La relación entre el oficialismo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación pasa por uno de sus peores momentos. Además los pases de factura entre el Gobierno nacional y la justicia involucran a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, quien recibió un pedido de licencia de uno de sus ministros.
Finalmente el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Marcelo D’Alessandro se tomó licencia tras la filtración de chats de Telegram que lo ponen en una situación complicada no sólo frente al oficialismo nacional sino también frente a sectores de Juntos por el Cambio.
El pedido de licencia del funcionario porteño habría dejado conformes a todos y será el jefe de Gabinete Felipe Miguel quien conducirá de “manera transitoria” dicho ministerio.
En los primeros días de diciembre se conocieron conversaciones de un chat grupal de Telegram al que pertenecía D’Alessandro. En aquella oportunidad se trataba de conversaciones vinculadas a un viaje que el ministro porteño hizo a Lago Escondido y que derivó en una denuncia por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas.
Luego se filtraron más chats del celular de D’Alessandro, aunque en esta oportunidad no se trató de un grupo, sino de conversaciones con distintas personas, entre ellas con Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti; con Silvia Majdalani, ex número dos de la AFI, y con Marcelo Violante, titular de Dakota, empresa de acarreo contratada por la ciudad de Buenos Aires.
“No estoy renunciando, me estoy tomando una licencia temporaria, a los efectos de poder ordenar un poco la situación”, explicó D’Alessandro. Dijo ser víctima de “una operación infame de grupos de tareas que realizan inteligencia sobre las personas”, al tiempo que reiteró que los chats “no son reales”, sino que se trata de “un montaje”. Según su versión, el kirchnerismo estaría detrás de esta operación.
D’Alessandro dijo además que necesita “ordenar cuestiones familiares” y alejarse de la función pública para “preparar la defensa de cómo desarticular estas operaciones infames a las que pretenden someternos”.
En cuanto a apoyos públicos, D’Alessandro le agradeció a Elisa Carrió, quien escribió en redes sociales un mensaje de respaldo al ministro, acompañado por críticas a Larreta por “no sostenerlo”.
El Jefe de Gobierno emitió un comunicado para pronunciarse sobre la cuestión donde aseguró que todo se trató de “una nueva operación” del kirchnerismo “que recurre a la manipulación de la información y al espionaje ilegal para atacar, perseguir y desprestigiar”.
En el escrito, Larreta utilizó los mismos argumentos que D’Alessandro, al hablar de que “hubo un hackeo, un robo de una línea telefónica, y con lo que se obtuvo se produjo un montaje con información manipulada, violando completamente el derecho a la intimidad”.
“Yo confío en Marcelo D’Alessandro y valoro y apoyo el trabajo que viene haciendo al frente del Ministerio. Y valoro también su decisión de tomar una licencia mientras pone a disposición toda la información para desenmascarar esta operación del kirchnerismo”, agregó.
Las conversaciones que provocaron más críticas desde el Frente de Todos fueron aquellas que mantuvo D’Alessandro con Silvio Robles, vocero y director general de la vocalía de Horacio Rosatti. Justamente estos diálogos se dieron en medio de varios conflictos que mantienen el oficialismo y la oposición, como son la disputa por las bancas en el Consejo de la Magistratura y la pelea por la Coparticipación. De hecho, tras conocerse el cercano vínculo entre el hombre de Larreta y la mano derecha del presidente de la Corte, Alberto Fernández impulsó junto a un grupo de gobernadores el juicio político de todos los miembros del máximo tribunal.
Finalmente, fueron once los gobernadores que responden al oficialismo que decidieron apoyar el pedido de juicio político.
“Por medio de la presente se solicita el inicio del proceso institucional de juicio político contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosatti por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”, dice el documento que dejó trascender el Ejecutivo.
El texto amplía al resto de los miembros del máximo tribunal. “Asimismo, y respecto de algunos hechos con distintos grados de responsabilidad, que se describen en los apartados siguientes, se solicita se inicie el proceso de juicio político respecto de los integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti”, agrega el texto.
Además de la firma del Presidente, aparecen al final los nombres de los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raul Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
En la lista oficial que difundieron desde la Casa Rosada también figuraba Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, quien momentos más tarde aclaró a través de su vocera que no había firmado la solicitud y que no respaldaba la iniciativa.
Al pie del documento no figuran los nombres de los jefes provinciales del PJ de San Juan, Sergio Uñac; de Santa Fe, Omar Perotti; de San Luis, Alberto Rodríguez Saa; y de Santa, Gustavo Sáenz, quienes se encuentran en desacuerdo con la decisión de embestir contra la Corte Suprema. Tampoco apoyaron los gobernadores disidentes de Río Negro, Arabela Carreras; de Neuquén, Omar Gutiérrez, quienes suelen actuar, según la ocasión y el tema, como eventuales aliados.