La Justicia rechazó dictar una medida cautelar que autorice a la Sindicatura General de la Nación a tener acceso a documentación de la Universidad de Buenos Aires para iniciar una auditoría. Además, dilató para el momento de la sentencia definitiva una decisión vinculada a si ese organismo es competente o no para revisar las cuentas de esa casa de estudios pública.
La decisión
El juez en lo contencioso administrativo federal Santiago Carrillo desestimó la medida cautelar exigida por la SIGEN y en la misma resolución difirió para el momento de la sentencia un planteo de incompetencia presentado por la UBA
El rectorado de esa casa de estudios cuestiona que el organismo pueda “ejercer el control interno” de la UBA.
“No resultan viables las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo cuando —como en el caso— se pretende imponer un inoportuno discernimiento sobre cuestiones que, por su complejidad fáctica y jurídica, exceden el limitado ámbito de conocimiento preliminar”, explicó el magistrado en la sentencia.
La medida cautelar solicitada por la SIGEN, “con el alcance que ha sido peticionada al definir su objeto, deviene inadmisible pues conllevaría un adelanto de la cuestión de fondo que a su vez produciría efectos jurídicos y materiales irreversibles”, advirtió además.
Esto es así porque permitiría al organismo el acceso a documentación cuando aún no está determinado si tiene competencia para auditar a la UBA.
Resolver a favor de la cautelar “implicaría un anticipo de la cuestión de fondo, aspecto que debe ser juzgado en un marco de mayor amplitud de debate y prueba”, concluyó el juez.
Contexto
La UBA presentó una demanda contra la decisión del Poder Ejecutivo y de la Sindicatura General de la Nación de iniciar una auditoría a cargo de este último organismo y reclamó la inconstitucionalidad del artículo 8 del decreto 1344 que lo habilitaría.
También reclama que se proclame la incompetencia de la SIGEN para ejercer el control interno de la Universidad.
Argumentó que es “incompatible con la autonomía universitaria” y con “derechos y garantías” constitucionales.
Como contrapartida, la SIGEN había exigido el dictado de una medida cautelar para comenzar a tener acceso a documentación contable.
Cómo sigue la causa
Ahora el magistrado iniciará los pasos para tramitar la denuncia de fondo, vinculada a si la SIGEN tiene competencia para auditar a esa casa de estudios.
