La iniciativa permitirá que las iglesias, confesiones y comunidades puedan regirse libremente por sus propios estatutos.
La Inspección General de Justicia (IGJ) impulsa la expansión de una medida que ya beneficia a las entidades religiosas en la Ciudad de Buenos Aires, permitiéndoles acceder a libros rubricados, contabilidad regular y seguridad jurídica en todo el territorio nacional.
Lo que importa
En julio de 2024, la Inspección General de Justicia (IGJ) implementó la Resolución General Nº 15/2024, que permite a las iglesias, confesiones y comunidades religiosas inscribirse en el Registro Público de la Capital Federal para acceder a libros rubricados y llevar una contabilidad regular.
Esta medida, que subsana un problema histórico de falta de reglamentación, ahora busca replicarse en las jurisdicciones provinciales mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional.
Según el Inspector General de Justicia, Daniel Roque Vítolo, el objetivo es resolver una desigualdad jurídica que afecta a miles de entidades religiosas fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Contexto
El Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) reconoció en 2015 a las iglesias, confesiones y comunidades religiosas como personas jurídicas privadas. Sin embargo, durante casi una década estas entidades no pudieron acceder a los mecanismos de registro contable debido a la falta de reglamentación específica.
La Resolución General Nº 15/2024 solucionó esta problemática para las entidades de la Capital Federal, permitiendo que las iglesias y comunidades inscriptas en el Registro Nacional de Cultos puedan organizarse y llevar una contabilidad regular bajo la supervisión de la IGJ. Esta normativa evita la necesidad de que las comunidades recurran a figuras legales inadecuadas, como las asociaciones civiles o fundaciones, que en muchos casos generaban conflictos internos y externos.
El problema se agrava en las provincias, donde la normativa nacional no ha sido implementada. Según Vítolo, esta situación genera “una asimetría en la efectividad del resguardo de derechos constitucionales”, dejando a miles de comunidades sin herramientas legales adecuadas para administrar sus bienes, inmuebles y fondos.
Cómo sigue
La IGJ ha promovido el dictado de un decreto por parte del Poder Ejecutivo Nacional que obligue a las autoridades de contralor societario y de registros públicos provinciales a adoptar medidas similares a las implementadas en la Capital Federal. “Esta medida es de la mayor trascendencia, porque permite poner en orden administrativo, contable y de ejercicio de derechos constitucionales a estas entidades, dando seguridad a los fieles y sus comunidades”, explicó Vítolo.
El problema social que busca resolver esta iniciativa es amplio. Sin acceso a libros rubricados ni contabilidad regular, las entidades religiosas enfrentan dificultades como:
- Pérdida de juicios laborales, civiles y comerciales por falta de registros contables válidos.
- Imposibilidad de registrar inmuebles, vehículos y cuentas bancarias a nombre de las comunidades.
- Dependencia de la figura del pastor o líder para administrar bienes, lo que expone los patrimonios de las comunidades a conflictos personales como fallecimientos, divorcios o deudas del líder.
- Falta de transparencia en la gestión de fondos y recursos de las comunidades.
- Además, la normativa actual obliga a muchas comunidades a adoptar estructuras legales como asociaciones civiles, que no se ajustan a su realidad organizativa. Con esta medida, las entidades podrán adaptar sus estatutos y reglamentos a su identidad y necesidades específicas.
El impacto esperado
Argentina cuenta con un universo religioso diverso, con más de 300.000 personas de la religión judía, 6.000.000 de fieles evangélicos distribuidos en 25.000 iglesias, y 1.000.000 de musulmanes en 35 instituciones entre mezquitas, asociaciones y salas de oración, además de otros cultos. Según Vítolo, “el alivio que trajo la Resolución Nº 15/2024 en la Capital Federal debe replicarse a nivel nacional para garantizar igualdad de derechos”.
El decreto propuesto respetará la autonomía de cada provincia, permitiéndoles adaptar la normativa a las particularidades de sus territorios. La IGJ continuará asesorando al Poder Ejecutivo para concretar esta iniciativa y garantizar que las entidades religiosas en todo el país cuenten con seguridad jurídica y herramientas para su administración.
