La ONG argentina defendió en Washington su propuesta de Convención Interamericana para garantizar derechos de las víctimas, mientras los candidatos a la secretaría general de la OEA debatieron sobre seguridad y cooperación regional.
En un evento trascendental para el futuro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), los dos aspirantes al cargo de secretario general, Albert Ramdin (Surinam) y Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay), participaron en un foro con la sociedad civil en Washington D.C. El encuentro, convocado por la Sección de Sociedad Civil de la OEA, permitió que diversas organizaciones presentaran sus inquietudes y propuestas en un marco de diálogo abierto.
En ese marco se llevó a cabo la intervención de Usina de Justicia. La ONG argentina propuso la creación de una Convención Interamericana para los Derechos de las Víctimas de Delitos. La iniciativa, que aún no ha sido debatida por los Estados miembros, busca establecer un marco jurídico supranacional que garantice la participación de las víctimas en los procesos penales, el acceso a información clara y gratuita, la asistencia psicológica y la reparación económica por los daños sufridos.
El contexto en el que se plantea esta propuesta no es menor: América Latina concentra el 29% de los homicidios globales, pese a representar sólo el 8% de la población mundial, según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En este escenario, la OEA enfrenta el desafío de equilibrar la seguridad regional con el respeto a los derechos humanos.
¿Por qué es necesaria una Convención para las víctimas?
La justicia penal en América Latina ha sido históricamente criticada por priorizar los derechos de los imputados sobre los de las víctimas. Mientras el acusado tiene acceso a una defensa técnica, la víctima queda muchas veces relegada a un rol secundario, sin posibilidad de incidir en el proceso ni recibir asistencia del Estado.
La propuesta de Usina de Justicia establece los siguientes derechos fundamentales para las víctimas de delitos:
- Participación activa en el proceso penal y derecho a ser escuchadas.
- Acceso a información gratuita y en lenguaje claro sobre el estado del proceso.
- Defensa técnica pública y gratuita para garantizar una representación efectiva.
- Sentencias en tiempo razonable y procesos expeditos, evitando la revictimización.
- Asistencia psicológica para tratar las secuelas del delito.
- Medidas de protección en caso de amenazas o represalias.
- Reparación económica por los daños sufridos.
El modelo propuesto toma como referencia la Directiva Europea de Derechos de las Víctimas (2012), que establece estándares mínimos en la Unión Europea para garantizar su protección y asistencia. Sin embargo, en América Latina la implementación de estos principios sigue siendo una deuda pendiente.
Las posturas de los candidatos a secretario general
En el foro de la OEA, los dos candidatos presentaron sus propuestas para el futuro del organismo. Albert Ramdin destacó el rol de la sociedad civil en la formulación de políticas y la necesidad de fortalecer los canales de diálogo entre la OEA y las organizaciones ciudadanas. En cuanto a la seguridad, subrayó la importancia de reforzar la cooperación internacional para combatir el crimen organizado y mejorar el intercambio de inteligencia.
Respecto a la Convención de Derechos para las Víctimas, Ramdin se mostró abierto a debatirla, aunque advirtió que la prioridad debe ser la prevención del delito. Según el candidato surinamés, los Estados deben invertir en tecnología y capacitación para anticiparse a la delincuencia organizada, que actúa con mayor rapidez que los gobiernos.
Por otro lado, Rubén Ramírez Lezcano centró su discurso en la necesidad de fortalecer la democracia en la región, señalando el deterioro institucional en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. En materia de seguridad, enfatizó la urgencia de reforzar los mecanismos de prevención y la cooperación internacional para frenar la expansión del crimen organizado.
Sin embargo, cuestionó la eficacia de una Convención sobre los Derechos de las Víctimas, argumentando que la solución no está en nuevas normativas, sino en fortalecer los órganos existentes, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Propuso además la creación de equipos especializados y un financiamiento internacional para combatir los desafíos de seguridad en la región.
Desafíos y el futuro de la OEA
El próximo secretario general de la OEA enfrentará una agenda marcada por desafíos críticos. La seguridad y los derechos humanos seguirán en el centro del debate, en un contexto donde la efectividad de los organismos internacionales ha sido puesta en duda.
Actualmente, la OEA recibe críticas por su burocracia, lentitud en la toma de decisiones y falta de recursos. La influencia de Estados Unidos en la organización también será un factor determinante: aunque Washington sigue siendo su principal financista, la política exterior estadounidense ha tendido en los últimos años hacia un enfoque más nacionalista, limitando su apoyo a iniciativas multilaterales.
Un aspecto clave en esta discusión es el precedente de EE.UU. en la protección de víctimas. En 1984, el país creó el Fondo de Víctimas del Delito (VOCA), un mecanismo que proporciona recursos para asistencia legal y psicológica a víctimas en todo el territorio. En contraste, en América Latina los Estados aún no han asumido plenamente su responsabilidad en este tema.
La pregunta central es si la OEA será capaz de estar a la altura de las demandas actuales o si, por el contrario, quedará relegada a un papel simbólico. La creación de una Convención Interamericana para los Derechos de las Víctimas podría representar un paso histórico en la defensa de los derechos humanos en la región.
Conclusión
Usina de Justicia continuará su lucha para que la OEA debata y apruebe su propuesta, buscando apoyo entre los Estados miembros. La elección del próximo secretario general en marzo será determinante para definir el futuro de la organización y su postura frente a la protección de las víctimas de delitos.
¿Podrá América Latina avanzar hacia un modelo de justicia más equitativo y humano, donde las víctimas de delitos dejen de ser olvidadas en los procesos penales? La respuesta dependerá de la voluntad política de los Estados y de la capacidad de la OEA para responder a los desafíos del presente.
