Bajo el lema “No al traspaso de la Justicia Nacional”, magistrados y fiscales reaccionan al reciente fallo de la Corte Suprema que habilita al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires como instancia de apelación en decisiones del fuero ordinario nacional en el ámbito porteño.
Lo que importa
La medida, que surge del fallo “Levinas” emitido el pasado viernes 27 de diciembre, genera tensiones y debates a poco del inicio de la feria judicial de enero 2025.
La decisión de la Corte Suprema modifica el esquema institucional vigente al otorgar al TSJ porteño la facultad de revisar decisiones de la Justicia nacional ordinaria en la ciudad de Buenos Aires. Esto equipara a la Capital con las provincias, pero plantea dudas sobre la independencia y estabilidad de jueces y fiscales nacionales.
Reacciones en el ámbito judicial
El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, el juez Andrés Basso, convocó a una reunión de mesa directiva extraordinaria para esta tarde del lunes 30 de diciembre a todos los Presidentes de las Cámaras Nacionales. Las tres listas que la integran se manifestaron en contra del fallo e insistieron en su rechazo a un posible traspaso.
El objetivo es evaluar los pasos a seguir ante la noticia que llegó en vísperas del Año Nuevo y a un día del inicio de la feria judicial de enero de 2025.
Contrarreloj, los magistrados buscan dar respuesta a esta decisión tomada por el máximo tribunal del país en su último acuerdo del año y en uno de los últimos fallos firmados por el juez Juan Carlos Maqueda el día de su despedida del Tribunal.
Fiscales en alerta
La reacción tampoco se ha hecho esperar de parte de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Sus titulares exhortaron a las autoridades políticas «tanto del orden ejecutivo como parlamentario» a mantener «una prudencia especial al momento de adjudicar y aplicar los efectos colaterales de la sentencia»
Esto para «evitar cualquier riesgo de injerencia indebida en la relación laboral de los fiscales, funcionarios y empleados que puedan interpretarse como un ataque a la independencia y autonomía del Ministerio Publico Fiscal».
El presidente de la Asociación Ricardo Toranzos y su secretario general Alberto Gentili se pusieron a disposición para integrar «cualquier mesa de trabajo interinstitucional» que se forme para «la medición del impacto negativo en los justiciables por el traspaso de la Justicia Nacional»
En un comunicado y ante el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso conocido como “Levinas”, la Asociación «quiere reiterar su postura contraria a la transferencia de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el entendimiento que afecta los principios de inamovilidad y estabilidad de los fiscales nacionales»
Estos principios están garantizados en el artículo 120 de la Constitución Nacional.
La decisión de la Corte «puede tener una incidencia concreta en la “transferencia de la Justicia Nacional”, con un análisis parcial del contexto institucional, ya que no tuvo en cuenta las modificaciones de las condiciones de servicio de los magistrados nacionales, en cuanto se alteran sustancialmente su estabilidad y autonomía, al cambiar sin sustanciación su régimen disciplinario, de control y de promoción», advierten
Reacción de los abogados
La reacción de abogados porteños tampoco se hizo esperar.
Desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se reclamó a las autoridades nacionales y las porteñas que, «con carácter urgente, tomen cartas en el asunto, arbitrando durante el mes de enero próximo las medidas que sean necesarias para instrumentar lo resuelto por la Corte Suprema»
El objetivo es «poder comenzar la actividad profesional y jurisdiccional en febrero de 2025 de manera ordenada», explicó en un comunicado el Colegio que preside Alberto Garay.
«Esta sentencia merecerá numerosos análisis y juicios de valor. Pero lo que hoy preocupa a este Colegio –más allá del acierto o desacierto de la decisión mayoritaria- es su impacto en el ejercicio de la profesión. Sería muy preocupante que se reediten situaciones de rebeldía, como ha ocurrido ocasionalmente en el pasado, que perjudican fundamentalmente a las partes litigantes».
El Gobierno nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires «deben disponer rápidamente las medidas que fueren necesarias para cumplir con lo dispuesto en la sentencia del Alto Tribunal. Obviamente, el llamado a extraordinarias se hace impostergable», agregó el comunicado
Contexto
La controversia nace de un conflicto en el caso “Ferrari, María Alicia c/ Levinas, Gabriel Isaías”, donde el TSJ de CABA y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil discutían la competencia por decidir sobre una demanda de restitución de bienes y daños. Al intervenir, la Corte Suprema resolvió que el TSJ porteño tiene la última palabra en estos casos, marcando un precedente clave.
Este fallo se inscribe en una larga discusión sobre el traspaso de competencias judiciales a CABA, una cuestión pendiente desde la reforma constitucional de 1994. La decisión fue tomada por los ministros Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, mientras que Carlos Rosenkrantz disintió al señalar el potencial riesgo para el sistema federal.
En paralelo, la Corte utilizó el precedente “Levinas” para transferir a la competencia del TSJ porteño un incidente relacionado con la quiebra del Correo Argentino S.A., involucrando a la familia del expresidente Mauricio Macri.
Cómo sigue
El fallo tendrá un impacto inmediato en los casos pendientes con conflictos de competencia similares, aplicándose a todas las apelaciones notificadas tras el 27 de diciembre. No obstante, la Corte aclaró que el traspaso definitivo de competencias judiciales aún debe formalizarse a través de acuerdos políticos y legales.