La fiscalía de la ciudad de Buenos Aires a cargo de la investigación ha imputado a cinco policías por la fuga de 17 presos de la alcaidía de la Comisaría Comunal 9, ubicada en el barrio porteño de Liniers.
Lo que importa
El hecho, ocurrido el pasado lunes 23 de diciembre, involucró a detenidos que abrieron un boquete en una pared que daba a un patio interno, logrando así evadirse de la dependencia.
La investigación quedó a cargo de la fiscal de Violencia Institucional e Integridad Policial, Lorena San Marco, quien fue designada por el fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques.
La fiscal imputó este jueves 26 de diciembre de manera formal a cinco integrantes de la Policía de la Ciudad por su eventual responsabilidad en el hecho.
Qué se sabe hasta ahora de lo ocurrido
Fuentes judiciales señalaron a Quórum que la fiscal San Marco avanza en la individualización de otros agentes que tenían a su cargo la vigilancia directa en la alcaidía. El foco está puesto en determinar si existieron negligencias en los controles que permitieran advertir la construcción del boquete que posibilitó la fuga masiva.
Hasta el momento las pericias han determinado que el boquete se hizo un día antes de la fuga, el 22 de diciembre.
Según se ha determinado, ese día los detenidos organizaron lo que se conoce como «ranchada»: pusieron música a volumen alto y compartieron alimentos. El lugar estaba tapado con cortinas.
Los agentes presentes en la alcaidía advirtieron lo ocurrido en la madrugada del 23 de diciembre.
Hasta el momento, cuatro de los prófugos fueron recapturados, mientras que otros trece eran intensamente buscados.
Entre los evadidos se encuentran siete argentinos y seis ciudadanos chilenos, todos ellos con causas penales abiertas que incluyen delitos graves como tentativa de homicidio y robo agravado.
Qué delito se imputa
Los cinco policías acusados, cuya identidad no trascendió, quedaron imputados por el delito previsto en el artículo 281 del Código Penal que prevé un mes a cuatro años de prisión a quien «favoreciere la evasión de algún detenido o condenado, y si fuere funcionario público, sufrirá, además, inhabilitación absoluta por triple tiempo»
Contexto
El caso no sólo abrió interrogantes sobre el accionar inmediato de los policías asignados al turno, sino también sobre las condiciones de seguridad en la alcaidía. Según trascendió, la pared utilizada para la evasión habría presentado debilidades estructurales, lo que podría haber facilitado la fuga.
La fiscalía evalúa posibles responsabilidades penales por omisiones en la custodia, en un contexto donde las condiciones de hacinamiento y las deficiencias en infraestructura son factores recurrentes en estos incidentes.
La fuga derivó en la destitución del jefe y subjefe de la Policía de la Ciudad, Pablo Kisch y Jorge Azzolina, respectivamente, quienes fueron reemplazados por Diego Casaló y Carla Mangiameli.
Cómo sigue
El análisis de cámaras de seguridad, testimonios de detenidos recapturados y la evaluación de las condiciones internas de la alcaidía serán claves para determinar las responsabilidades. Según lo informado por los investigadores, podría haber medidas disciplinarias y penales contra varios efectivos en las próximas jornadas.
