El Gobierno nacional anunció que a partir del 11 de agosto entrará en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en los tribunales federales de Comodoro Py y la Avenida de los Inmigrantes. Este sistema busca agilizar las causas judiciales al trasladar la investigación de los jueces a los fiscales y fomentar la oralidad. Si bien cuenta con apoyo dentro del Poder Judicial, jueces y funcionarios advierten sobre la falta de fondos y la gran cantidad de vacantes en el fuero federal.
Contexto
El nuevo Código Procesal Penal Federal fue aprobado en 2015 mediante la Ley 27.150, pero su implementación ha sido progresiva. Ya funciona en 10 provincias y en 2024 fue puesto en marcha con éxito en Rosario, donde permitió acelerar la resolución de casos de narcotráfico y crimen organizado. Ahora, el Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, busca extender el modelo a los tribunales federales más grandes del país.
El sistema acusatorio transforma el rol del juez, quien ya no llevará adelante la investigación, sino que tomará decisiones imparciales en base a la labor de los fiscales. “A partir de ahora, toda causa va al Ministerio Público Fiscal, que analiza si vale la pena investigarla o si es un hecho insignificante”, explicó Cúneo Libarona.
Bajo este modelo, se privilegia la oralidad y la resolución rápida de causas menores mediante probation, juicios abreviados o acuerdos de conciliación. En cambio, delitos de gran envergadura como la corrupción, el narcotráfico o el crimen organizado serán elevados directamente a juicio oral con mayor celeridad. “Esto está matemáticamente probado: con celeridad se lleva a cabo el juicio oral”, enfatizó el ministro.
Cómo sigue
A pesar del consenso sobre la necesidad de acelerar los procesos judiciales, la implementación enfrenta desafíos importantes. Según fuentes judiciales, “hay voluntad política en toda la Justicia de avanzar con el nuevo Código, pero el Gobierno debe garantizar los fondos para crear nuevas salas de audiencias y mejorar los sistemas informáticos”.
Otro problema es la cantidad de vacantes en el fuero federal: actualmente, el 30% de los juzgados y fiscalías federales no tienen titulares. En el fuero penal económico, por ejemplo, de seis jueces, solo dos son titulares. Esta situación complica la transición al nuevo modelo, que requiere fiscales con mayor capacidad operativa.
Para Cúneo Libarona, la implementación del sistema acusatorio es sólo una parte de una reforma integral de la Justicia que incluye la reforma del Código Penal, la expansión del juicio por jurados y la creación de un régimen penal juvenil. “Todas estas reformas tienden a que tengamos una justicia eficiente y rápida, que es por lo que clama la sociedad”, aseguró.
El próximo paso será la implementación del sistema en Mar del Plata el 7 de abril, aunque este distrito judicial es mucho más pequeño que Comodoro Py. De lograr consolidar el cambio en la Justicia Federal, solo restaría la provincia de Buenos Aires para completar la transición al nuevo código procesal en todo el país.
Si bien la reforma cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei, quien ha reiterado la necesidad de “transformar la Justicia”, el éxito de la implementación dependerá en gran parte de la capacidad del Gobierno para solucionar los problemas de infraestructura, financiamiento y recursos humanos. Por ahora, el desafío está planteado y el reloj avanza hacia el 11 de agosto.
