Solicitó que informe el lugar donde se encuentra alojado, las razones de su arresto y que asegure la comunicación entre el detenido y las autoridades de su país y su familia, entre otras medidas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió medidas sobre la detención del gendarme Nahuel Gallo e intimó a Venezuela a que informe el lugar donde se encuentra alojado, las razones de su arresto y asegure la comunicación entre el detenido y las autoridades de su país y su familia, entre otras cosas. Lo hizo a partir de un pedido de una ONG venezolana realizado el 22 de diciembre pasado.
Contexto
Nahuel Gallo, cabo primero de Gendarmería Nacional, fue detenido en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en Venezuela, mientras intentaba ingresar al país para visitar a su esposa venezolana y su hijo de dos años.
A pesar de haber completado todos los trámites legales para su ingreso, fue abordado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes lo apartaron bajo el pretexto de realizar una “entrevista”. Desde ese momento, se desconoce su ubicación.
El caso tomó relevancia internacional cuando el gobierno de Javier Milei denunció el hecho como una detención arbitraria en violación de los derechos fundamentales de Gallo.
Las autoridades venezolanas reconocieron su detención, pero no han proporcionado detalles sobre las acusaciones en su contra, las circunstancias de su arresto ni el lugar donde se encuentra retenido. Incluso, declaraciones del Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, sugieren imputaciones de actividades desestabilizadoras, pero sin pruebas claras.
Cómo sigue
La CIDH solicitó a Venezuela que:
- Informe si Gallo está bajo custodia estatal y las razones de su detención.
- Proporcione acceso a la familia y representantes legales de Gallo.
- Asegure la comunicación entre Gallo y las autoridades de su país de origen.
- Adopte medidas para investigar los hechos que llevaron a la detención y prevenir su repetición.
El plazo otorgado a Venezuela para responder es de 15 días. Sin embargo, la negativa previa del Estado a cooperar plantea dudas sobre el cumplimiento de estas medidas.
Además, el caso se enmarca en un contexto más amplio de denuncias sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela, incluyendo desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y persecuciones políticas. Según la CIDH, este tipo de prácticas consolida un clima de temor que debilita el Estado de derecho y los derechos fundamentales.
Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho efectuadas por el gobierno argentino, la CIDH entendió que el gendarme se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, dado que hasta la fecha se desconoce su paradero (N. de R.: este viernes 3 de enero el gobierno de Nicolás Maduro difundió videos y fotos pero no precisó donde se encuentra).
Por consiguiente, con base en el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicitó a Venezuela «que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal del gendarme».
En particular, que informe si se encuentra bajo custodia del Estado y las circunstancias de su detención; o bien, de las medidas tomadas a fin de determinar su paradero o destino.
También que precise si fue presentado a un tribunal competente para revisar su detención de habérsele imputado delitos e indique de manera expresa el tribunal que tendría a su cargo la causa penal.
Además, instó a las autoridades venezolanas a que «permita la comunicación del gendarme con su familia en Argentina y representantes legales de confianza dándoles acceso pleno a su expediente penal» y posibilite la comunicación con el Gobierno argentino.
