La Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó una decisión previa y aceptó el reclamo del sindicato, impidiendo así los planes del Gobierno de reducir en un 80% los salarios directivos y disminuir la estructura de ARCA.
La Justicia Nacional del Trabajo dictó una medida cautelar que impide al Gobierno Nacional y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, anteriormente AFIP) tomar acciones que afecten la estabilidad laboral de sus empleados y funcionarios. Esta decisión surge tras una solicitud del gremio AEFIP, que representa a los trabajadores del organismo recaudador.
Lo que importa
La Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, por mayoría, revocó una decisión previa y aceptó el reclamo del sindicato, impidiendo así los planes del Gobierno nacional de reducir en un 80% los salarios directivos y disminuir la estructura de ARCA. Estas medidas habían sido anunciadas a principios de año por el presidente Javier Milei.
Contexto
A finales de 2024, el gremio AEFIP había enfrentado un revés judicial cuando se rechazó una medida para evitar despidos y cambios en las condiciones laborales en ARCA, argumentando la inexistencia de un caso concreto. Sin embargo, a inicios de 2025, la Cámara revirtió esta decisión, extendiendo la protección también al personal representado por SUPARA, el sindicato de trabajadores de Aduana.
El Gobierno había manifestado su intención de reducir el 15% del personal de ARCA, aproximadamente 3.155 empleados, justificando la medida en un incremento de la estructura del organismo en los últimos años.
Este plan se presentó tras cambios en la dirección de la ex AFIP, que incluyeron la sustitución de Florencia Misrahi por Juan Pazo, en una disputa interna liderada por el Ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo.
Cómo sigue
La medida cautelar dictada por la Justicia del Trabajo obliga al Gobierno y a ARCA a abstenerse de implementar cualquier acción que pueda comprometer la estabilidad laboral de los empleados del organismo. Esta resolución representa un obstáculo significativo para los planes del Ejecutivo de reestructurar ARCA y reducir su personal.
