La medida beneficiaría a más de 250 mil consorcios. En la Ciudad de Buenos Aires está vigente desde noviembre de 2024, alcanzando a más de 122 mil consorcios y 1,6 millones de unidades funcionales.
Una iniciativa de la Inspección General de Justicia (IGJ) busca que más de 250 mil consorcios accedan a libros y registros rubricados, cumpliendo con lo estipulado por el Código Civil y Comercial de la Nación. La medida, ya vigente en la Ciudad de Buenos Aires, busca extenderse a todas las provincias mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional.
Lo que importa
La IGJ ha lanzado una propuesta innovadora para regularizar la contabilidad de los consorcios de propietarios en el país. A través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, se espera que los consorcios de todo el país puedan acceder a la inscripción y rúbrica de sus libros y registros, una obligación establecida en el Código Civil y Comercial desde 2015.
En la Ciudad de Buenos Aires, esta medida ya está vigente desde noviembre de 2024, alcanzando a más de 122 mil consorcios y 1,6 millones de unidades funcionales. Sin embargo, la falta de normas provinciales ha generado desigualdades, dejando a más de la mitad de los consorcios argentinos sin acceso al beneficio.
Contexto
Desde la sanción de la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal en 1948, los consorcios enfrentaron problemas jurídicos por la falta de reconocimiento como personas jurídicas. Esto los dejó sin capacidad procesal plena, sin contabilidad regular y con una exposición directa de los bienes de los propietarios frente a reclamos legales.
El panorama cambió en 2015 con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, que reconoció a los consorcios como personas jurídicas privadas. Los artículos 320 y siguientes del Código estipularon la obligación de llevar libros rubricados, pero durante una década no se dictaron las normativas complementarias para hacer efectiva esta exigencia.
Fue recién en 2024 cuando la IGJ, mediante la Resolución General Nº 15/2024, habilitó a los consorcios porteños a inscribirse y rubricar sus libros. Según el Inspector General de Justicia, Daniel Roque Vítolo, la falta de acción previa había “traído enormes perjuicios a un universo de 5 millones de personas y 250.000 consorcios”.
Cómo sigue
La propuesta de la IGJ apunta ahora a extender esta regularización al resto del país mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. El proyecto buscará que las provincias dicten las normativas necesarias para habilitar la inscripción de consorcios y la rúbrica de sus libros en los registros públicos locales.
Vítolo subrayó que esta medida “viene a saldar una deuda histórica con los consorcios, que desde 1948 han enfrentado obstáculos para cumplir con sus obligaciones legales y proteger sus derechos”. Además, destacó la necesidad de una implementación rápida y coordinada entre las provincias para evitar asimetrías en el resguardo de los derechos constitucionales de los consorcistas.
El respaldo de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y otros referentes del sector refleja el consenso en torno a esta iniciativa. La expectativa es que, una vez implementada a nivel nacional, los consorcios puedan operar con mayor seguridad jurídica y eficiencia administrativa, reduciendo los conflictos legales y financieros que afectan a millones de argentinos.
