El ministro de Justicia porteño Gabino Tapia presentó una denuncia formal por expreso mandato del jefe de Gobierno Jorge Macri, que busca investigar y sancionar a los metrodelegados responsables del paro total del subte y premetro durante una hora, al que calificó de “ilegítimo”.
Se argumenta que hubo afectación dolosa al transporte público.
Lo que importa
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denunció penalmente a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), conocida como Metrodelegados, por el paro general del servicio durante una hora realizado este viernes 11 de abril.
La presentación fue realizada por el ministro de Justicia, Gabino Tapia, por instrucción del jefe de Gobierno Jorge Macri, y sostiene que el cese de actividades afectó deliberadamente el servicio público de transporte. La denuncia se basa en el artículo 194 del Código Penal, que sanciona la interrupción del transporte público, y en el artículo 79 del Código Contravencional porteño.
Por la mañana el jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri, criticó la medida gremial y luego volvió a pronunciarse al respecto.
Contexto
La medida de fuerza llevada adelante por los Metrodelegados fue total y paralizó todas las líneas del subte y el premetro entre las 14 y las 15 hs. Según el escrito judicial, el paro fue anunciado públicamente con anterioridad, lo que para el Gobierno demuestra la existencia de dolo, es decir, la intención de afectar el transporte.
En el texto presentado ante la fiscalía, Tapia señala que la AGTSyP justificó la protesta en supuestas contrataciones fraudulentas dentro del sistema de subtes, aunque remarca que no se brindaron detalles concretos sobre estas denuncias.
El ministro considera que este argumento no legitima la interrupción del servicio y cita jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal que refuerza su postura.
“No puede considerarse que la interrupción o entorpecimiento del transporte se encuentre justificada por el mero hecho de que haya sido realizada en el marco de una protesta gremial”.
La presentación también hace hincapié en que este tipo de actos vulnera el derecho de los ciudadanos a acceder a servicios públicos esenciales y que, por tanto, deben ser investigados y sancionados penalmente.
Cómo sigue
El escrito solicita a la fiscalía que inicie una investigación penal preparatoria para determinar de forma fehaciente qué ocurrió durante la jornada del paro, identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. Para ello, se propusieron diversas medidas probatorias: la solicitud de material audiovisual de canales de TV, el análisis de cobertura digital del paro, declaraciones testimoniales y la colaboración de la empresa Emova, operadora del subte.
Además, se anunció que se aportarán actas notariales que habrían sido labradas durante el paro para verificar su desarrollo.
El Gobierno de Jorge Macri solicita a la fiscalía que promueva la investigación y que se dispongan todas las medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de sus responsables.
