El fallo de la Corte Suprema en la causa “Levinas” ratificó la competencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad de Buenos Aires para revisar decisiones de los tribunales locales. Sin embargo, la falta de implementación de esta decisión ha generado incertidumbre institucional y la paralización de miles de causas, afectando tanto a ciudadanos como a abogados. La agrupación Abogados x Argentina advierte que esta situación pone en riesgo la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley.
Contexto
Desde hace más de 30 años, la Ciudad de Buenos Aires ha reclamado la transferencia de competencias judiciales, un proceso que avanza lentamente y con obstáculos. Con el fallo en la causa “Levinas”, la Corte Suprema resolvió que el TSJ porteño puede revisar sentencias dictadas por los tribunales de la Ciudad, consolidando su rol como última instancia en el ámbito local.
A pesar de esta definición, la falta de implementación ha provocado una crisis judicial, afectando la dinámica del sistema y generando desigualdades en el acceso a la justicia en comparación con otras jurisdicciones del país. Según Abogados x Argentina, la situación genera una incertidumbre institucional sin precedentes.
«El respeto a los fallos de la Corte Suprema es un principio fundamental del sistema institucional. No cumplir con sus decisiones genera incertidumbre y pone en riesgo la igualdad ante la ley», advierte la agrupación.
Cómo sigue
El principal impacto de la falta de aplicación del fallo es la paralización de miles de expedientes y la pérdida de una instancia de apelación, lo que impide un acceso equitativo a la justicia. La agrupación reclama que los representantes políticos encuentren un mecanismo institucional que garantice el cumplimiento de la Constitución sin afectar a los ciudadanos ni a los abogados.
«Las disputas sobre jurisdicción no pueden convertirse en un impedimento para el acceso a una justicia ágil y equitativa», señala el comunicado.
Desde Abogados x Argentina, insisten en la necesidad de que el Poder Judicial respete la Constitución y garantice la seguridad jurídica. Mientras tanto, el conflicto continúa sin una resolución clara, generando preocupación en el ámbito judicial y entre quienes dependen del sistema para acceder a una justicia efectiva.
