Un exhaustivo programa piloto en Argentina exploró las vastas posibilidades y los desafíos que la inteligencia artificial generativa (IAGen) presenta para el sistema judicial de nuestro país.
Con el objetivo primordial de incrementar la eficiencia y la calidad de las funciones judiciales, esta iniciativa representa un paso fundamental hacia la modernización del sector, basándose en los cimientos de investigaciones previas lideradas por el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA-IALAB) y la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS).
Tal como informó oportunamente Quórum, además de evaluar la tecnología, el programa se enfocó en sensibilizar y capacitar a los operadores judiciales en el uso estratégico, ético y responsable de herramientas de IAGen como ChatGPT y Gemini.
La implementación del programa piloto involucró la participación activa de equipos conformados por jueces, funcionarios y funcionarias de diversas jurisdicciones argentinas, incluyendo las provincias de Mendoza, San Juan, Tierra del Fuego, Misiones, Tucumán, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A lo largo de esta fase exploratoria, se llevaron a cabo un total de 29 pruebas concretas en diferentes poderes judiciales, permitiendo una evaluación del impacto de la IAGen en diversos contextos y tareas.
Resultados Preliminares
Los resultados preliminares del programa piloto arrojan luz sobre el significativo potencial de la IAGen para optimizar los procesos judiciales. El estudio reveló que, en tareas de alta complejidad, la IAGen logró un impresionante 77% de eficiencia.
En cuanto a las tareas de complejidad media y baja, se observaron eficiencias del 38% y 28% respectivamente. Un caso paradigmático de esta optimización se evidenció en la identificación de los agravios de un recurso de inconstitucionalidad, una tarea que, sin la asistencia de la IAGen, demandaba aproximadamente 25 minutos, mientras que con su implementación se completó en tan sólo 2 minutos y 30 segundos, lo que representa una reducción del tiempo de trabajo del 90%.
La evaluación del desempeño de las plataformas de IAGen por parte de los participantes fue mayoritariamente positiva, con valoraciones que promediaron más de cuatro puntos sobre cinco en términos de calidad del resultado y eficiencia en el tiempo. Los modelos ChatGPT-4o y Gemini Ultra se destacaron al obtener las mejores puntuaciones en ambas dimensiones, lo que sugiere una mejora continua en la capacidad de los modelos de IA para ofrecer respuestas precisas y útiles en el ámbito judicial.
El análisis del uso de la IAGen reveló que las tareas más frecuentes fueron la redacción de documentos (30,70%), abarcando resoluciones, dictámenes y sentencias, seguida del análisis de información (17,31%) y la búsqueda de información (11,67%), incluyendo jurisprudencia y doctrina. La ideación de argumentos y estructuras jurídicas representó el 10,57% de las interacciones, mientras que la mejora de textos existentes alcanzó el 6,81%. Este patrón de uso sugiere que la IAGen no sólo se emplea como una herramienta de consulta, sino como un apoyo integral en el proceso de redacción sustancial y el análisis jurídico.
Supervisión humana y protección de datos
A pesar de los prometedores avances, el programa piloto también puso de manifiesto desafíos significativos en la implementación de la IAGen en el contexto judicial. Se constató que la efectividad de estas herramientas está intrínsecamente ligada a la habilidad de los usuarios para interactuar y complementar sus tareas con ellas. Asimismo, se identificaron limitaciones importantes relacionadas con la necesidad de anonimizar datos sensibles para proteger la información de terceros involucrados en los procesos judiciales, especialmente cuando las políticas de privacidad de las plataformas de IA no permitían adaptaciones a medida.
Un aspecto crucial resaltado por los participantes fue la imprescindible necesidad de supervisión humana de las respuestas generadas por la IA. Se identificaron errores en la interpretación de documentos jurídicos y limitaciones en la generación de respuestas especializadas, lo que subraya que, si bien la IAGen ofrece un apoyo considerable, no reemplaza la actividad humana y requiere una revisión exhaustiva para evitar graves errores que podrían comprometer la calidad del servicio de justicia y los derechos de las personas. Los voluntarios destacaron la importancia de verificar las respuestas antes de su uso.
Transición de paradigmas
El estudio también abordó la evolución del paradigma de acceso a la IAGen en el ámbito judicial. Inicialmente, el uso de herramientas como ChatGPT, Copilot o Gemini requería que los usuarios accedieran de forma activa a entornos específicos, separados de las aplicaciones tradicionalmente utilizadas en el Poder Judicial. En muchos casos, este acceso se realizaba bajo licencias gratuitas o contratadas de manera personal por los agentes.
Sin embargo, a partir del último trimestre de 2024, se ha presenciado una transformación significativa con la integración progresiva de la IAGen en aplicaciones de uso diario en el Poder Judicial, como procesadores de texto (Microsoft Word, Google Docs), hojas de cálculo (Excel, Google Sheets) y plataformas de reuniones virtuales (Zoom, Teams). Esta integración, donde funcionalidades impulsadas por IA se activan de forma nativa y automática, representa un cambio fundamental en el paradigma, acercando la IAGen al flujo de trabajo cotidiano de los operadores judiciales. Actualmente, ambos paradigmas coexisten, aunque una parte de los agentes aún enfrenta dificultades para incorporar plenamente la IA en sus tareas.
Hacia un marco normativo adaptativo
Ante este panorama en evolución, el informe subraya la urgente necesidad de repensar la regulación de la IAGen en el ámbito judicial. Las normativas existentes que promueven autorizaciones específicas o la obligación de informar explícitamente sobre su uso podrían volverse obsoletas en un contexto de integración tecnológica por defecto. Se propone el desarrollo de estrategias regulatorias basadas en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, que consideren el nuevo escenario y aborden el uso responsable, la prevención y mitigación de riesgos, teniendo en cuenta variables específicas de cada caso. Se sugiere establecer distinciones normativas entre escenarios donde la IA tiene una incidencia significativa en los derechos y aquellos donde su rol es más auxiliar.
En todos los casos, se enfatiza la importancia de garantizar la supervisión humana efectiva, la transparencia algorítmica y la posibilidad de auditorías periódicas. Además, se destaca la necesidad de que las resoluciones regulatorias diferencien el tipo de usuario destinatario (By User o By IT), ya que la implementación y los riesgos asociados varían según el modelo de gestión de acceso a la IAGen. Mientras que en entornos By IT las directrices deberían centrarse en la seguridad y la integración centralizada, en escenarios By User se debe priorizar la capacitación y la sensibilización sobre riesgos. Se sugiere un enfoque híbrido que combine políticas institucionales centralizadas con protocolos de autogestión regulada para los usuarios.
El Programa Piloto de Uso Estratégico y Responsable de IA Generativa en la Justicia Argentina concluye que la IAGen posee un potencial transformador para la práctica judicial, optimizando tiempos y mejorando la calidad. Sin embargo, su implementación exitosa requiere un enfoque colaborativo entre instituciones académicas, judiciales y tecnológicas, así como el desarrollo continuo de estrategias que garanticen su uso responsable y ético, con una formación continua de los operadores judiciales y una adaptación de las normas y procedimientos a esta nueva realidad.
