Daniel Vítolo apoyó el decreto presidencial que convirtió en una sociedad anónima a la empresa estatal y dijo que «dejará de ser una ‘hacienda productiva’ del Estado» para convertirse «en una estructura jurídica societaria, que contará con una dirección profesional y un presupuesto equilibrado».
El inspector general de Justicia, Daniel Roque Vítolo, apoyó la decisión del Gobierno de Javier Milei de transformar a la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una Sociedad Anónima.
«Milei ha dado un nuevo ejemplo de cómo pueden cumplirse los objetivos y los plazos establecidos para transformar las Empresas del Estado en Sociedades Anónimas como lo dispuso el decreto DNU 70/2023″, aseguró Vítolo.
La noticia sobre la privatización de la empresa se conoció este domingo por medio de una publicación en la red social X del vocero presidencial Manuel Adorni. “El presidente de la Nación ha firmado el decreto que transforma la empresa Yacimiento Carbonífero de Río Turbio en una Sociedad Anónima. Nada de lo que no deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Que tengan todos un gran inicio de semana”, anunció el portavoz.
Para el inspector general de Justicia «la compañía minera de Santa Cruz no era sustentable desde hacía décadas». «Fue parte del plan energético del kirchnerismo que nunca cumplió con su promesa productiva y acumuló años de números en rojo. El actual gobierno la encontró cuando asumió en diciembre de 2023 con un déficit mensual de más de 5 mil millones de pesos, con una planta de personal de 2.110 trabajadores, y la administración de Alberto Fernández le giraba más de 12 mil millones de pesos por mes a fondo perdido», detalló el jefe de la IGJ.
Vítolo indicó que la empresa «estuvo rodeada históricamente de denuncias por corrupción» y recordó que eso derivó en el desafuero de la Cámara de Diputados de Julio De Vido para luego ser encarcelado.
«De Vido fue acusado de haber desviado más de 176 millones de pesos del presupuesto para una de sus obras; y además fue protagonista en 2004 de un accidente que constituyó la mayor tragedia minera que ocurriera en la Argentina, luego de que un centenar de trabajadores ingresó al socavón de la mina, donde se declaró un incendio, que mató a 14 mineros», apuntó.
Según el inspector general de Justicia, con esta decisión de Milei «la nueva sociedad dejará de ser una ‘hacienda productiva’ del Estado soportada por el denominado ‘Sector Público Nacional de la ley 24.156’.
«La compañía minera de Santa Cruz no era sustentable desde hacía décadas».
Daniel Vìtolo, inspector general de Justicia.
«Hoy YCF se ha convertido en una estructura jurídica societaria, que contará con una dirección profesional y un presupuesto equilibrado, y que puede recibir inversiones para hacerse sustentable, transparente y más segura, manteniendo el Estado su participación mayoritaria como accionista; y la nueva sociedad incluso puede llegar a ser privatizada según lo establecido en la Ley bases 27.742″, afirmó.
Vitolo entendió que el decreto no representaría un «impacto negativo alguno para los trabajadores». «Por el contrario, los protege y garantiza sus derechos, quedando sujetos a las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, preservando los derechos adquiridos en materia de antigüedad, remuneración, categoría laboral y cobertura social, quienes podrán negociar un nuevo y más moderno convenio colectivo de trabajo», señaló.
