A un año de asumir como ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona reflexiona sobre su gestión en una entrevista con Quórum. Defiende la necesidad de una Justicia despolitizada y destaca que las reformas en marcha apuntan a construir un sistema judicial ágil, eficiente y equitativo. Desde la implementación del sistema acusatorio hasta la eliminación de organismos que considera innecesarios.
¿Qué es la Justicia para vos?
No diré que la justicia es dar a cada uno lo suyo. La justicia es recomponer situaciones conflictivas como ser un delito, un divorcio, un conflicto societario, etc. El juez es un árbitro frente a diferencias sociales que debe brindar respuestas adecuadas, justas para las partes, proporcionales. Debe dar el ejemplo, sentar criterios; siempre en el marco de un Estado de Derecho y con la Constitución y la ley en la mano que son sus herramientas de trabajo. En nuestra concepción se debe proteger la vida, la libertad y la propiedad. Todos debemos ser tratados con reglas iguales, y el derecho y la justicia deben tutelar a la familia que es el centro de la sociedad. No debe regir la impunidad. Se debe castigar al culpable sin excepciones.
Provenís del mundo judicial, ¿qué perspectiva cambió desde que asumiste como ministro?
La perspectiva ha cambiado considerablemente. Hoy tenemos otro sistema procesal implementado en medio país y vamos por más cambios, como el proyecto de reforma del Código Penal de la Nación; la implementación del juicio por jurados y un nuevo Régimen Penal Juvenil. En definitiva, una justicia de calidad.
Has señalado que “hay que despojar a la Justicia de toda politización”. ¿Cómo creés que este enfoque impactará en la independencia judicial?
El impacto de ese enfoque es sumamente positivo. La división de poderes -tan sostenida por el presidente de la Nación Javier Milei-, el fortalecimiento institucional, en general, y la independencia judicial, en particular, son objetivos centrales en el diseño que propiciamos. La estabilización macroeconómica y los éxitos que se han logrado promoverán el arribo de grandes inversiones, que generarán miles de puestos de trabajo y mejorarán la calidad de vida de los argentinos. Los inversores reclaman seguridad jurídica: un sistema de reglas generales y previsibles, aplicadas por magistrados despojados de intereses políticos y partidarios. La apertura y la desregulación se complementarán con una justicia creíble y moderna, capaz de dirimir las controversias y de sancionar a los transgresores con autoridad e independencia.
Desde tu perspectiva, y ahora también como ministro, ¿cómo se puede mejorar la percepción que la sociedad tiene de la Justicia?
Lamentablemente, la Justicia experimenta una crisis de legitimidad y confianza que afecta su relación con la sociedad. Los estudios de opinión son coincidentes en cuanto a que las personas no creen en la administración de Justicia. Esa crisis no es un fenómeno exclusivamente argentino. Se trata de un problema recurrente en las democracias occidentales. La buena noticia es que existen políticas institucionales adecuadas para revertirlo. Según nuestro diagnóstico, la baja legitimidad que merece la Justicia responde a un déficit de eficacia en la prestación del servicio y a cierta opacidad en su funcionamiento.
Por eso, nuestro propósito es reconciliar a la sociedad con la Justicia y mejorar los procesos judiciales, de forma tal de enfrentar un proceso de calidad, acortar su duración y asegurar una resolución oportuna. A su vez, nos proponemos establecer el juicio por jurados y fortalecer la oralidad en el trámite, a fin de transparentar el trabajo de los magistrados frente a los litigantes y a la comunidad en general.
Aseguraste que el sistema acusatorio es una “reforma irreversible”. ¿Cuáles son los mayores desafíos para su implementación completa en la Justicia Federal?
La pregunta anterior me permitió esbozar un diagnóstico más general, que aplica a todos los fueros y competencias de la justicia federal, e incluso al sistema de administración de justicia de las jurisdicciones provinciales. La implementación del sistema acusatorio es una reforma crucial para el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal. Cuando asumí el cargo, la Argentina tenía un modelo de enjuiciamiento sancionado hacía una década, que estaba abandonado y no se aplicaba más que en dos provincias. La implementación de esa ley representa un enorme esfuerzo interinstitucional, que exige coordinar el trabajo entre los distintos organismos impactados por la modificación del status quo. La reforma se encontraba completamente estancada cuando llegamos: la ley asignaba la coordinación a una comisión del Congreso Nacional que ni siquiera estaba integrada. En consecuencia, modificamos la ley de implementación y nos hicimos cargo de la definición del cronograma. El mayor desafío consistió en capacitar a los operadores judiciales y en realizar las adecuaciones edilicias, tecnológicas e institucionales indispensables para que el sistema pudiera funcionar. Las sedes que conforman la justicia federal se encontraban en un estado de deterioro alarmante. La tecnología es deficiente y la conectividad insuficiente. En ese marco, nos ocupamos esencialmente de asignar recursos para atender a las necesidades que los magistrados nos plantearon en cada una de nuestras visitas.
En Rosario este sistema ya está operativo. ¿Qué diferencias concretas se han observado en la resolución de casos desde su implementación?
Hasta el momento, el resultado de la implementación ha sido exitoso. La tasa de resolución de casos se elevó exponencialmente: entre el 80 y el 90 por ciento de los legajos que se inician concluye en pocos meses. La justicia federal ha logrado condenas de cumplimiento efectivo en sólo un par de semanas: se trata de casos en los que antes se necesitaban cuatro o cinco años para lograr el mismo resultado. Gracias a las ventajas del nuevo sistema, las fiscalías han emprendido investigaciones más complejas, con el fin de desmantelar organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos.
Según tu experiencia, ¿cómo responde el nuevo sistema acusatorio a la problemática de narcotráfico en regiones como Rosario?
Hemos realizado un informe sobre sentencias condenatorias en la Justicia Federal, correspondiente a los años 2022 y 2023. Según ese estudio, menos del 1% de las condenas por narcocriminalidad corresponde a casos graves de organización y financiación, es decir, el fenómeno más grave previsto en el artículo 7° de la Ley 23.737. La abrumadora mayoría de las condenas dictadas son por delitos de comercialización y transporte iniciados a partir de hallazgos más o menos fortuitos realizados por las fuerzas de seguridad en la vía pública o en zonas fronterizas. El sistema inquisitivo, es decir, el modelo de enjuiciamiento que intentamos reemplazar, propicia un funcionamiento reactivo de la Justicia. Esto quiere decir que los fiscales y jueces tienden a procesar lo que les llega sin un criterio claro de priorización. Rosario no era la excepción. El nuevo sistema facilita el desarrollo de investigaciones preliminares más ambiciosas, en las que los fiscales pueden vincular información y formular acusaciones robustas de mayor impacto. Las últimas noticias dan cuenta de ello: muchas de las investigaciones promovidas por los fiscales rosarinos han arrojado resultados sorprendentes y han tenido gran repercusión en la opinión pública. En síntesis, creo que la implementación del sistema acusatorio en Rosario constituye un aporte del Poder Ejecutivo Nacional para reducir la violencia y el crimen organizado.
¿Qué pasos sigue el Ministerio para expandir el sistema acusatorio a otras provincias aún pendientes de implementación?
El sistema de Justicia Federal está conformado por 17 distritos, incluyendo a la Capital Federal (Comodoro Py) y al Fuero Penal Económico. Producto del trabajo que hemos realizado, la reforma ya es una realidad en once provincias completas y en una porción de la provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Justicia se propone continuar con su política de implementación rápida, para concluir el cronograma en los próximos dos años. Como he señalado, esto requiere realizar adecuaciones esenciales para que el sistema funcione. Las demás inversiones deberán concretarse luego, en una fase de consolidación que tendrá lugar con el sistema en marcha. Anunciaremos una parte del cronograma de 2025, con los distritos en los que trabajaremos a partir de ahora.
Denunciaron irregularidades en la gestión previa del Ministerio, como sabotajes en el registro de entradas. ¿Qué medidas tomaron para corregir esta situación?
Hemos radicado varias denuncias que se encuentran en trámite ante la Justicia. Con gran esfuerzo, solucionamos las anomalías detectadas y efectuamos controles permanentes en las diferentes áreas de trabajo para evitar irregularidades en la gestión.
En su diagnóstico inicial del Ministerio, mencionaste la existencia de empleados que no cumplían sus funciones. ¿Cuál fue el alcance de esta problemática y cómo se abordó?
Fue una tarea compleja. Se restablecieron pautas de trabajo, horarios rigurosos y controles exhaustivos. Se despidió a quienes no trabajaban. El plantel del Ministerio se redujo considerablemente. Sobre este punto, resulta importante destacar que todas las bajas han sido respecto de empleados que no trabajaban, no cumplían sus horarios de trabajo; o bien, no estaban capacitados para llevar adelante su función. También se disolvió el INADI; el Ministerio de la Mujer y otros organismos que carecían de sentido y utilidad social y que sólo generaban gastos para el Estado a costa del argentino de bien.
¿Cómo impactaron estas irregularidades en la eficiencia del Ministerio?
Estas irregularidades no sólo impactaron en el Ministerio de Justicia, que estaba prácticamente paralizado; sino que también generaron un gasto público considerable e innecesario al Estado Nacional y a todos los argentinos. Una buena gestión genera un mejor servicio. Ese es nuestro objetivo.
A un año de haber asumido, ¿cuáles han sido los mayores avances en materia de justicia?
Este ha sido un año intenso en el que hemos cumplido gran parte de los objetivos que nos propusimos. Algunos otros proyectos están avanzados, pero dependen de la intervención de otros poderes del Estado. Logramos reanudar el proceso de implementación del Código Procesal Penal Federal. Sorteamos con éxito la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que nos obligó a responder por la mala gestión de los años previos a nuestra llegada. Esa evaluación analiza el nivel de cumplimiento por parte de la República Argentina de los compromisos asumidos en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. La degradación a la temida lista gris hubiera perjudicado la inserción del país en el mercado internacional. En materia legislativa, precisamente, logramos una modificación de ley de lavado de activos. Además, promovimos tres reformas centrales para el futuro institucional del país: el régimen penal juvenil, el juicio en ausencia y el juicio por jurados. Los tres proyectos se encuentran en trámite en la Cámara de Diputados. Ojalá que los legisladores se dispongan a tratarlos y a aprobarlos sin mayor demora y vamos por más.
¿Cómo ha evolucionado la relación entre el Ministerio de Justicia y otros poderes del Estado durante este año?
Muy bien. Existe una cordialidad y respeto que antes no existía. Un vínculo estrecho de colaboración y trabajo en conjunto. Mantenemos reuniones periódicas con jueces, fiscales y defensores. Todos trabajamos para una mejor justicia.
¿Qué mensaje le darías a los ciudadanos sobre el estado actual del sistema judicial y los cambios en curso?
Me gustaría que vieran que con gran esfuerzo dedicación y trabajo, vamos mucho mejor; que nos examinen y comprueben los enormes logros que hemos conseguido. Queremos una Argentina y una Justicia mejor, en eso estamos y dejamos la vida. Nuestros hijos y nietos lo verán. Tengo un sueño que es lograr que tengamos una Justicia efectiva y rápida.
