El principio de justicia universal ha alcanzado ahora desde Argentina a 25 ex funcionarios y jefes militares de Myanmar. La jueza federal María Servini ha ordenado este jueves 13 de febrero la captura internacional al acusarlos por crímenes de lesa humanidad perpetrados entre 2012 y 2018 en ese país contra una minoría étnica, los Rohingya.
Entre los requeridos está el ex presidente de ese país, Htin Kyaw
Lo importante
La jueza Servini ha determinado que los actos cometidos contra la población rohingya en Myanmar constituyen crímenes que vulneran los derechos humanos reconocidos en diversos instrumentos de derecho penal internacional, suscritos por la mayoría de los países a nivel mundial.
Estos hechos son considerados crímenes de lesa humanidad en el marco de un genocidio perpetrado por las autoridades políticas y militares gobernantes en Myanmar en el período investigado contra una minoría étnica.
La Justicia argentina puede actuar en base al «principio de jurisdicción universal que ha sido consagrado» en la Constitución Nacional, remarca la magistrada al recordar que los hechos no «fueron ni son» objeto de investigación en Myanmar.
Contexto
El principio de jurisdicción universal permite que los Estados ejerzan su jurisdicción penal sobre ciertos delitos graves, independientemente del lugar donde se hayan cometido y sin importar la nacionalidad de los perpetradores o las víctimas. Este principio se aplica a crímenes como genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Argentina ha adoptado este principio en su legislación, lo que le permite investigar y juzgar estos delitos, incluso si fueron cometidos fuera de su territorio.
La situación de los rohingya en Myanmar ha sido objeto de numerosas denuncias por parte de organizaciones internacionales. Amnistía Internacional ha documentado una campaña sistemática de asesinatos, violaciones y desplazamientos forzados dirigida contra esta población por las fuerzas de seguridad de Myanmar.
