Mientras el gobierno de Javier Milei negocia un nuevo acuerdo con el FMI, una corte estadounidense decidirá si Argentina debe pagar USD 16.000 millones por la expropiación de YPF. El Financial Times cuestiona la legitimidad del proceso y advierte que el precedente es peligroso.
Lo que importa
La economía argentina podría verse gravemente afectada por una sentencia judicial emitida a más de 8.000 kilómetros de distancia. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos debe revisar un fallo de USD 16.000 millones contra el Estado argentino por la expropiación de YPF en 2012. Para el Financial Times (FT), se trata de un caso que “nunca debió salir de Argentina” y que representa una seria amenaza tanto para el programa de reformas del presidente Javier Milei como para la legitimidad de la jurisdicción estadounidense en causas soberanas extranjeras.
En una columna firmada por Jay Newman, ex ejecutivo del fondo Elliott Management, el FT califica el proceso como una paradoja legal y geopolítica: “En una vuelta irónica del destino, tres jueces estadounidenses tienen el destino de una nación en sus manos”, escribió. La causa, impulsada por el fondo Burford Capital, se basa en derechos adquiridos en el mercado secundario y no en la empresa original.
El fallo representa más de una cuarta parte del presupuesto argentino para 2024, según el diario británico, y llega en un momento en que el país acumula reservas negativas por USD 6.000 millones y busca cerrar un acuerdo de USD 20.000 millones con el Fondo Monetario Internacional. Un error de cálculo en la conversión de la indemnización podría haber inflado la condena: el uso de la “breach-day rule” en lugar de la “judgment-day rule” elevó el monto de la sentencia, que, según Newman, debería rondar los USD 100 millones.
Contexto
El litigio comenzó tras la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de expropiar el control de YPF, entonces en manos de la española Repsol. La medida, argumentada como una necesidad de “política pública” para asegurar la soberanía energética, se realizó bajo legislación argentina y en territorio argentino. YPF, recuerda el FT, es una corporación nacional creada por ley local, que opera bajo el marco jurídico argentino.
Sin embargo, el reclamo fue presentado en tribunales de Nueva York, lo que el FT califica como una maniobra de “forum shopping”: elegir un fuero favorable para obtener una condena más alta. Newman sostiene que los demandantes ignoraron los mecanismos previstos en la Ley General de Expropiaciones de 1977 o el tratado bilateral de inversiones con España. “Los procedimientos legales debieron haber permanecido en Argentina, porque la disputa es puramente local”, argumenta el autor.
El caso presenta además una figura inédita en el derecho argentino: accionistas (Petersen Energía) demandando a otros accionistas por violaciones estatutarias derivadas de un acto soberano. La empresa Petersen fue fundada, dirigida y controlada por ciudadanos argentinos, lo que refuerza el carácter doméstico del conflicto.
Cómo sigue
La Corte de Apelaciones de Nueva York revisará el caso “de novo”, lo que le permite corregir el método de cálculo aplicado por la jueza de primera instancia. Esta revisión podría reducir significativamente la indemnización y dar margen de maniobra al plan económico de Milei.
Pero más allá de lo financiero, está en juego una cuestión institucional global: la credibilidad de las cortes estadounidenses como árbitros de conflictos soberanos. El FT advierte que múltiples amicus curiae —incluido el gobierno de EE.UU., cuatro países extranjeros y académicos— alertaron sobre los riesgos de permitir que tribunales locales juzguen actos regidos por leyes foráneas. “Imaginen el vitriolo justificado que llenaría estas páginas si tribunales argentinos aceptaran juicios contra EE.UU. por hechos ocurridos en su territorio”, ironiza la columna.
En palabras del Financial Times, permitir que el fallo se mantenga tal como está “sólo puede terminar mal”: socavaría el sistema legal internacional, erosionaría el principio de comity y pondría en riesgo tanto la reestructuración del Estado argentino como la integridad del sistema judicial estadounidense.