El fallo fue dictado por el Juzgado Civil y Comercial, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Paz de Santa Lucía, en la provincia de Corrientes. El acusado tiene una condena por violencia de género y abuso sexual.
El Justicia ordenó el embargo preventivo de los bienes de un hombre previamente condenado por violencia de género y abuso sexual en la provincia de Corrientes. La víctima presentó una demanda civil reclamando una indemnización de más 33 millones de pesos por daño moral.
El juez Daniel Alejandro Azcona -a cargo del Juzgado Civil y Comercial, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Paz de Santa Lucía- consideró que la existencia de una condena penal previa aportaba suficiente «verosimilitud al derecho reclamado».
«El demandado tiene una condena en sede penal por violación hacia la demandante, cuestión suficientemente verosímil para la existencia de un daño de la extensión y alcance que reclama», justificó el juez Azcona en la resolución.
Además, el magistrado tuvo en cuenta el peligro en la demora, ya que el demandado, una persona de edad avanzada con problemas de salud, podría disponer de sus bienes, afectando la posibilidad de una futura ejecución de la sentencia.
La decisión judicial destacó «la importancia de aplicar la perspectiva de género», resaltando que la víctima ya había solicitado medidas de protección y obtenido una sentencia penal condenatoria. El juez subrayó que, de no adoptarse el embargo preventivo, la sentencia podría resultar «de imposible cumplimiento».
Esta medida cautelar busca garantizar que, en caso de una sentencia favorable en el ámbito civil, la víctima pueda efectivamente recibir la reparación económica solicitada. El embargo se aplicó sobre varios inmuebles del demandado ubicados en los departamentos de Lavalle y la ciudad de Corrientes.
El caso, además, sienta un precedente en la aplicación de medidas cautelares con perspectiva de género, resaltando la relevancia de proteger los derechos de las víctimas de violencia de género y abuso sexual en procesos civiles.