente de que la investigación de trata de personas pase a tener menor prioridad y se reduzcan las inspecciones preventivas de sitios y casos sospechosos. Lo anterior puede influir en los arrestos, las investigaciones, los enjuiciamientos y las condenas, lo que da lugar a un clima de impunidad, en el que los tratantes pueden operar con un riesgo aún menor de detección y condena. 

¿Cuál es el perfil de las víctimas?

Según el Informe de la UNODC, las mujeres y las niñas siguen siendo los principales objetivos de la trata de personas. De cada 10 víctimas detectadas a nivel mundial en 2018, aproximadamente cinco eran mujeres adultas y dos eran niñas. Alrededor del 20% de las víctimas eran hombres adultos y el 15%, niños pequeños.

En los últimos 15 años ha aumentado el número de víctimas, y su perfil ha cambiado. La proporción de mujeres adultas se redujo de más del 70% a menos del 50% en 2018, mientras que la proporción de niños ha aumentado, de alrededor del 10% a más del 30%. En el mismo período, la proporción de hombres adultos casi se ha duplicado, de alrededor del 10% al 20% en 2018.

En general, el 5% de las víctimas fueron objeto de trata con fines de explotación sexual, el 38% fueron explotadas para trabajos forzados, el 6% sometidas a actividades delictivas forzadas, mientras que el 1% fue obligado a mendigar y en menor número a matrimonios forzados, extracción de órganos y otros fines.

La proporción de víctimas detectadas que han sido objeto de trata para el trabajo forzoso ha aumentado constantemente durante más de una década. Las víctimas son explotadas en una amplia gama de sectores económicos, particularmente en aquellos en los que el trabajo se realiza en circunstancias aisladas, como la agricultura, la construcción, la pesca, la minería y el trabajo doméstico.

Según el Informe sobre Trata de Personas 2019, realizado por la OFICINA PARA EL MONITOREO Y LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, de la US Departament of state, se informó que durante los últimos cinco años, los tratantes de personas explotan a víctimas nacionales y extranjeras. En menor medida, existen hombres, mujeres y niños argentinos que son víctimas de la trata con fines de explotación sexual y laboral en otros países. Los tratantes explotan a víctimas de otros países de América Latina en Argentina, en particular personas provenientes de República Dominicana, Paraguay, Perú, Bolivia, Uruguay, Venezuela y Brasil. Ciudadanos transgénero de origen argentino son víctimas de la trata con fines de explotación sexual dentro del país y en Europa occidental. Hombres, mujeres y niños de Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y otros países son sometidos a trabajos forzosos en diversos sectores que abarcan talleres clandestinos, agricultura, venta ambulante, producción de carbón vegetal y ladrillos, tareas domésticas y pequeños emprendimientos. Los responsables de la trata explotan sexualmente a menores que integran clubes deportivos nacionales. También los ciudadanos chinos que trabajan en supermercados son víctimas de servidumbre por deudas. Los tratantes obligan a sus víctimas a transportar drogas a través de las fronteras nacionales. La complicidad oficial, principalmente a nivel provincial y municipal, continúa siendo un obstáculo para los esfuerzos gubernamentales destinados a combatir la trata de personas. El descubrimiento en 2018 de una red activa de prostitución en las ligas menores del fútbol argentino, que victimizaba a deportistas jóvenes, generó preocupación sobre la trata con fines de explotación sexual de menores en el deporte y en los clubes deportivos nacionales. 

El rol de las redes sociales en esta actividad delictiva es imprescindible. 

La mayoría de las personas procesadas y condenadas por este delito siguen siendo hombres, con alrededor del 64 y el 62% respectivamente. Los delincuentes pueden ser miembros de grupos de delincuencia organizada, que trafican con la gran mayoría de las víctimas, a individuos que operan por su cuenta, o pequeños grupos de manera oportunista.

Los traficantes ven a sus víctimas como mercancías sin tener en cuenta la dignidad y los derechos humanos: venden a otros seres humanos por un precio que puede oscilar entre decenas de dólares estadounidenses y decenas de miles, y las grandes organizaciones criminales obtienen los ingresos más altos.

La investigación señala además que los traficantes han integrado la tecnología en su modelo de negocio en cada etapa del proceso, desde el reclutamiento hasta la explotación de víctimas.

Los traficantes se acercan a muchos niños en las redes sociales y son un blanco fácil en su búsqueda de aceptación, atención o amistad. La Organización ha identificado dos tipos de estrategias: la “caza” que involucra a un traficante que persigue activamente a una víctima, típicamente en las redes sociales; y la “pesca”, cuando los perpetradores publican anuncios de trabajo y esperan que las víctimas potenciales respondan. Además, internet permite a los traficantes transmitir en vivo la explotación de sus víctimas, lo que permite el abuso simultáneo de una víctima por parte de muchos consumidores en todo el mundo.

LA PROTECCION A NIVEL NACIONAL

El gobierno aumentó los esfuerzos de protección. El Programa de Rescate y Acompañamiento fue la oficina gubernamental encargada de coordinar los servicios de asistencia inmediata para las víctimas. En 2018, informó haber asistido a 1.501 víctimas (972 con fines de explotación laboral, 522 con fines de explotación sexual y 7 casos de explotación no especificados), en comparación con 1.107 víctimas en 2017 y 666 en 2016. El Ministerio de Producción y Trabajo informó haber identificado a 215 víctimas, todas personas adultas y la mayoría en comercios rurales, que mostraban indicios de trata laboral. El Ministerio de Seguridad informó que los operativos de las fuerzas del orden realizados durante el año dieron lugar a la identificación de 786 víctimas (173 víctimas de trata con fines de explotación sexual, 542 de trata laboral y el resto sin especificar). La mayoría de ellas (492) eran extranjeras. El Ministerio de Salud y Desarrollo Social (SENNAF – Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia) está a cargo de la identificación y asistencia a las víctimas extranjeras. La SENNAF identificó y prestó asistencia a 47 víctimas extranjeras, en comparación con 80 en 2017. En 2018, la SENNAF prestó asistencia y financió la repatriación de 33 víctimas. En ausencia de una base de datos unificada sobre víctimas de la trata, el gobierno no informó si las cifras del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Producción y Trabajo y de la SENNAF estaban incluidas en el total de víctimas identificadas por el Programa de Rescate y Acompañamiento. El nuevo plan de acción nacional procuró crear una base de datos unificada para hacer un seguimiento de las víctimas. La Ley 27.372, promulgada en julio de 2017, proporcionó un marco jurídico y más defensores públicos para proteger los derechos y las garantías de las víctimas de delitos en general, incluidas las víctimas de la trata de personas. Si bien los funcionarios federales contaron con procedimientos formales para la identificación y asistencia de víctimas, en la práctica, los procedimientos de identificación de víctimas entre poblaciones vulnerables variaron según la provincia en cuestión. Algunos funcionarios que brindan asistencia inicial a las víctimas tenían un conocimiento limitado sobre la trata. La SENNAF junto a cada gobierno provincial, estuvo a cargo de la asistencia a mediano y largo plazo para víctimas extranjeras y argentinas; sin embargo, los expertos indicaron la necesidad de disponer de servicios de asistencia para las víctimas más integrales y completos. Los gobiernos regionales de 10 provincias dirigieron centros de lucha contra la trata, que prestaron asistencia psicológica, social, médica y jurídica a las víctimas de ese delito. El gobierno contaba con 10 refugios distribuidos en diversas provincias a los que podían acceder las víctimas de la trata; sin embargo, solo dos de esos refugios eran especializados. La SENNAF informó haber administrado un refugio específico para víctimas extranjeras de cualquier sexo o edad. No hubo ningún otro refugio especializado para víctimas del sexo masculino; por lo tanto, el gobierno con frecuencia alojó temporariamente a las víctimas del sexo masculino en otros refugios administrados por el gobierno o en hoteles. Organizaciones no gubernamentales informaron sobre la necesidad de refugios especializados, alojamiento a largo plazo, capacitación en oficios y empleo, cuidado infantil, asesoramiento jurídico y asistencia financiera a las víctimas después de haber brindado declaración testimonial ante la Justicia. Las ONG también destacaron la necesidad de que el gobierno mejore la ejecución de un programa de protección de testigos que garantice seguridad adecuada para las víctimas durante los procesos judiciales. Las víctimas extranjeras tuvieron el mismo acceso a servicios de asistencia que sus contrapartes argentinas; sin embargo, ocasionalmente, las víctimas extranjeras desconocían los servicios disponibles. El gobierno no informó sobre asignaciones de fondos para la asistencia a las víctimas. 

Como podemos ver, si bien el tema se está tratando en el país, y se busca la prevención y erradicación del mismo, como siempre en Argentina, hay algo que hacemos mal: el poder y la corrupción local no permite que esto se termine. 

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