El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal rechazó la media sanción por parte de la Cámara de Diputados al proyecto que modifica la ley de prevención del lavado de activos, en cuanto incluye a los abogados y abogadas como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de sus clientes ante la UIF.
Con los votos ajustados, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto que modifica la Ley de Lavado de Activos. Se trata de la iniciativa que al Poder Ejecutivo le urge tratar porque este año habrá una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal rechazó la media sanción, en cuanto incluye a los abogados y abogadas como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de sus clientes ante la UIF.
El Consejo Directivo aprobó el dictamen de la Comisión de Integridad Financiera y Compliance que sostiene que las recomendaciones del GAFI no requieren necesariamente la inclusión de los abogados como sujetos obligados, toda vez que las notas interpretativas de las mismas recomendaciones permiten excluirlos cuando las actividades que interese controlar se encuentren ya incluídas en las leyes u otros medios coercitivos.
En nuestro país todas las actividades descriptas en la recomendación del GAFI poseen numerosos controles y están ya supervisadas por diversos sujetos obligados (escribanos, registros de la propiedad inmueble, registros de comercio, etc).
“Todas las tareas que realizan los abogados y abogadas están amparadas por el secreto profesional que integra la garantía de defensa en juicio de los derechos de todos los habitantes, por lo que el proyecto sancionado resulta inconstitucional”, subrayó el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal Ricardo Gil Lavedra.
Además, aseguró que la institución no cesará en su reclamo para que la Cámara de Senadores modifique este aspecto de la iniciativa, “para no conculcar garantías de todos los ciudadanos y evitar un enorme daño al ejercicio profesional de los matriculados y matriculadas”.