El futuro judicial de las denuncias que recayeron en los tribunales federales de Retiro como coletazo de la promoción de $LIBRA por parte del presidente Javier Milei aún es incierto pero hay coincidencia en la necesidad de impulsar la investigación sobre los hechos concretos.
Lo que importa
Desde los pasillos tribunalicios se da por hecho que la investigación avanzará, más allá de quiénes resulten imputados. «Se trata de analizar los hechos, es necesario hacerlo y es mejor que se investigue», explicó una fuente judicial a Quórum.
Las miradas estuvieron puestas en el sorteo que definió el juzgado de María Servini como el encargado del expediente. La primera denuncia fue presentada por el ex diputado Claudio Lozano y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, señalando presunta estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público, bajo la ley de Ética Pública.
El foco en Milei: ¿puede ser imputado?
Las especulaciones iniciales en Tribunales indican que la posible imputación del Presidente dependerá de si se prueba que alguien de su entorno se benefició económicamente o manejó información privilegiada con la promoción de $LIBRA. El sólo hecho de haber publicado un posteo en X no sería suficiente para sostener una acusación penal, aunque podría derivar en una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público si se comprueba que hubo uso indebido del cargo para favorecer intereses privados.
En ese sentido, algunos funcionarios judiciales relativizan la calificación de «estafa» y consideran que, en el mejor de los casos, podría haber un posible incumplimiento de deberes. Sin embargo, todo dependerá del avance de la investigación y de la información que surja en las próximas semanas.
La denuncia también involucra a Julián Peh, CEO y cofundador de Kip Network Inc y KIP Protocol, al influencer Daniel Parisini (“Gordo Dan”), al ensayista Agustín Laje, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a Hayden Mark Davis, de Kelsier Ventures, entre otros. La lista de investigados podría ampliarse a medida que avance la causa.
La posible defensa de Milei: libertad de expresión y falta de perjuicio concreto
Desde el entorno presidencial ya se barajan los posibles argumentos de defensa en caso de que la investigación avance sobre Milei.
- Libertad de expresión y ausencia de responsabilidad penal: La línea central de defensa podría centrarse en que el presidente simplemente compartió información pública sobre un activo digital, sin instar a ninguna acción específica ni garantizar beneficios económicos. «Publicar un tuit no configura un delito», podrían argumentar sus abogados, señalando que no hubo engaño ni promesa fraudulenta.
- Inexistencia de perjuicio directo: Hasta el momento, no se han presentado denuncias de personas damnificadas que hayan perdido dinero tras la promoción de $LIBRA. En casos similares, como la estafa con la plataforma Coinx, la Justicia avanzó porque hubo personas afectadas que probaron haber sido inducidas a error.
- La ausencia de un marco regulatorio específico: A diferencia de otros activos financieros, las criptomonedas operan en un vacío legal en Argentina. La defensa podría señalar que no existe normativa que prohíba a un funcionario recomendar una criptomoneda o hablar sobre ella en redes sociales.
Un caso con impacto político más que judicial
Más allá de las cuestiones legales, el escándalo de $LIBRA ya tiene consecuencias en el plano político. La comparación con el caso Coinx fue inevitable en Tribunales, dado que aquella investigación derivó en inhibiciones de bienes para los imputados.
Por ahora, la pelota está en el terreno judicial. La jueza Servini y el fiscal Taiano tendrán que determinar si hubo delito y si el presidente de la Nación puede ser alcanzado por la investigación. Mientras tanto, Milei y su entorno preparan una estrategia de defensa que se apoyará en la falta de un daño concreto y en la libertad de expresión.
El caso recién comienza y promete ser un nuevo frente de batalla en la agenda política y judicial de la Argentina.
