Desde 1995 Carlos Rívolo es titular de una de las 12 fiscalías federales de Comodoro Py 2002. Por su escritorio han pasado algunas de las causas penales más resonantes de las últimas tres décadas, como el choque del avión de Lapa en Aeroparque, el caso Ciccone y el intento de asesinato a Cristina Kirchner. Dice que no se imagina haciendo otra cosa que no sea la profesión de fiscal pero no puede disimular el orgullo cuando cuenta que ninguno de sus hijos siguió sus pasos profesionales. Un hijo se dedica al cómic japonés y al circo, la hija del medio es piloto de aviones y la tercera, es directora de cine y artes escénicas. A ellos se agregan dos hijos del alma: uno corre y prepara autos y el otro pasa música. Con la energía puesta ahora en el éxito de la implementación del sistema acusatorio, el fiscal se hizo un tiempo para repasar los cambios que se vienen en la Justicia argentina y el impacto que tendrá también en el periodismo.
¿Qué es la justicia para vos?
Diría que, a esta altura, la justicia se ha convertido en una parte neurálgica de mi vida, ya que he pasado aquí casi tres cuartas partes de mi existencia; no podría ser de otra manera. A lo largo de mi carrera, cada vez que enfrento un caso relevante, procuro dar dos tipos de respuesta: una lo más objetiva y clara posible hacia los imputados y víctimas, y otra, en la medida de lo posible, dirigida a la sociedad en su conjunto. Esto último ocurrió, por ejemplo, con el caso del accidente del avión de LAPA, donde las circunstancias trascienden las cuestiones meramente judiciales y abren un debate sobre el sistema aeronáutico. También sucedió en causas de trata y secuestros, donde intentamos dar la mejor respuesta posible a las víctimas, sabiendo que estos casos resuenan más allá de los tribunales.
La justicia rara vez brinda respuestas percibidas como completas. Los fiscales enfrentamos estas cuestiones, pero es especialmente difícil para los jueces: al dictar sentencia, siempre habrá una parte que se sentirá insatisfecha. Esto ocurre en casos civiles, laborales, donde una de las partes inevitablemente percibe que su reclamo no fue atendido al ciento por ciento. En justicia penal, las decisiones son aún más tajantes; es el “final de todo”. Es el lugar al que se llega cuando, en lugar de resolver un conflicto, se llega al extremo, como en los homicidios, donde podríamos preguntar: ¿por qué no optaste por dar la vuelta y acudir a alguna de las tantas herramientas disponibles antes de llegar a ese punto?
En los casos de robo, el rol de los jueces y fiscales se centra en formular la acusación y determinar la pena, en un proceso que implica decisiones contundentes. Históricamente, la justicia penal buscaba penas con intención de resocializar, pero hoy en día se enfoca en resolver y apaciguar el conflicto. Así es hacia donde se dirigen los sistemas actuales.
En resumen, cuando me preguntas qué es la justicia, sólo puedo decir que es una parte fundamental de mi vida. Convivo con ella todo el día de forma consciente e inconsciente; dedico ocho o doce horas diarias a ella, y no podría imaginarme en otra profesión. Es algo inherente a mí, una vocación ineludible.
¿Siempre supiste que querías ser abogado?
No. Intenté ser médico, contador, ingeniero y terminé siendo abogado porque el test vocacional decía que yo iba a seguir una carrera humanística, que probablemente sería Derecho. Di todos esos ingresos que aprobé y terminé acá. Siempre supe que iba a ser esto pero me negaba.
¿Te apasiona ser fiscal?
Me apasiona ser fiscal, no se si a esta altura -después de 30 años- podría setear mi cabeza en el equilibrio necesario que tiene que tener un juez. Tal vez sería más fácil ser Defensor. Para ser juez después de 30 años requeriría un equilibrio completamente distinto. Además, el juez va a tener un rol fundamental en el sistema acusatorio, se le va a ver más la cara.
¿Cómo sería eso que se les va a ver más la cara?
El sistema acusatorio viene a traer el principio de imparcialidad al cien por ciento. Vas a tener ahora la representación del sistema judicial con su pañuelo en los ojos, con la espada a la derecha la fiscalía, a la izquierda la defensa y el juez poniendo cortapisas a la demanda de uno y de otro. Habrá elementos de prueba, habrá que llamar al juez y decirle tengo este caso necesito estas medidas, un allanamiento, una escucha telefónica, lo que fuera y tratar de convencerlo. El juez me va dar un lapso para trabajar, me va a decir apúrese.
¿Te puede decir que no?
Me puede decir “no me alcanza”. Va a ser un cambio maravilloso. Ahora no va a perder el poder fáctico de hacer el allanamiento pero se suma capacidad argumental de los fiscales, para que tenga sustancia dentro del caso, que puedas manejar herramientas procesales para fundamentar por qué un allanamiento, por qué una requisa. El juez tiene todo eso. Antes lo resolvía solo y se autoconvencía, ahora va a tener que escuchar a otro y es muy probable tal vez al principio que la respuesta pueda ser no me alcanza. Eso va a ser todo oralizado, con todo eso se construye el caso que luego se corre a la defensa. Este sistema acusatorio busca, en primer lugar, reducir el tiempo de la instrucción, que suele alargarse, y agilizar el proceso: vamos a juicio una sola vez y se produce toda la prueba en ese momento, eliminando discusiones duplicadas. Por ejemplo, actualmente, si la defensa plantea la nulidad de un allanamiento en primera instancia, la Cámara Federal lo revisa y confirma, pero al llegar a juicio, la defensa puede volver a impugnar la nulidad, a pesar de que incluso Casación ya haya fallado. Con el nuevo sistema, ese tiempo se ahorrará. Esto requerirá fiscales y jueces bien preparados, ya que las decisiones deberán tomarse en tiempo real, frente a las partes, sin posibilidad de resolver en privado. La defensa también deberá estar muy bien preparada para responder en el momento. Todo esto promete un sistema más eficiente y con resoluciones más sólidas y fundamentadas.
¿Cuánto estimás que vamos a reducir los tiempos?
Las cifras de Rosario, Mendoza, Salta y Jujuy que es dónde hoy el sistema procesal federal rige y desde el 2 de diciembre en Comodoro Rivadavia y Tierra del Fuego, hablan por ejemplo de 150 casos en Mendoza y ya tienen resueltos por lo menos el 70 por ciento. Es muchísimo. El sistema acusatorio entra en esta dinámica de apaciguar el conflicto. Hay muchas formas alternativas de tratar de solucionarlo, reparación, probation, juicios abreviados. Muchas herramientas para darle mayor celeridad a la investigación con agentes encubiertos, el arrepentido. Hay mayor dinámica de las herramientas y mayores soluciones. Parte de la dinámica del sistema acusatorio es que vos puedas gastar los recursos en los casos en los que realmente necesitás estar. Hay estadísticas de las que la gente se agarra y dice de todos los casos de corrupción la Cámara Federal en las causas de corrupción. El 90, 95 se terminan en un segundo porque no tienen ninguna entidad, la sustancia es cero. Pero el cinco por ciento que perdura es monumental, enorme y con ellas solas hay para trabajar y entretenerse.
¿Los casos que son muy mediáticos también se van a resolver más rápido?
Este cambio en el sistema judicial introducirá una dinámica muy interesante para el periodismo, especialmente en el manejo de información en las investigaciones. En la actualidad, hay una tendencia histórica en el periodismo judicial que implica un juego entre el “on” y el “off” en los casos, con denuncias que a menudo circulan públicamente antes de ser sorteadas en la Cámara Federal. Esto crea un problema para los fiscales, quienes deben encontrar pruebas después de que ya se ha filtrado información clave. En el sistema acusatorio, habrá un control más riguroso sobre este proceso y un llamado de atención a la parte denunciante en cuanto a la divulgación anticipada. Además, nacerá una figura esencial: el fiscal del caso, quien se hará responsable del expediente desde el inicio hasta el final, tomando decisiones sobre el hecho, el delito, y las pruebas que llevarán al juicio. Esto implica un cambio en la dinámica tradicional de enviar casos incompletos a juicio para que otro fiscal los resuelva; el fiscal del caso deberá cuidar su prestigio y la calidad de la investigación que lleva adelante. La práctica de enviar “cualquier cosa” a juicio para que se solucione en instancias superiores se verá reducida. Para el periodismo, esto significa que la información sensible tendrá un manejo distinto. Los fiscales deberán medir cuidadosamente cuándo y qué se comunica, especialmente en casos con pruebas de alto valor cualitativo. Un ejemplo de esta reserva fue el allanamiento inicial en el domicilio de Amado Boudou, donde se mantuvo un absoluto silencio respecto a los detalles de la operación. En la práctica, el 98% de los allanamientos se realizan en silencio, permitiendo así la recolección efectiva de pruebas, como drogas o la liberación de víctimas de trata.
¿Cambiará la relación con la prensa?
Va a ser una muy bonita tensión que se va a dar en los términos en los cuales cómo un fiscal maneja el proceso de información que tiene que tener la sociedad en estos temas. Esto va más allá de las oficinas de prensa de la Procuración; involucra decisiones puntuales sobre cuándo y cómo hablar como fuente o mantener el “no comment” de forma estricta, y en ocasiones será indispensable que así sea. Provengo de una familia de periodistas: mi padre trabajó en el diario La Prensa y mi abuela, Doña Ana, era la telefonista del periódico, encargada de conectar llamadas en la centralita. Recuerdo cómo el director del diario bajaba de vez en cuando a verla. Ella manejaba las conexiones con destreza y, en cierto modo, su trabajo también requería esa lealtad y discreción con quienes circulaban por la redacción. Hoy, esa misma fidelidad y silencio se vuelve esencial para un fiscal que maneja un caso emblemático: saber proteger la información y aplicarla de manera equitativa, sin favorecer a nadie. Esta protección será clave para construir una reputación sólida en el manejo mediático de los casos y cuidarlos en su integridad. Lejos de contradecir al periodismo informativo, el nuevo sistema acusatorio ofrecerá un aprendizaje tanto para los fiscales como para los periodistas. La atención se centrará mucho más en los fiscales que en los jueces, lo cual aportará una dinámica fresca, necesaria y, sin duda, enriquecedora para el universo judicial y mediático.
¿Cómo fue tu rol en la Asociación de Fiscales?
La labor de la Asociación de Fiscales (AFFUN) ha sido ardua y en constante evolución. Con un espíritu de apertura, la asociación convoca a todos los fiscales, sin importar su origen o trayectoria. El propósito es claro: construir institucionalidad dentro del Ministerio Público y defender la independencia judicial de los fiscales. “¿Querés construir institucionalidad? Estás adentro”, parece ser el lema. Durante los últimos años, han tenido que enfrentar intensos debates con la política, asumiendo el rol de “voz política de los fiscales” en la construcción de políticas judiciales. Esto incluyó la defensa activa de la autonomía otorgada al Ministerio Público en la reforma constitucional de 1994, resistiendo presiones externas para modificar el proceso de elección del Procurador. Para AFFUN, el Procurador no sólo acompaña a la Corte Suprema en el 90% de sus dictámenes, sino que dirige la política criminal de la nación. En este sentido, la asociación destaca la relevancia del Ministerio Público, tanto en el ámbito penal como en el no penal, áreas esenciales que incluyen seguridad social, amparos de salud, y defensa de bienes del Estado. En el contexto actual, el presupuesto es una limitación, especialmente frente a la implementación del sistema acusatorio, el cual exige recursos significativos, como la presencia de tres fiscales por cada juez. Este nuevo modelo requerirá de los fiscales una participación directa y visible, con un enfoque en la oralidad y la exposición pública del caso, marcando el fin del expediente en papel. En respuesta a estos cambios, AFFUN busca fortalecer a los fiscales a través de la creación de convenios y políticas públicas, ofreciendo un espacio seguro para la capacitación y el apoyo mutuo, especialmente para los fiscales del interior. Con una dinámica de defensa proactiva, han respondido a ataques y críticas de diversa índole, asegurando que el compromiso de la Asociación sea firme y constante. En este nuevo escenario judicial, AFFUN se consolida como un pilar en la defensa de la independencia y profesionalización de sus miembros.
¿Quién creés que va a ser el próximo Procurador?
La verdad no tengo ni la menor idea. Veo todos los nombres que hay dando vueltas y me gustaría en particular que proviniera de las filas del Ministerio Público, ciento por ciento. Los fiscales del país tienen la suficiente capacidad para poder hacerse cargo del Ministerio Público y hoy con Eduardo Casal hay una tranquilidad de que está bien. Lo que es llamativo es que la política no pueda ponerse de acuerdo entre 44 millones de personas para designar una en el cargo de Procurador General y ni hablar de Defensor del Pueblo. Lo he dicho públicamente a una senadora. Qué quiere que hagamos, me preguntó. Mi respuesta fue: No me pregunte a mí sobre la ausencia de destrezas que tienen ustedes para ponerse de acuerdo y designar Procurador o Procuradora.
¿Por qué creés que hubo pocas mujeres Procuradoras?
Ha habido una subprocuradora, Laura Monti. Me parece que lo que se ha dado concretamente está vinculado con la cultura de darle a los hombres estos cargos durante años. La cuestión vinculada al espacio que tiene que ocupar la mujer es extremadamente reciente. Si querés es vergonzoso pero esta discusión se empieza a dar ahora. Si tomás los números del Ministerio Público cuando mirás lo que le toca a la mujer en términos de nombramientos, está por arriba de los hombres.
¿De los cargos vacantes en la Corte qué opinás?
La realidad es que he centrado tanto mi labor en el Ministerio Público que no profundicé en ese tema. La Asociación de Fiscales, en este sentido, ha mantenido una postura neutral sin abogar por ninguna figura específica. Considero que la Corte Suprema de cinco miembros funciona de manera adecuada, y no veo necesario, después de 40 años de democracia, reabrir el debate sobre si debería contar con siete o nueve jueces. Uno de los puntos críticos que debería replantearse es la capacidad recursiva de la ANSES, ya que esta institución sigue apelando de forma sistemática todas las resoluciones, un tema que afecta a los jubilados en su derecho legítimo a una pensión justa. Es inconcebible que una persona, tras años de aportes y cumplimiento, tenga que ingresar en un proceso judicial para obtener lo que le corresponde. La situación se vuelve aún más injusta cuando, tras obtener un fallo favorable, el jubilado encuentra obstáculos para la ejecución de su derecho, y la justicia federal debe intervenir citando a funcionarios para justificar los incumplimientos. El sistema actual coloca a los jubilados en una posición injusta, empujándolos a una lucha que debería estar completamente fuera de discusión. La cuestión se ha vuelto insostenible y claramente requiere de una revisión profunda como parte de una política social justa y razonable.
A la hora de los recursos, ¿qué cuentas hay pendientes para implementar el sistema acusatorio?
Actualmente, enfrentamos una escasez de recursos edilicios y de infraestructura, así como de laboratorios de investigación propios. Afortunadamente, estamos avanzando en acuerdos con las provincias, lo cual nos permite optimizar recursos y trabajar en conjunto. Sin embargo, es necesario implementar una estrategia de planificación inteligente. En algunas áreas podríamos concentrar los recursos en un único laboratorio que dé soporte a varias jurisdicciones. En otras, especialmente en aquellas con grandes extensiones como la Patagonia, sería fundamental contar con un sistema de transporte adecuado y ubicar los laboratorios en puntos estratégicos y equidistantes. Este enfoque, sin embargo, depende de la disponibilidad presupuestaria, un tema que sigue siendo una gran preocupación porque, en la práctica, esos recursos no están asegurados.
¿Cuáles son las causas que te marcaron en tu carrera?
Las causas que me marcaron a lo largo de mi carrera son varias, pero algunas se destacan por su impacto y las lecciones que me dejaron. Empezando por el caso Al Kassar y el de IBM-DGI, ambos fueron llamativos por lo evidente de las maniobras fraudulentas. Sin embargo, el caso LAPA fue el más fuerte, tanto en el plano emocional como profesional, ya que significó un punto de inflexión. La tragedia y sus repercusiones sociales plantearon desafíos enormes en la búsqueda de justicia. También destacaría los casos de Los Sauces y Ciccone. Este último tuvo una dimensión institucional muy relevante: generó la renuncia de Esteban Riggi, el Procurador General de la Nación, quien optó por no seguir en ese rol. Riggi me apoyó en la investigación, y su partida fue una decisión que, aunque le pedimos reconsiderar, estaba firme. La institución perdió a una figura crucial. Respecto a Ciccone, trabajamos de manera exhaustiva y con celeridad. La investigación se desarrolló en silencio, especialmente tras el testimonio clave de Laura Muñoz, quien permitió comprender la maniobra y aportó cuadernos de Alejandro Vandenbroele que nos revelaron más de lo que sabíamos sobre el entramado financiero. También hay casos que me preocupan por su implicancia actual, como el atentado a Cristina Kirchner. La verdad que me parece cuándo vos preguntás si alguien termina de darse cuenta de lo que ha sucedido, guste o no la persona, lo más importante es que han intentado atacar a una figura en una situación de violencia a mano armada y me preocupa que no descienda la violencia discursiva. No nos damos cuenta hacia dónde va esto. Va in crescendo. ¿Cuánto falta para que le pase a un juez, a un fiscal, como le pasó a Diego Luciani? No es de ahora, hubo ocho, nueve, diez colegas en un juicio público en Plaza de Mayo. De a poco con términos simbólicos ya vas avanzando cada vez más. ¿Hasta dónde le vamos a cargar a la sátira la cuestión de la violencia? No puede ser tan liviano, pasó el atentado y no bajamos los decibeles.
