Por Romina Manguel
Elegir dónde pararse para contar estos diez años, desde que el fiscal Alberto Nisman fue hallado muerto en su departamento de Puerto Madero, es tan complejo como el entramado de torpezas, mentiras, encubrimientos, alianzas oscuras, operaciones e intenciones espurias que antecedieron y continuaron después de su final. Aún mucho después de su entierro.
Una década después, lejos del olvido, el polémico fiscal de la causa AMIA genera tanta incomodidad como cuando estaba al frente de la Unidad Fiscal que investigaba el atentado a la sede de la AMIA en 1994. O más. Porque a la investigación y a las derivaciones en más investigaciones por probadas irregularidades y encubrimientos se le suma uno de los expedientes más calientes que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py 2002: el de su muerte, o su homicidio, como está caratulada la causa y como determinó el fiscal Eduardo Taiano en su informe.
Enoja a muchos que se hable de asesinato. Enerva la idea de desechar la hipótesis cómoda de que se habría quitado la vida ante la falta de pruebas que le habrían prometido para imputar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a hombres clave del poder de entonces como parte de un encubrimiento a los autores del atentado a la AMIA. ¿Era Nisman un hombre desesperado al que le soltaron la mano a horas de presentarse en el Congreso para verbalizar una de las acusaciones más graves a un jefe de Estado en plena democracia? Un sí o un no a esa pregunta no es caprichoso ni retórico. Determina si él tenía razones para acabar con su vida, o si otros las tenían y lo ejecutaron.
Esta nota busca entender, a través de hechos contundentes e irrefutables, cómo llegó Nisman a ese 18 de enero de 2015.
Los cuerpos hablan, dicen los forenses. Las pruebas y los testimonios que se acumularon a lo largo de esta década en los variados expedientes también. Y a riesgo de herir susceptibilidades, esta nota busca entender, a través de hechos contundentes e irrefutables, cómo llegó Nisman a ese 18 de enero de 2015.
Alberto Nisman apareció muerto 72 horas después de denunciar a la entonces Presidenta de la Nación por encubrimiento a los autores del atentado a la AMIA perpetrado a través del Memorándum de Entendimiento firmado con Irán.
Aún bajo estas circunstancias, tratándose del Fiscal Federal que investigaba el atentado terrorista a la mutual judía, la causa rebotó entre fueros y competencias. ¿En qué momento y quiénes entendieron que la muerte de Nisman en las circunstancias que se había producido, podía investigarse como una muerte más? La causa quemaba. Aún así, de manera difícil de comprender, algunos luchaban por retenerla para sí. [No diría esto último, porque que el fuero federal luche para retenerla era lo debido, reemplazaría por: Aún así, algunos magistrados luchaban porque la causa quede en el fuero ordinario].
Va de nuevo. Un Fiscal Federal a cargo de la Unidad Fiscal AMIA, que acababa de denunciar a la Presidenta de la Nación por encubrimiento, aparece muerto a horas de presentarse en el Congreso. La dilación en la determinación de la competencia es parte del enchastre. Todo aparece manchado, sospechado, vidrioso. Fue la Corte Suprema la que finalmente determinó que era el fuero federal y no el ordinario el encargado de llevar adelante la investigación. Para ese entonces, la hoy jubilada y tristemente célebre fiscal Viviana Fein ya había dejado su rastro por el expediente, generando un caos de tamaño tal que hizo que más de uno celebrara que poco pudiese rescatarse de la escena del crimen y de las primeras horas claves de la investigación.
Fein, quien en una entrevista con Marcelo Longobardi lamentó que no se hubiera encontrado pólvora en las manos del fiscal muerto. ¿Qué quiso decir? ¿Que eso la obligaba a descartar un suicidio? ¿Y entonces tendría que seguir líneas de investigación más complejas que un hombre que se pega un tiro por desesperación?
La causa fue y vino, dando vueltas entre apelaciones y ratificaciones vagas hasta que el 20 de septiembre del 2016 la Corte zanjó el debate. La causa tramitaría en el fuero federal, pero ya había pasado mucho tiempo en las manos de la justicia ordinaria. Demasiado.
Cómo llega Nisman a ese 18 de enero final es clave. ¿Por qué? Porque permite a través de las distintas voces que aportaron su testimonio y fueron parte de la elaboración de la denuncia contra Cristina Kirchner, descartar nada más y nada menos que la hipótesis de una “denuncia llave en mano”, de la cual el Fiscal “no tenía la menor idea” y se dio cuenta que había sido usado, “no tenía nada que presentar que avale siquiera una sospecha sobre un posible accionar delictivo de CFK”.
Ese recorrido, llamativamente, es de los más fáciles de seguir y sin embargo, muy pocos lo eligieron. No es parte de esta nota especular por qué.
El 27 de enero de 2013 se conoció la firma del Memorándum con Irán. Las conversaciones entre la Argentina y el país que albergaba en su cúpula de Gobierno a los sospechosos del atentado, Irán, ya habían tomado estado público. La propia Cristina Kirchner había anunciado en septiembre del año anterior que se mantendrían las negociaciones. Lo hizo mientras asistía a la asamblea anual de Naciones Unidas en Nueva York. En ese entonces, no se conocía el tenor de las mismas.
Alberto Nisman como Fiscal de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) AMIA envió un oficio a la Cancillería argentina para pedir información al respecto. ¿Correspondía? ¿Lo tendrían que haber participado? No hay mucho margen de duda al respecto. Estaba al frente de la UFI AMIA desde el 2004 y había trabajado desde 1997 como Fiscal de la causa. ¿Debería haber estado al tanto de cualquier circunstancia que alterara el rumbo del trabajo que se venía realizando o permitiera una alternativa que hasta el momento no se había analizado en relación a la investigación del atentado? Más aún si esa alternativa incluía el envío de pruebas y la creación de una comisión conjunta para analizarla, nada más y nada menos que al país de origen de los sospechosos. La Cancillería le denegó a Nisman cualquier información, sin esmerarse demasiado en argumentar el rechazo.
Aseguran los colaboradores del Fiscal que en ese momento se encendieron las primeras alertas. No las rojas de Interpol, sino sus sospechas internas acerca de una vía paralela y escondida de negociaciones con los sindicados autores del atentado. Algo, intuía, el Gobierno de CFK le estaba escondiendo. Antes, a lo largo de los años al frente de la investigación, era convocado para ponerlo al tanto de cualquier situación que rondara la causa AMIA. Esta vez no. Nada. Surgieron las primeras sospechas. Las primeras suspicacias en torno a las negociaciones del gobierno kirchnerista con Irán. No era la primera vez. Ninguneado hasta el cansancio, negado y destratado, Pepe Eliaschev había sido categórico en marzo de 2011 cuando tituló en el diario Perfil: “Argentina negocia con Irán dejar de lado la investigación de los atentados”.
Cuando se dio a conocer el Memorándum de Entendimiento con Irán, el Gobierno insistió en presentarlo como un intento de generar cooperación internacional para poder avanzar ante un escenario de estancamiento pasmoso.
Antes de considerar que el Memorándum era parte de un plan delictivo, Nisman hizo saber a varios colegas que dudaba de su constitucionalidad. Sus primeras declaraciones públicas sobre el tema fueron mesuradas.
La Justicia, con los votos de los camaristas Eduardo Farah y Eduardo Ballesteros, resolvió que el Memorándum era inconstitucional, como dictaminó Nisman en el amparo en que se debatió esa cuestión. ¿Fue suficiente para Nisman? ¿Esas firmas le pusieron un punto final a sus dudas? Sí, en cuanto al encuadre jurídico respecto de la constitucionalidad. Debate que continuó después de muerto el fiscal hasta llegar a manos del Ministro de Justicia de Mauricio Macri. Pero las sospechas en torno a una intención disfrazada para firmar el memorándum y cómo se había llegado a él no hicieron más que incrementarse.
Mientras se debatía la constitucionalidad del pacto, comenzaron a recibirse en la UFI AMIA indicios del encubrimiento que Nisman terminaría denunciando, en el producido de las intervenciones telefónicas que el entonces juez de la causa Rodolfo Canicoba Corral había solicitado y no recordaba haberlo hecho hasta que le mostraron su firma al pie del requerimiento.
Nisman transmitió sus dudas a unos pocos colaboradores, a un par de fiscales amigos y a pocos hombres en la Secretaría de Inteligencia en los que confiaba y con los que trabajaba sin dudar, como Jaime Stiuso.
Pidió el crudo de ciertas intervenciones telefónicas y puso la lupa en la hipótesis delictiva que empezaba a revelarse. Sólo su mesa chica y sus amigos más cercanos sabían las sospechas que pasaban por su cabeza. En su mayoría, el personal de la UFI AMIA trabajaba “a ciegas”, determinando fechas, encontrando nombres, estableciendo conexiones entre quienes llevaban adelante los diálogos registrados por la SIDE a pedido del juzgado.
Durante más de un año se sostuvo esta rutina en la que Nisman buscó pruebas, conexiones, contextos. Un año. No es una connotación positiva ni negativa ponerle un tiempo al trabajo sostenido del Fiscal. Sí da por tierra los dichos del ex hombre fuerte del kirchnerismo Aníbal Fernández que aseguró que “a Nisman le hicieron firmar un mamarracho”, refiriéndose a la denuncia y al supuesto desconocimiento del Fiscal acerca del contenido de la misma, donde acusó a CFK y alguno de sus funcionarios por encubrimiento. En todo caso, y quedará en la Justicia determinar si fue un mamarracho o no, sabía perfectamente lo que estaba firmando.
Paralelamente, y como consecuencia de la feroz interna en la Secretaría de Inteligencia, surgió el fuerte rumor que Alberto Nisman sería desplazado de la UFI en diciembre de 2014. Que buscaban quitarle poder con Oscar Parrilli y Juan Martín Mena ahora manejando los hilos de la inteligencia estatal. ¿Lo desplazarían de la causa AMIA? ¿Condicionarían su firma rodeándolo de nuevos fiscales más “confiables”? Los rumores se acrecentaron. Alguien le confirma que sí, que ya CFK no lo quería cerca de la causa AMIA. Ni de ella ni de la Procuración y que era inminente un viaje de la Presidenta de Calafate a Buenos Aires para anunciarle a algunos dirigentes de la comunidad judía con los que tenía relación que había decidido ponerle fin a la intervención de Nisman en la causa AMIA. Pero, cosas del azar, CFK se fractura un tobillo, el viaje se pospone, llega fin del año 2014 y Nisman continúa al frente de la UFI, con demasiadas dudas acerca de cuánto más lo dejarían trabajar. Su designación al frente de la UFI AMIA podía terminarse a sola firma de la procuradora Alejandra Gils Carbó.
La denuncia de Nisman contra CFK ya estaba prácticamente lista para ser presentada. ¿Qué relación tiene una cosa con otra? Obvia, pero trascendente: Nisman sólo podía presentar la denuncia por encubrimiento contra CFK como Fiscal de la UFI AMIA, porque era en ese expediente donde se encontraba la prueba que fundamentaba el ilícito.
Los tiempos empezaban a correr, como lo demuestran más de 20 testigos que declararon en la causa, y muchos otros que, aunque no fueron convocados, sostienen la misma versión: un Nisman preocupado por la estabilidad de su cargo, del cual dependía la posibilidad concreta de denunciar a la Presidenta. Si lo removían antes, se terminaba el juego.
Llegó enero, y Nisman le había prometido a su hija mayor un viaje juntos a Europa para festejar sus 15 años. En principio, de 1 al 23. Pero nuevamente compartió sus dudas con su gente de confianza, quienes se convertirían luego en testigos de la causa: “¿Y si mientras me voy me sacan de la UFI?”.
Mandó a averiguar cuando se tomaba licencia su “jefa” Gils Carbó. Esto también está acreditado. ¿Para qué? Porque estaba convencido de que, con ella de vacaciones, sería improbable que un Procurador interino tomara semejante decisión.
Cuando le confirmaron que Gils Carbó estaría de licencia entre el 1 y el 12 de enero, Nisman cambió su pasaje, lo cual también está acreditado en el expediente. No es tampoco ninguna ciencia constatar cuando se emitieron los pasajes ni los cambios que hubo ni el momento en que ocurrieron. Nisman compró un pasaje de regreso a Buenos Aires para el 11 de enero, con la idea (también manifestada al menos por cinco personas) de volver para presentar la denuncia y luego irse nuevamente a Europa con su hija.
Las dudas sobre su permanencia, las idas y vueltas del viaje de 15, la preocupación por ser removido y no poder presentar la denuncia, la convocatoria a su equipo para que lo esperara el 12 a primera hora, los llamados diarios para confirmar que no intervenían la Fiscalía, el seguimiento de la denuncia, las últimas correcciones… Todo esto sucedió bajo la vista y oídos de demasiada gente como para pasarlo por alto en el marco de la investigación de su muerte. ¿Por qué? Porque derrumba otra de las grandes verdades inventadas para sostener la teoría del suicidio: aquella que se repitió hasta el cansancio cada vez que un funcionario del Gobierno se paraba frente a un micrófono. La que decía que Nisman “lo hicieron volver” en medio de su viaje para presentar algo de lo que no tenía ni idea. Ni por presión ni por apuro, ni conminado por terceros. Su vuelta de Europa y la presentación de la denuncia fueron largamente meditadas. Por él.
El 14 de enero, Alberto Nisman presenta su denuncia en Comodoro Py y esa noche decide presentarla públicamente en “A dos voces”, donde revela los aspectos centrales. Duro. En resumen, acusa al Gobierno de haber formado una alianza con los terroristas que volaron la AMIA. “CFK negoció la impunidad de los iraníes y hay abundantes elementos que así lo indican”, asegura.
La gran pregunta en ese momento era ¿cuáles son las pruebas? ¿Con qué evidencia contaba? Hasta ese entonces, era una incógnita. La denuncia de casi 300 páginas presentada esa mañana en Tribunales no había sido acompañada de material probatorio.
El kirchnerismo evidenciaba cierto nerviosismo y algunos voceros salieron a defenderse públicamente sin tener idea de que se trataba la imputación. Diez años después, ese momento puede verse como de tremendo desconcierto. Decían que el Ejecutivo podía firmar tratados con potencias extranjeras. Pero Nisman no objetaba eso. Lo que acusaba era mucho más grave: los responsabilizaba de encubrimiento, pero una vez más ¿qué pruebas tenía? Nadie lo sabía. No se filtraban. Hasta ese momento, no se habían presentado junto a la denuncia.
¿Por qué? ¿Cuál era la estrategia del Fiscal? De nuevo, el factor tiempo era clave. Daba por descontado que no habilitarán la feria para tratar la denuncia, por lo que sólo quería presentarla antes que CFK ordenara removerlo. Podía acompañar la prueba más adelante. De hecho, tenía planeado hacerlo el lunes 19… No contaba con que ese tiempo con el que él especulaba ya estaba jugando en su contra y que sus horas estaban contadas. Estaba, sin saberlo, a días de morir.
El jueves, Patricia Bullrich lo convoca a exponer en Diputados y fijan fecha. El Fiscal estaría en la Cámara el lunes 19 de enero. ¿Su muerte fue para evitar que presentara las pruebas? Nisman sabía lo que iba a llevar. No estaba esperando pruebas para presentar ante el Congreso o al juez. De hecho, las pruebas fueron aportadas al expediente ya con Nisman muerto. Estar, estaban.
Pero el revuelo de ese fin de semana, la preocupación sobre qué sabía y lo que tenía, los llamados cruzados, las alertas, las reuniones de las que da cuenta el mismo expediente, evidencian que nadie podía siquiera mensurar de qué se trataba lo que tenía entre manos para respaldar la denuncia de encubrimiento. Se llegó al viernes previo a su muerte sin que el poder político involucrado supiera cuánto sabía Nisman y cuánto de eso podría probar, al menos para sentar al poder en el banquillo de los acusados por conspirar con los autores del peor atentado que sufrió nuestro país.
¿A diez años podría decirse entonces que las pruebas estaban y que no se pegó un tiro esperando inútilmente algo que le habrían prometido? Todo indica que sí. Que las pruebas estaban. Después de muchos vaivenes, la denuncia se abrió, los hechos denunciados por Nisman fueron investigados, se obtuvieron más evidencias que avalaron la hipótesis delictiva presentada, y el caso fue elevado a juicio oral. Si bien existió un nuevo intento de cerrar la causa sin juicio, cuando en octubre de 2012 los jueces del TOF 8 Daniel Obligado, María Gabriela López Iñiguez y José Michilini sobreseyeron a todos los imputados. Un año después, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión y ordenó la realización del juicio oral y público.
Y ahora, a diez años de su muerte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras rechazar los recursos de las defensas, decidió que el juicio por encubrimiento de los imputados iraníes por el atentado cometido contra la sede de la AMIA debía llevarse a cabo.
Si su asesinato buscó que nunca llegara el momento en que los acusados de encubrimiento tuvieran que dar explicaciones ante la Justicia, entonces sí, su muerte fue en vano.
