Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, dispuso que los presos sin ocupación realicen tareas generales en las unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal.
El Ministerio de Seguridad de la Nación estableció un nuevo régimen laboral para los detenidos alojados en las cárceles que dependen del Servicio Penitenciario Federal (SPF): limitó el pago de peculio a los internos que no participen en tareas con fines productivos y dispuso que todos deben trabajar.
A través de la Resolución 429/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, se definió que solo el 5% de los detenidos podrá recibir una compensación económica por realizar tareas de mantenimiento, y únicamente si las desarrollan como única ocupación durante al menos ocho horas diarias.
La medida forma parte de un plan de reestructuración del sistema penitenciario que busca ordenar el uso de recursos, reducir privilegios y garantizar que el trabajo esté orientado a la reinserción.
Entre otras cosas, la normativa sostiene que durante los últimos años se consolidó un esquema “asimilable a un plan social”, donde los pagos se realizaban sin que mediara una verdadera actividad laboral, lo que se considera incompatible con los fines del tratamiento penitenciario.
La cartera que conduce Patricia Bullrich señaló como dato que a fines de 2024 el 66,33% de los internos alojados en el SPF percibía un peculio, pero solo el 38,72% realizaba tareas productivas orientadas a su reinserción social. El resto cobraba por trabajos como limpieza, mantenimiento o higiene, considerados como parte de las obligaciones de convivencia dentro de los establecimientos.
“El pago de la remuneración se transformó en una asignación económica asistencial para la persona detenida y, en muchos casos, para su grupo familiar, asimilándose a un ‘plan social’ que podría importar, a la par de un uso indebido de fondos públicos, un posible fraude en perjuicio de la administración pública”, señala el texto oficial.
La resolución aclara que estas tareas generales seguirán siendo obligatorias para toda la población carcelaria, pero no serán remuneradas salvo para ese 5% de casos excepcionales. Además, se establece que el peculio otorgado no estará vinculado al salario mínimo vital y móvil, sino que se distribuirá según criterios definidos por la Ley de Ejecución de la Pena y el Reglamento de Procesados.
Según se informó, la implementación del nuevo régimen estará a cargo de la Dirección Nacional del SPF, que deberá elaborar planes específicos, controlar su cumplimiento e informar mensualmente las cifras destinadas al pago de peculios por actividades productivas.
La normativa también se apoya en un argumento de control de fondos públicos: durante 2024, el 75% del presupuesto del ENCOPE (Ente de Cooperación Técnica y Financiera del SPF) se destinó al pago de peculios, lo que representó más de 19 mil millones de pesos. De ese total, un 59,54% fue a tareas que no cumplen con objetivos productivos.
