Así lo destacó la titular de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay, Donis Morales, en una entrevista que le realizó la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte argentina. En la misma reconoció que tienen recursos limitados y que la ciudadanía reclama mayor celeridad pero aseguró que los uruguayos tienen acceso pleno a la justicia y que la Corte es independiente.
La Suprema Corte de Justicia de Uruguay es el máximo órgano en materia jurisdiccional y administrador del servicio público de justicia en el vecino país. Está compuesto por cinco ministros, cada uno designado con los votos de dos tercios de las dos cámaras de la Asamblea General, duran diez años en el cargo o hasta cumplir 70 años, y sólo pueden ser reelectos luego de cinco años de su cese.
Designada en febrero de 2022, Doris Morales es la ministra más reciente y la actual presidenta del Tribunal. La presidencia dura un año, se ejerce de manera rotativa y no tiene ninguna potestad jurisdiccional diferente del resto de los ministros. Cumple un rol de representación legal y funciones protocolares.
Morales llegó al cargo tras una carrera judicial que se inició en 1989 en Paysandú, en la primera instancia del fuero civil; luego en Montevideo, como jueza de familia y, por último, antes de desembarcar en la Suprema Corte, fue ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Laboral. Compartimos la entrevista realizada por la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.
¿Cómo fue la relación con los otros ministros cuando llegó al tribunal?
Fue cercana, porque somos de la misma generación. Tal vez en otro momento habría sido distinta porque por aquí pasaron profesores míos de la facultad. Ahora la distancia entre los ministros se acortó, es más, uno de los ministros fue compañero mío en el Tribunal de Apelaciones de Trabajo. No hubo un giro muy grande en cuanto a adaptarme al equipo de trabajo.
¿Qué objetivos se impuso para su gestión?
En cierto sentido, tratar de cambiar o hacer diferente las cosas que desde afuera no me parecían bien. Mientras uno es juez, de pronto no está de acuerdo con ciertas decisiones de la Corte. Pero cuando estás acá te das cuenta de que, a lo mejor, el contexto es lo que lleva a esas decisiones. Es difícil que las metas sean personales. Primero tiene que lograrse consenso. Sin embargo, hay muchas cosas que “he logrado”. Soy la más nueva, la que todavía tiene la visión más cercana a lo que es ser juez. Un ejemplo puntual y muy específico fue que hace poco se planteó la posibilidad de crear un nuevo Tribunal de Apelaciones de Familia y yo, hasta hace poco, estuve trabajando prácticamente al lado y pude ver la cantidad de trabajo que tenían. Con ese punto de vista propio casi que fui yo quien tuvo que convencer a los demás de que era necesaria su creación.
¿Cómo caracterizaría a la justicia de Uruguay?
Por más que siempre están quienes de un lado u otro quieren hacer ver que no, la justicia uruguaya es independiente y tiene cierto grado de perfeccionamiento. En cuanto al funcionamiento, tendría que ser más rápida. La justicia uruguaya ha encaminado los procesos a soluciones más cortas en el plazo para dictar sentencias. Pero siempre vamos detrás de lo ideal, porque se necesitarían más jueces y no tenemos presupuesto para nombrarlos. Vemos que aparecen nuevas materias como la violencia de género o la violencia doméstica, que generan necesidades de juzgados y competencias específicas, y siempre tenemos un presupuesto más acotado que genera esas dificultades, pero eso no va en detrimento del valor de nuestra justicia. En Uruguay todos tienen acceso a la justicia.
¿Cuáles son las principales demandas de la sociedad uruguaya para la justicia?
La celeridad. Y se habla de falta de independencia, pero yo estoy segura de que no es así. Hay una visión muy diferente a la realidad acerca de cómo funciona la justicia. Somos un Poder independiente, no nos nombra el Poder Ejecutivo, no tenemos vínculo con los demás poderes salvo el que está previsto institucionalmente por ley. Puede que sea un tema de comunicación. A veces uno se da cuenta de que la gente no distingue mucho que la Fiscalía, por ejemplo, no pertenece al Poder Judicial. Cuestiones que son de conocimiento nuestro, pero pareciera que tendríamos que hacerlo saber de alguna manera más clara.
¿Tienen algún tipo de iniciativa de comunicación judicial?
En la medida que uno sea entrevistado, que dé una conferencia, esas cuestiones surgen, pero en los hechos, una política determinada en ese sentido, no. El 23 de junio del año pasado se creó la Red Uruguaya del Lenguaje Jurídico Claro y la Suprema Corte la integra junto a la Fiscalía, el Parlamento y el Poder Judicial, y se han ido sumando otras instituciones.
¿Cómo se involucra la Suprema Corte de Justicia en la formación de jueces y en qué cree que deberían enfocarse?
Existe el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay que tiene una directora nombrada por la Suprema Corte de Justicia y un directorio integrado por miembros de la Facultad de Derecho y otras instituciones, que imparte los cursos para los que inician la carrera judicial y cursos de perfeccionamiento que son obligatorios para los ascensos. Hay aspectos muy importantes donde enfocarse; uno es el trato humano. Los problemas que veo ahora no son tanto de corte administrativo, sino de vinculación, de relacionamiento entre jueces, funcionarios y abogados. Hoy, que veo la situación desde otro punto de vista, creo que a veces falta una mayor enseñanza de elementos que deberían ser conocidos y manejados por todo el mundo y, sin embargo, no lo son. Y más allá de que los aspectos técnicos son fundamentales, son dos cosas que tienen que generarse juntas. Es decir: a mí no me sirve un juez que sepa mucho de derecho si no sabe tratar a las personas, porque el rol es un cúmulo de ambas cosas.
¿Cuáles son los temas más delicados que requieren mayor atención y debate entre los ministros?
Últimamente se han dado muchos problemas de sumarios e investigaciones de jueces. Es un problema importante. Hay una dirección general que se encarga de esos aspectos administrativos, más allá de que la decisión final es de la Suprema Corte.
¿Qué impacto tienen las nuevas tecnologías en el funcionamiento de la justicia uruguaya?
Yo tengo mis reparos. No puedo decir que la tecnología no va y que no es el futuro, pero creo que hay que tener cuidado en la implementación, analizar la cuestión desde un punto de vista jurídico, fundamentalmente, porque una cosa es el medio, que la tecnología sirva para hacer miles de cosas, pero primero está el derecho y después el medio que voy a usar.
¿Qué cambios tuvo recientemente la justicia uruguaya y hacia dónde se dirige?
El cambio fundamental más cercano fue al sistema acusatorio en materia de proceso penal. El código tuvo muchísimas leyes posteriores. Ese es un problema que todavía está en discusión en cuanto a si las modificaciones fueron acertadas, pero es el proceso que está vigente. Lo que se destaca de la justicia uruguaya, volviendo al principio, es la independencia por la forma de designación de los jueces. Otra cosa es que los ministros llegan a la Corte después de haber sido jueces. A pesar de que nuestra Constitución permite que no sea así, nunca ha sucedido. Respecto a lo que veo mejor en otros países, algunos tienen un porcentaje del presupuesto asignado directamente, sin necesidad de estar haciendo todos los años un presupuesto.