La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó hoy con prisión preventiva a siete allegados al destituído ex senador entrerriano Edgardo Kueider en la causa que lo investiga por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
El ex senador tiene pedido de captura internacional para ser indagado.
Kueider está preso en Paraguay desde diciembre, acusado de intento de contrabando de divisas y supuesto lavado de activos luego de ser sorprendido llevando en su automóvil 211.000 dólares que quiso ingresar a ese país sin declarar. Si bien no se ha logrado aún su extradición a la Argentina, la magistrada avanza en la investigación de su entorno y posibles testaferros.
Lo que importa
En ese marco, Arroyo Salgado procesó ahora a otros imputados en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, entre ellos a Rodolfo González, propietario del vehículo que conducía Kueider y en el que iba junto a su secretaria Iara Guinsel Costa en ese cruce a Ciudad del Este en el cual se los sorprendió con el dinero. Ambos están ahora bajo arresto domiciliario en el país vecino.
El ahora procesado González trabajaba para Kueider en el Senado de la Nación.
Además hubo procesamientos vinculados a la compra de departamentos en la ciudad entrerriana de Paraná, cuya propiedad se sospecha es de Kueider pero estaban a nombre de una sociedad, Betail SA.
En todos los casos se les atribuye «lavado de activos» de manera «continuada» y agravada por ser parte de una «asociación ilícita» formada para cometer este tipo de delitos con intervención de funcionarios públicos.
Otro procesado con prisión preventiva es el contador José Nogueras.
La jueza concedió arresto domiciliario con tobillera electrónica a otros cuatro procesados.
Para la magistrada el grupo integró una «banda» delictiva para manejar los «grandes capitales» de Kueider.
Todos cuentan con !el conocimiento, soporte de terceras personas, abundantes medios disponibles y recursos financieros que les podrían permitir, a todos ellos, organizar una posible fuga del proceso y entorpecer la investigación” advirtió al justificar las prisiones preventivas.
La jueza ubicó los delitos con fecha de inicio 1 de marzo de 2019 hasta la actualidad y cometidos para otorgar apariencia lícita a dinero obtenido de manera ilegal, de posibles delitos como «cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y violación de deberes de funcionario público».
