El juez Roberto Gallardo, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aceptó el pedido realizado por la CGT y la UTEP.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a una petición de dirigentes gremiales para que el operativo de seguridad de la próxima marcha de jubilados esté a cargo de la Policía porteña.
El juez Roberto Andrés Gallardo aceptó el planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) para que el Ministerio de Seguridad de La Nación, a cargo de Patricia Bullrich, no intervenga en la protesta del miércoles 9 de abril.
Los gremios habían pedido una medida cautelar para “intimar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a coordinar y conducir un operativo de seguridad para la movilización” y para que “delimite en forma previa y concreta los denominados ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante”.
En el fallo, el juez Gallardo consideró que “no se trata de un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional». “Es una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales de quienes participarán en la manifestación pública”, señaló.
Para el magistrado “el riesgo invocado -lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión, sopesado en la opresión de la autonomía de la CABA- no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”.
Además, el magistrado tuvo en cuenta los hechos de violencia registrados en las últimas manifestaciones. “En los últimos meses, varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación han resultado en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, derivando en situaciones de violencia, conflictos y caos«, argumentó.
“Es igualmente preocupante la actitud avasalladora y excesiva que muestra el Estado nacional, quien sin tapujo alguno avanza sobre la autonomía de la CABA so pretexto de aplicar protocolos que ‘proponen’ asegurar la convivencia de la ciudadanía porteña en el contexto de una manifestación”, sentenció.
