El ministro de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, advierte que “los fallos están para cumplirse” y reclama el traspaso de competencias pendientes para consolidar la autonomía porteña. Defiende el fallo de la Corte Suprema en el Caso Levinas, responde a las críticas del ámbito judicial nacional y sostiene que la Ciudad está lista para gestionar su propia Justicia.
Es el primer Ministro de Justicia que tiene la Ciudad, ¿qué representa para usted?
Para mí es un honor estar encabezando el primer Ministerio de Justicia de la Ciudad, porque eso significa que nuestra gestión está haciendo historia. Este ministerio se creó por la decisión política del jefe de Gobierno, Jorge Macri, de escindir las carteras de Justicia y Seguridad, con el principal objetivo de visibilizar la agenda de justicia local y, sobre todo, avanzar en el proceso de consolidación de una autonomía plena de la ciudad de Buenos Aires.
¿Cuáles son los principales objetivos de su gestión?
Estamos decididos a lograr el traspaso de todas las competencias pendientes que hacen a la autonomía. Queremos cumplir con lo que dispone la Constitución, que establece que la Ciudad debería contar con “un régimen de Gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción”. Desde 1994 tenemos varias deudas pendientes con los porteños, entre ellas, las competencias judiciales (laborales, penales y civiles), así como el traspaso del Puerto de Buenos Aires y la terminal de ómnibus de Retiro, entre otros. Para lograr nuestros objetivos, desde el Ministerio ejercemos un rol de puente. Hacia adentro, somos un puente entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Y hacia afuera, somos un puente entre el vecino y la Justicia. Otro de los objetivos de nuestra gestión es justamente lograr que la Justicia sea, ante todo, un servicio al ciudadano.
El fallo “Levinas” ha sido considerado un avance significativo hacia la autonomía plena, ¿qué pasos concretos planea su Ministerio para implementar esta decisión y fortalecer la Justicia porteña?
Es necesario aclarar que el fallo “Levinas” ratifica una doctrina que la Corte Suprema de Justicia ya venía sosteniendo. Casos como “Bazan” y “Nisman” dan cuenta de ese criterio, que además, como ya mencioné, viene respaldado nada más ni nada menos que por la letra escrita de nuestra Carta Magna. Desde hace meses estamos reclamando que se efectivicen los traspasos pendientes y eso vamos a seguir haciendo: dialogar con Nación para lograr acuerdos, demostrar con gestión que somos capaces de hacerlo bien porque estamos cerca de la gente y buscamos alternativas para resolver sus problemas, mientras que esas transferencias no se ejecuten.
Diversos sectores del ámbito judicial nacional han manifestado su oposición al fallo, argumentando posibles conflictos de competencia, ¿cómo responde a estas críticas?
La Corte Suprema Justicia dispuso que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad haga de alzada de las cámaras ordinarias que deberían ser locales. Las críticas responden meramente a un tema de organización judicial. Quienes critican el fallo de la Corte son miembros de la Justicia nacional, a quienes como consecuencia de la ratificación de la autonomía de la Ciudad se les indicó que antes de llegar a la Corte, sus sentencias deben ser revisadas por el órgano superior del que ellos pertenecen y ejercen su función. Y esto ya ocurre en todas las provincias: cualquier juez antes de llegar a la Corte tiene que pasar por la revisión del órgano superior correspondiente de cada distrito.
El procurador General de la Nación, Eduardo Casal, solicitó la suspensión de la aplicación de la decisión de la Corte. ¿Cuál es su posición al respecto y cómo afecta esta solicitud al proceso de autonomía judicial de la Ciudad?
Mi posición es clara: los fallos están para cumplirse. Nuestra prioridad como Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es terminar con el “inmovilismo” que mencionó la Corte en el fallo “Levinas” y avanzar en el proceso de darle a los porteños el servicio de justicia ágil, local y moderno que se merecen.
¿Hay diálogo con el Gobierno nacional para avanzar en acuerdos políticos que puedan destrabar la transferencia de las competencias que aún no han sido traspasadas?
Venimos trabajando con el Gobierno nacional, dialogando para avanzar en transferencias como la de las 31 líneas de colectivos o el traspaso del Servicio Penitenciario Federal. A su vez, seguimos reclamando las competencias que al día de la fecha no se efectuaron. Ahora, eso no nos va a frenar en nuestra búsqueda de una autonomía plena de la Ciudad. Por eso, en paralelo avanzamos, por ejemplo, con la puesta en marcha del fuero del trabajo, que en breve se va a poner en funcionamiento.
Se ha cuestionado judicialmente la creación de este fuero. ¿Qué medidas han tomado?
Nosotros estamos convencidos en la necesidad de poner en funcionamiento el fuero del trabajo en la Ciudad, que fue sancionado en diciembre de 2024, para que los problemas locales tengan finalmente soluciones locales. En febrero enviamos una nota al Consejo de la Magistratura de la Ciudad consignando que en el Presupuesto 2025, también aprobado por la Legislatura, están reflejadas las partidas correspondientes para avanzar con la implementación del fuero laboral local, llamando a concurso para cubrir los cargos de magistrados. Queremos que el fuero del trabajo de la Ciudad sea una realidad lo antes posible y vamos a insistir todo lo que sea necesario para conseguirlo.
Recientemente, se han producido fugas de detenidos en comisarías de la Ciudad, lo que ha puesto en evidencia la superpoblación y las condiciones inadecuadas de detención. ¿Qué acciones inmediatas está tomando su Ministerio para abordar esta problemática?
La estadía de presos nacionales en las comisarías de la Ciudad no es un tema nuevo. Es un tema que incluso se agravó, porque el año pasado detuvimos a más personas. Pero esto es simple: los presos tienen que estar en una cárcel. La comisaría es un lugar de tránsito para un detenido, no un lugar definitivo. Hace 15 meses que venimos pidiendo que nos traspasen el Servicio Penitenciario Federal, porque tenemos la vocación de hacernos cargo. La seguridad de los porteños es una prioridad para nosotros. Hace unos pocos días Jorge Macri anunció una inversión en seguridad de más de 85 mil millones de pesos, de los cuales se destinarán más de 10 mil millones para ampliar y mejorar las instalaciones de comisarías y alcaidías.
El Jefe de Gobierno porteño ha señalado que el 94% de los detenidos en comisarías corresponden a causas de la Justicia nacional o federal, lo que complica la gestión local. ¿Se ha podido avanzar en gestiones con el Gobierno nacional para resolver este tema?
En noviembre pasado firmamos un acta de intención con la ministra Patricia Bullrich y ella se comprometió a firmar el acuerdo por el traspaso. Mientras tanto, los presos de la Ciudad siguen siendo una responsabilidad de la Nación. Queremos resolver cuanto antes con la Nación la transferencia de parte del Servicio Penitenciario Federal a la órbita de la Ciudad. Estamos abiertos al diálogo y a continuar gestionando este traspaso. Por supuesto, entendemos que la transferencia de todo un sistema lleva tiempo, pero para nosotros es una prioridad seguir trabajando coordinados con el Gobierno nacional y efectivizar ese traspaso de manera ordenada y consensuada. En paralelo, reiniciamos la construcción del penal de Marcos Paz, para trasladar a esa cárcel a detenidos que están alojados en Villa Devoto, en comisarías y en alcaidías de la Ciudad.
Promovieron la sanción de una Ley de Reiterancia a nivel local y a nivel nacional se avanzó sobre el tema, ¿por qué era importante la aprobación de una ley de estas características?
Era algo necesario. Cualquier Gobierno que se interese realmente en la seguridad de la gente sabe que cada vez son más los casos de reincidentes impunes. En la Ciudad hicimos bandera con este tema, avanzando en nuestro primer año de gestión con una Ley de Reiterancia que les da a los jueces la herramienta para que pongan fin a la puerta giratoria. Sin embargo, al no estar transferidas las competencias en materia judicial, era necesaria la sanción a nivel nacional de esta ley. Celebramos que se haya aprobado en el Congreso.