La defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, analiza el rol de la justicia como garante de derechos y armonía social, describe su camino en la defensa pública y expone los desafíos de independencia y equidad en el ámbito judicial. Firme en su convicción de que la justicia debe ser accesible para todos, resalta las barreras de género y la necesidad de políticas a largo plazo para lograr un cambio real en el sistema penitenciario argentino.
¿Qué es la justicia para vos?
La justicia es, como dice un viejo aforismo, dar a cada uno lo suyo. Este concepto tiene mucho sentido, especialmente hoy, en una época en la que reivindicamos constantemente los derechos. No hablamos de dádivas ni de actos de caridad. En una comunidad, todos tienen derechos y la justicia busca garantizar que esos derechos sean reconocidos. Cuando existen situaciones injustas o cuando hay un desequilibrio, la justicia intenta restablecer ese equilibrio. En el ámbito del derecho penal, la verdadera función es devolver la armonía a la comunidad. La sanción puede ser necesaria en algunos casos, pero el objetivo primordial es restablecer la armonía.
¿Cuándo supiste que querías ser abogada?
Desde bastante joven. Hice la secundaria en el magisterio y ya en esa etapa quería ser abogada.
¿Qué te motivó a seguir esta carrera?
Como muchos de los que elegimos ser abogados, había una motivación romántica: luchar para proteger a los más vulnerables y devolverles sus derechos. A pesar de que algunos cambian de rumbo, esa motivación sigue siendo la misma. Hoy, cada vez que veo una injusticia, siento la misma fuerza y las mismas ganas de repararlo que cuando era joven.
¿Cómo llegaste a la defensa pública?
Estaba cursando una materia con un fiscal y fui la mejor alumna de la comisión. Él me ofreció trabajar como meritoria. En esa época, los meritorios trabajaban sin cobrar, pero era una oportunidad importante para ingresar al sistema, ya que no tenía parientes con estudios jurídicos. Comencé en el Juzgado de Instrucción N° 4 y, poco después, este fiscal fue nombrado juez. Continué mi carrera en ese juzgado hasta llegar a ser secretaria. Después de nueve años como secretaria, me designaron defensora. En ese entonces no había concursos, las designaciones se hacían por decreto del Ministro de Justicia. Así comencé como defensora de primera instancia.
¿Cuáles fueron los mayores desafíos que tuviste que sortear en la defensa pública?
Fui la tercera persona en ser Defensora. Primero hubo un magistrado que luego fue Procurador y estuvo muy poquito tiempo, y después hubo otra persona a cargo que no tuvo un paso muy exitoso. Cuando asumí, el Ministerio estaba en una etapa fundacional. Había mucho por hacer, aunque ya se había avanzado en algunos aspectos. Uno de los grandes desafíos fue mantener un nivel de excelencia y apostar a la capacitación continua. Uno de los logros más importantes fue establecer concursos de ingreso, algo que antes no existía. Esto permitió mejorar la calidad del personal, ya que hasta ese momento predominaba el nepotismo y se nombraban a familiares o amigos, sin importar su formación. Nosotros cumplimos a rajatabla la ley de ingreso democrático y sólo ingresan los que tienen el máximo puntaje. El defensor que tiene la vacante o el área que tiene la vacante puede elegir mediante entrevistas pero tiene que haber aprobado el examen y haber obtenido el máximo puntaje.
¿Este sistema de concursos está funcionando en otros ministerios o tribunales?
En la Procuración funciona, aunque no tan estrictamente como nosotros. En el Poder Judicial no es así.
¿Qué avances crees que trajo la reforma del ‘94?
La autonomía nos dio una gran libertad. Ya no dependíamos de la Corte ni del Procurador, lo que nos permitió diseñar nuestra propia política. Esto facilitó la creación de nuevas áreas y la profundización en otras, como la defensa penal y la representación de personas en situación de vulnerabilidad, tanto en juzgados civiles como de familia. También abarcamos a los asesores -los antes llamados asesores de menores incapaces-, que son los encargados de proteger el interés superior de niños, niñas y adolescentes. La institución se expandió a muchas áreas, incluidas las personas con problemas de salud mental, curadores y tutores.
¿Cuál es el mayor problema o dificultad que enfrenta el Ministerio para acceder o brindar este servicio de justicia?
Uno de los mayores desafíos es que el Ministerio no es lo suficientemente conocido. Es vital que se difunda nuestra existencia, especialmente en el interior del país. En la Ciudad de Buenos Aires trabajamos con la justicia ordinaria, pero en el interior sólo trabajamos en el ámbito federal. Luchamos en temas como la trata de personas y los derechos de los migrantes. Además, litigamos en casos relacionados con PAMI, ANSES, jubilaciones y cobertura de salud. Muchas personas no saben que tienen derecho a estos servicios y, cuando lo saben, no siempre saben cómo hacer valer esos derechos. Por ejemplo, mucha gente no sabe que le correspondía la Asignación Universal por Hijo (AUH). Durante mucho tiempo no se tuvo en cuenta que las mujeres privadas de libertad también tienen derecho si tienen hijos a cargo a recibir la AUH y la Defensa Pública tuvo que intervenir, reclamar y eso se solucionó. También, muchas veces, están cobrando una jubilación inferior a la que merecen y no saben que tienen posibilidad de litigar y que si son personas vulnerables, que no tienen medios, tienen un servicio de asistencia gratuita que lo brinda el Estado y que somos nosotros. Mucha gente no lo sabe y nosotros tenemos una página web que es accesible, ahora estamos tratando de quebrar esta brecha. Que esto pasa, es cierto, porque además todo funciona en el centro de la Ciudad. Tenemos consultorios barriales que están funcionando en los barrios de emergencia, en las zonas más carenciadas para que acudan ahí con sus consultas. Nos tienen que ayudar todos, hay que difundir lo más posible. Nosotros tenemos que servir como un puente entre la gente y el acceso a la justicia. El acceso a la justicia es un fin en sí mismo pero también es un derecho puente que sirve para llegar a todos los otros derechos.
¿Qué clave considerás que fue fundamental para formar un equipo sólido y delegar tu rol?
Para formar un buen equipo, es esencial rodearse de buenas personas y profesionales comprometidos con el trabajo, que lo vivan con la misma intensidad que uno mismo. Que cuando ven algo que está mal, sufran, les hierva la sangre, quieran tratar de solucionarlo y sientan lo importante que es nuestra tarea y cuán necesarios somos. En eso tengo un equipo excelente que es plenamente consciente de que si no estamos nosotros mucha gente no va a obtener lo que le corresponde. Yo delego mucho pero también me aseguro de estar involucrada en todo. Esto me permitió conocer más a fondo las tareas y entender las necesidades de cada área. La selección rigurosa del personal y la formación de un equipo de personas con valores y dedicación es crucial.
¿Cuál es la importancia de la independencia económica en el Ministerio Público?
Nosotros necesitamos independencia económica para poder privilegiar nuestros objetivos y cumplirlos. Nos permite establecer políticas propias y contar con los recursos para crear equipos especializados, como los dedicados a la violencia de género o la atención a migrantes. Lo que mencionaba antes sobre establecer consultorios en las áreas más carenciadas también requiere contar con los recursos económicos necesarios para hacerlo. Porque, sin financiamiento, y en aquellos lugares donde la defensa depende –sin crítica alguna, pero es una realidad– del Procurador o del Poder Judicial, siempre se prioriza a la Procuración o al Poder Judicial. Los defensores somos, generalmente, el último eslabón: aunque se asignen cargos a la defensa, con frecuencia se reevalúan y se terminan destinando a la procuración porque ‘lo necesita más’. En un esquema autónomo, esto no pasaría, ya que los recursos que se me asignan los gestiono yo, sin que la Procuración pueda reasignarlos. A veces, al no entenderse del todo nuestra labor o la verdadera dimensión de lo que implica, es lógico que los fiscales, e incluso los jueces, reciban mejor prensa que nosotros. Muchas veces cuando no se tienen recursos se privilegian otras cosas y la Defensa no puede contar con los recursos que sí o sí necesita para poder brindar un servicio eficiente.
Respecto al techo de cristal y el piso pegajoso, ¿qué opinas sobre estas barreras que enfrentan las mujeres en el ámbito judicial?
El techo de cristal es evidente en las estadísticas: la mayoría de las mujeres están en cargos de menor jerarquía, pero a medida que se asciende, la proporción se invierte. Existe un techo, pero es un techo de cristal: un obstáculo aparentemente invisible, porque formalmente no se prohíbe que las mujeres ocupen cargos altos, pero en la práctica no los alcanzan. Para muestra, basta un botón: en la Corte no hay mujeres, el Procurador es hombre, y, actualmente, soy la única mujer en las instancias más altas, una realidad que no se refleja en los cargos inferiores. Hace poco, hace uno o dos años, me sorprendí al notar que, a pesar de todo el esfuerzo que hago, el número de mujeres defensoras no había aumentado; de hecho, había disminuido. Investigamos la causa y descubrimos que, de cada diez ternas, en ocho había al menos una mujer, por lo que podrían haberse enviado pliegos de mujeres al Ejecutivo. Esto revela que el problema no reside en la institución, sino en la selección que hace el Ejecutivo, que sigue privilegiando a los varones. A esto se le suma el fenómeno del ‘piso pegajoso’. Esto significa que las mujeres siguen enfrentando muchas barreras. Hoy en día, muchas parejas son profesionales, pero si uno debe especializarse, suele asumirse que la madre se quedará en casa ocupándose de las tareas del hogar y cuidando a los niños, mientras que se prioriza la formación del hombre. Incluso si la mujer está en mejores condiciones para capacitarse, con mayor inteligencia o aptitudes, persiste un mandato social. Este escenario se refleja en las estadísticas: los hombres suelen tener más antecedentes calificados, lo que deja a las mujeres relegadas. Este fenómeno no es exclusivo de esta área; en las cátedras de Derecho, predominan los hombres, aunque haya más alumnas mujeres. Para avanzar, es fundamental que las mujeres den un paso más y acuerden con sus parejas que las cargas y beneficios deben distribuirse equitativamente. Al considerar ascensos o mejores oportunidades, ambos deben apoyarse mutuamente. Observamos, por ejemplo, que muy pocas mujeres se inscriben en los exámenes. Por eso, reformamos el reglamento y, si en alguna convocatoria el porcentaje de mujeres es menor al 40%, abrimos una nueva convocatoria, exclusiva para mujeres, con el objetivo mínimo de asegurar que haya al menos una mujer en cada terna. Informamos regularmente al Ejecutivo sobre el número de hombres y mujeres en cada jurisdicción, para evidenciar que la diferencia persiste, aunque parece que no le dan importancia. Desde que soy Defensora General, he notado que de cada tres ternas, sólo una incluía a una mujer, y esto ha sucedido con distintos gobiernos. No sé si se debe a que los hombres tienen más contactos o capital político, pero lo habitual es que se elija el pliego de un hombre, sin buscar la paridad. Algo similar ocurre con las personas privadas de libertad. La tendencia suele ser despriorizar su atención bajo el argumento de que quienes no han cometido delitos merecen más atención. Personalmente, no estoy de acuerdo con esta postura.
¿Cuál es tu opinión sobre el sistema penitenciario argentino y las personas privadas de libertad?
Nosotros luchamos mucho por las personas privadas de su libertad. De hecho, integré la comisión que redactó las reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad en representación de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas y gracias a nuestro esfuerzo se incluyó, como personas con dificultades para acceder a la justicia, a las personas privadas de libertad. Creo que se comete un error al no ocuparse de las personas privadas de libertad y, luego, al no atender su reintegración cuando recuperan la libertad. Esto solo garantiza que vuelvan a cometer delitos. La verdadera lucha contra la reincidencia no consiste en imponer penas cada vez más largas y duras; consiste en brindar apoyo a las personas mientras están privadas de libertad y, al recuperar su libertad, ofrecerles alternativas y opciones diferentes. Creo que es precisamente en esa etapa donde debemos concentrar nuestros esfuerzos. Existen buenas prácticas internacionales, como en Países Bajos y los países nórdicos, que utilizan la prisión como último recurso y priorizan la reintegración a través de la educación y la formación profesional.
¿Crees que en algún momento Argentina tuvo un buen sistema penitenciario?
A ver, óptimo, excelente, no tuvo nunca. Todo el mundo recuerda la labor de Roberto Pettinato, el padre del reconocido locutor, quien fue una persona extraordinaria que trabajó hace muchos años con seriedad y una visión innovadora. Sin embargo, nuestro problema, no sólo respecto a las personas privadas de libertad, es que avanzamos y retrocedemos. Hay ciertos temas fundamentales para la sociedad y el país en los que toda la clase política debería llegar a un consenso y trazar un plan a largo plazo, no uno que dure cuatro o incluso ocho años, sino uno a 20 años. Sin políticas de largo alcance y con continuidad, no se logra un verdadero cambio social. Todo esfuerzo pierde sentido si no se sostiene en el tiempo. Podemos adoptar una postura más garantista o una más dura, pero sea cual sea, necesita continuidad para ser efectiva.
¿Qué cambios recomendarías para fortalecer la defensa pública autónoma en todas las provincias?
Hemos avanzado muchísimo. Cuando asumí en la Defensoría General, eran pocas las provincias con una defensa pública autónoma; en muchas dependía del procurador y en otras de la Corte Suprema. Aún faltan siete provincias, entre ellas Buenos Aires, que, a pesar de tener una ley y haber realizado un concurso para seleccionar un defensor general, no ha avanzado. Córdoba también debería contar ya con una defensa pública autónoma. Este es un paso esencial, pues, como mencioné antes, en las provincias solo actuamos en el ámbito federal. Además, el trabajo en red es fundamental. Contamos con un Consejo Federal de la Defensa Pública, que agrupa a todas las defensorías, tanto la nacional como las provinciales autónomas. También integramos una red regional junto con otras defensorías de la región, donde elaboramos estrategias conjuntas, abordamos temas sensibles y llevamos a cabo capacitaciones mutuas. Los países más avanzados en ciertos temas capacitan a las defensas de los demás, y todo esto fortalece el rol de la defensa pública. Una defensa fuerte garantiza un trabajo de mayor calidad, lo que nos ha valido el reconocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana y la OEA, destacándonos como garantes de los derechos humanos en el ámbito local.
¿Qué tiene que tener una mujer para poder pisar fuerte como vos?
Primero, una mujer necesita tener seguridad en sí misma. Es fundamental que valoremos lo que aportamos: nuestra perspectiva, sensibilidad y visión únicas son irremplazables y esenciales. No somos ni más ni menos que los hombres; tampoco iguales, sino complementarios. Esa conciencia es clave, así como la certeza de que nuestro trabajo es necesario y nuestra presencia aporta algo que nadie más puede. Esto es una lucha de poder, y el poder no se cede; por lo general, los hombres no quieren renunciar a él, aunque lo digan formalmente. Por eso, es una lucha legítima por el lugar que nos corresponde. Esto nos tiene que empoderar, nos tiene que dar fuerza y hacernos más firmes. Hay que asumir riesgos, aceptar que a veces se gana y otras se pierde, pero siempre avanzar. Es fundamental atreverse a participar, a presentarse a concursos, a marcar territorio y a plantar nuestra bandera en todos los territorios, tenemos que marcar presencia. La seguridad viene con la práctica; cada desafío, cada examen que afrontamos, nos va fortaleciendo. Lo que se necesita es precisamente eso: seguridad en nosotras mismas.
¿Qué balance haces de tu gestión?
Estoy muy contenta con mi gestión. Realmente creo que hemos avanzado muchísimo, que todo el mundo reconoce que la defensa pública está a la altura de cualquier defensa particular. Esta es una institución grande, tiene 3.000 personas en total. Por supuesto que hay alguna persona que no hace las cosas bien, es imposible que sean todos perfectos. Pero en el ámbito general estoy muy orgullosa del trabajo de todos los que integran el Ministerio Público de la Defensa. Los magistrados son fantásticos. Siempre que se ve su trabajo se reconoce la calidad técnica y el compromiso con lo que están haciendo. Y lo mismo ocurre con los empleados, hasta con el personal que hace tareas de maestranza. Todos están comprometidos con la tarea y todos luchan porque cada día las cosas salgan mejor.
