La jueza federal María Eugenia Capuchetti resolvió archivar por inexistencia de delito la denuncia presentada por el diputado Facundo Manes contra el asesor presidencial Santiago Caputo, al considerar que lo ocurrido entre ambos durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional se trató de una «disputa política» sin relevancia penal.
La denuncia hacía referencia a supuestas agresiones ocurridas el 1 de marzo último. En su resolución, la magistrada determinó que «la indignación personal sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos, particularmente aquellos que se exhiben en las instituciones públicas de gobierno, no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal».
Lo que importa
En la misma resolución, Capuchetti también archivó otra denuncia vinculada al mismo hecho, presentada por Fernando Miguez y que involucraba además a Franco Iván Jeremías Antunez Pachol, conocido como Fran Fijap.
La jueza sostuvo que «las discusiones en el interior del Congreso, aunque puedan ser intensas o contener momentos de confrontación verbal, deben ser comprendidas dentro de los márgenes de lo que se considera un intercambio político legítimo».
Pese a que el fiscal federal Ramiro González había solicitado impulsar la investigación con medidas de prueba, la jueza concluyó que «ciertas expresiones de tono elevado pueden resultar inadecuadas o incluso reprobables desde una óptica ética», pero no constituyen delito.
Contexto
El incidente que dio origen a la denuncia ocurrió en el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo pasado
Manes había señalado que sufrió agresiones verbales y físicas por parte de Santiago Caputo, asesor cercano al presidente Javier Milei.
La resolución de la jueza enfatizó que cualquier inconveniente relacionado con el comportamiento en el Congreso debe resolverse a través de los mecanismos administrativos internos, sin la necesidad de intervención penal.
Cómo sigue
La decisión de la jueza Capuchetti no es definitiva y podrá ser apelada ante la Cámara Federal porteña
