Así lo afirmó el diputado porteño de Republicanos Unidos Yamil Santoro durante una charla que mantuvo con Quórum. El legislador liberal destacó la labor de la Fundación Apolo, de la cual es fundador y actual director, que desde hace siete años ha presentado numerosas denuncias por corrupción contra funcionarios públicos.
Yamil Santoro es diputado porteño, asumió por la renuncia de Roberto García Moritán. Su llegada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue producto de muchos años de búsqueda.
Se formó con Patricia Bullrich en su partido y fue funcionario de Horacio Rodríguez Larreta. Es cofundador y dirigente de Republicanos Unidos, un partido político liberal que promueve valores republicanos, de transparencia y de defensa de las libertades individuales. A lo largo de su carrera, ha ocupado roles en la función pública y ha sido candidato en varias elecciones, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional.
En una entrevista con Quórum profundizó sobre el ejercicio de su profesión de abogado, desde la cual se enfrentó con Cristina Kirchner por los DNU y denunció penalmente a Ginés González García por las vacunas, entre otras tantas presentaciones realizadas ante la justicia.
Fundaste la Fundación Apolo…
Sí, hoy en día es conocida como la fundación anticorrupción más prolífica de Argentina. Actualmente, ejerzo como director general. Mi actividad principal se centra en el Departamento de Activismo Judicial. Aunque me ocupo de diversos temas, mi verdadera vocación y motivación radican en la lucha anticorrupción y el litigio estratégico. Es importante aclarar que, además de presentar denuncias penales, hemos inaugurado recientemente una especie de fiscalía privada. Contamos con un departamento de investigaciones muy interesante. Nos dimos cuenta de que, muchas veces, los casos en la justicia se estancan y no avanzan. Para evitar estos retrasos, hemos decidido avanzar desde el ámbito privado en todo lo que sea posible.
¿Como para ir despertando las causas?
Sí, para ir con carpetas más robustas, para ir haciendo ampliaciones en las causas con información adicional. Por ejemplo, en la Fundación Apolo hemos denunciado a funcionarios de ANAC por temas de seguridad aérea, debido a un esquema de corrupción vinculado a los organismos de control aeronáutico. Argentina enfrenta hoy una situación de riesgo aéreo genuino y nuestras denuncias han contribuido a que el Gobierno nacional desplazara e interviniera en organismos públicos y plazas de funcionarios, todas acciones que habíamos señalado previamente. Hemos presentado denuncias significativas, como la que hicimos contra el titular de la Aduana en el Gobierno anterior. Estas acciones son fruto de nuestras investigaciones, muchas veces en colaboración con periodistas de investigación, lo que robustece nuestro trabajo en paralelo. También realizamos investigaciones propias que surgen de informantes internos, conocidos como whistleblowers, quienes nos proporcionan información valiosa. Estoy muy orgulloso de nuestro trabajo, especialmente en el ámbito de la incidencia y el litigio estratégico. Por ejemplo, logramos un amparo contra la IGJ por el tema de la paridad de género en los directorios de empresas y asociaciones. En los fundamentos de la resolución que revocó esta medida, se citan los argumentos presentados por la Fundación Apolo. También hemos abordado la reforma de los registros automotores, presentando numerosas acciones administrativas.
¿Qué es lo que distingue a la Fundación de otras?
Lo que hace especial a Apolo es su impacto. Hemos construido una institución que ahora enfrenta el desafío de obtener financiamiento para seguir expandiendo nuestro nivel de influencia. La mayoría del equipo legal, si no todos, trabajamos ad honorem o en nuestro tiempo libre. Sin embargo, el volumen de trabajo puede ser abrumador. Muchas veces, trabajamos desde la mañana y, si surge una denuncia penal, estamos presentándola en la madrugada, a las tres de la mañana.
El tema es que ese modelo no es escalable…
Exacto. Hemos llegado a una generación de valor social tal que tenemos ahora el desafío de lograr que todas esas personas que valoran nuestro trabajo, en lo poco o mucho que puedan, colaboren para que sea más sustentable. O sea, que la gente que se rompe el lomo desde hace casi diez años tenga algún reconocimiento por fuera del que tenemos en la prensa o a nivel cívico. En esta próxima etapa de apoyo, mi objetivo es fortalecer nuestra incidencia y dar a conocer nuestro trabajo, mostrar lo que hacemos y explicar las razones detrás de nuestras acciones. A menudo, la presencia de una figura política en la comunidad, como en mi caso, puede generar la percepción de que nuestro trabajo tiene un tinte partidario. Sin embargo, quiero dejar claro que no es así. Por ejemplo, he denunciado a funcionarios en la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de formar parte de la coalición local. Lo mismo, a pesar de mi postura liberal y de apoyar al Gobierno Nacional, mi compromiso con la transparencia y la justicia se mantiene firme y a la vista de todos. En esa misma línea, si alguien tiene conocimiento de algún acto de corrupción, ya sea de parte de cualquier gobierno o funcionario, estamos completamente abiertos a recibir esa información y trabajar en ello.
Además, la fundación tiene varias presentaciones en la Justicia contra el ex candidato a presidente Sergio Massa.
Lo hemos denunciado por hacer uso del Estado para hacer campaña, violando, entre otras cosas, la veda electoral. Eso está denunciado en la Justicia Electoral a cargo de Servini con hechos flagrantes donde hubo anuncios en periodos prohibidos pero lamentablemente no avanzó. Después tenemos la denuncia por todo el mega esquema de corrupción, que fue una factoría a cielo abierto en Argentina, con la utilización del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Ahí hemos aportado a la Justicia una serie de testimonios de personas relacionadas con la operatoria, víctimas y al mismo tiempo personas que incurrieron en un delito.
¿Ese es el principal problema de la causa?
Sí, por la forma en que estaba diseñado el SIRA, te obligaba a incurrir en una serie de delitos para poder operar, lo que hace que las víctimas se conviertan, a su vez, en cómplices o partícipes responsables de cohecho. Esto obliga a la justicia, para poder avanzar efectivamente con la causa, a generar algún mecanismo que exonere a las personas. También es cierto que no todos los empresarios están en la misma situación. Conozco amigos que nunca quisieron pagar una coima pero no les quedaba otra. Tenían una empresa de 200 empleados y si no pagaban para liberar los contenedores, tenían que cerrar la empresa. También conozco otros casos, indirectamente, de personas que compraban maquinaria rota en el exterior al 10% del valor declarado. Con eso, tenían toda la rosca armada para girar los dólares afuera a tipo de cambio oficial, armando enjuagues multimillonarios. Es complejo, porque no todo aquel que pagó es una víctima.
¿Y cómo se podría accionar con estos casos?
Es realmente una situación muy compleja. Soy de los que creen que para avanzar con este tipo de casos a veces es preferible pecar, por decirlo de alguna manera. Si yo fuera Milei anunciaría un indulto a todos los empresarios vinculados al tema y, con eso, me aseguraría de encarcelar a la política corrupta, a la casta. También el empresariado corrupto es parte de esa casta pero una cosa es el empresario crónicamente corrupto que busca ventajas y otra es el empresario que ya forma parte del juego. Es decir, en casos como “cuadernos”, donde para funcionar tenías que participar. Y el tercer caso son los pocos que, no siendo corruptos ni habiendo pagado coimas, terminaron entre la espada y la pared”.
Se expidieron sobre el procesamiento de Ginés González García por el vacunatorio VIP…
Sí, claro. De hecho, la denuncia original que llevó al procesamiento de Ginés surgió de nuestro equipo. Nosotros llevamos a Alberto a la Corte para intentar evitar que resolviera con una compensación económica el caso del Olivos Gate. Fuimos de los primeros en denunciar lo sucedido en Olivos y en solicitar acceso a la información pública sobre las entradas y salidas, y nos encontramos con que la información que nos proporcionaron estaba adulterada. Gracias a la viralización del caso pudimos comprobar que habían manipulado nuestros registros, lo cual no habíamos detectado inicialmente. Ésta y otras irregularidades nos llevaron a presentar una nueva denuncia, en la cual nos aceptaron como querellantes por falsificación de documento público. Hemos sido sumamente prolíficos en nuestras acciones relacionadas con la pandemia, y eso es solo una muestra de algunas de las cosas que hemos hecho. No sé si recordarás a las aproximadamente 50 personas que quedaron varadas en Paso de los Libres, en el puente, sin poder pasar. Fue el hábeas corpus que presentamos lo que permitió que esa gente pudiera cruzar, más allá de que luego el gobernador de Corrientes reclamara la acción como propia. Todo esto fue impulsado también por la Fundación Apolo.
También hicieron presentaciones para la apertura de las escuelas durante la pandemia.
Sí, cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se enfrentó al Gobierno Nacional por la apertura de las escuelas, varios meses antes nosotros ya habíamos presentado un amparo en el que planteábamos que existían condiciones para reabrir las escuelas con protocolos adecuados, y que no hacerlo era una locura por muchas razones. En ese momento, el Gobierno de la Ciudad nos acusó, incluso llegando a calificarnos de asesinos, sugiriendo que nos hiciéramos responsables de las vidas que supuestamente estábamos poniendo en riesgo. Sin embargo, tiempo después, convenientemente, la Ciudad de Buenos Aires cambió su postura, alineándose con la posición que Apolo había defendido desde el principio. Además, presentamos otro amparo que resultó en un exhorto de la justicia al Gobierno de la Ciudad para permitir que los niños pudieran ir a las plazas durante la fase más extrema y delirante de la cuarentena. También presentamos un hábeas corpus contra los DNU de Alberto Fernández, que incesantemente renovaban la cuarentena. En ese proceso, la justicia terminó exhortando al Poder Legislativo, que ya estaba en funcionamiento, a legislar por ley si deseaban continuar con medidas tan restrictivas, lo cual motivó una reacción airada de Cristina Kirchner, criticando la intervención judicial. Hemos hecho muchas cosas que no son del conocimiento público, y eso refleja nuestra manera de trabajar. No lo hacemos buscando titulares o menciones en los medios, sino porque creemos firmemente en asistir a la justicia y controlar al poder político, incluyendo al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, que pueden cometer excesos, incluso sin malas intenciones. Al igual que el periodismo, creemos que nuestro rol es fundamental en este sentido. Estoy super orgulloso de nuestro trabajo.
Por otra parte, la Legislatura aprobó una ley importante en la ciudad que es la de Reiterancia y fue considerado, entre otros, un proyecto presentado por vos. ¿Quedaste conforme con la norma?
Creo que este es un caso donde existe una brecha entre el valor legal genuino de la norma y su dimensión publicitaria. En el contexto actual, considerando los delitos involucrados y aquellos efectivamente transferidos a la Ciudad de Buenos Aires, el impacto real en la ciudadanía será muy limitado. Hoy, esta norma tiene un valor que sólo se podrá evaluar plenamente cuando se avance en el proceso de traspaso de competencias.
¿Considerás que se va a avanzar en el traspaso de competencias?
Espero que se avance, y creo que es lo que corresponde. Soy de los que trabaja activamente para reforzar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas porque esto contribuye a una mayor eficiencia y evita situaciones ilógicas, como la intervención de la justicia federal o nacional en determinados registros y fueros que deberían ser competencia local. Esta situación nos coloca en una posición anómala en comparación con el resto de las provincias. En materia laboral, avanzar en este sentido es fundamental. Actualmente, estamos enfrentando fallos de la justicia nacional que, con posiciones claramente antiempresa, resultan muchas veces irracionales. Me parece necesario contar con una justicia local que busque un equilibrio razonable entre trabajador y empleador, entendiendo que no son enemigos y que el bolsillo del empleador no es infinito. Es esencial administrar estas tensiones de manera que permita que la economía siga funcionando, evitando que un fallo, aunque bien intencionado, termine destruyendo precisamente las fuentes de trabajo que intenta proteger.
¿Por qué consideras que los jueces nacionales no quieren el traspaso?
Primero, por un tema de estatus: creo que existe la percepción de que un juez nacional está por encima de un juez provincial, lo cual influye en la percepción de la propia valía y jerarquía. Además, hablando coloquialmente, las dinámicas políticas y las negociaciones son distintas. Las personas que han llegado a sus posiciones mediante ciertos equilibrios en la Ciudad de Buenos Aires se encuentran con un entorno completamente diferente; los operadores y los actores involucrados son otros. Esto puede llevar a que algunos se queden en el camino debido a estas diferencias.
Por último, otro proyecto que también trabajaste fue la modificación de la Ley de Mecenazgo. ¿En qué va a mejorar la aplicación de esta norma?
Es un gran instituto de cooperación público-privada que, en términos sencillos, permite a los actores privados presentar iniciativas culturales que desean llevar adelante y para las cuales necesitan financiamiento. Para esto, hay un comité evaluador compuesto por profesionales del ámbito cultural de diversos orígenes, pero principalmente del sector privado, que evalúan la pertinencia y calidad de los proyectos. Una vez que un proyecto recibe esta aprobación o precalificación, se vuelve elegible para recibir aportes de privados, los cuales son deducibles de impuestos. En otras palabras, los donantes obtienen crédito fiscal en función de sus contribuciones a proyectos específicos. Con el tiempo, el instituto se fue degradando debido a la visión del gobierno, particularmente en lo referente a la recaudación, que consideraba que el esfuerzo debía ser compartido entre el sector privado y el público. En la Ley original de Mecenazgo, se permitía cubrir hasta el 100% del costo del proyecto, lo que significaba que el Estado asumía totalmente la renuncia fiscal correspondiente. Sin embargo, con diversas modificaciones, ese porcentaje se fue reduciendo hasta llegar al 50%, con la posibilidad de aumentarlo si había un interés social involucrado, aunque se establecieron topes en el aporte. Esto obligó a los actores culturales a buscar financiamiento “genuino” o autónomo para sus proyectos, y muchos de ellos, ya fuera por la escala, el tipo de iniciativa o la falta de experiencia en recaudación de fondos, no lograron conseguirlo, afectando la viabilidad de numerosos proyectos. Recientemente, se ha revisado esta situación y se ha vuelto a un esquema más cercano al instituto original, permitiendo una cobertura de hasta el 80% del proyecto. Aunque el Ejecutivo no está completamente satisfecho con estos nuevos topes, la realidad es que esta medida probablemente permitirá que la cooperación público-privada genere muchas más obras en un sentido amplio, y, en consecuencia, enriquecerá la oferta cultural y artística de la Ciudad.