El procurador General interino Eduardo Casal se reunió con fiscales federales y en lo penal económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para avanzar en la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal. El encuentro, encabezado por Casal, reunió a fiscales federales y en lo penal económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para coordinar la transición hacia el nuevo sistema acusatorio.
Lo que importa
La Procuración General de la Nación, bajo la conducción del procurador General interino Eduardo Casal, encabeza una serie de reuniones de trabajo con fiscales federales y en lo penal económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de abordar las necesidades institucionales derivadas de la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en ese distrito a partir del próximo 11 de agosto.
Esa fecha fue fijada por el Ministerio de Justicia de la Nación a través de la Resolución 143/2025, que dispone la plena entrada en vigencia del CPPF en las jurisdicciones correspondientes a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.
En ese marco, se desarrollan en la Procuración General diversas reuniones en las que participan los fiscales generales ante la Cámara Federal de Casación Penal, fiscales federales en lo Criminal y Correccional, fiscales generales ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, fiscales ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y los fiscales nacionales en lo Penal Económico.
Entre los asistentes se encuentran los fiscales de casación Mario Villar, Raúl Plee y Javier De Luca, el fiscal general subrogante ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, y los/as fiscales federales de primera instancia Carlos Rívolo, Eduardo Taiano, Guillermo Marijuan, María Paloma Ochoa, Franco Picardi, Gerardo Pollicita, María Alejandro Mangano y Carlos Stornelli; los fiscales generales en lo penal económico Gabriel Pérez Barbera y Marcelo Agüero Vera, y los fiscales de primera instancia de ese fuero Pablo Turano, Emilio Guerberoff, Maria Gabriela Ruiz Morales, Claudio Navas Rial, German Bincaz, y Jorge Dahl Rocha.
También los fiscales generales ante los tribunales orales federales Diego Luciani, Abel Córdoba, Juan Patricio García Elorrio, Estela Sandra León, Macelo Colombo, Diego Velasco y Miguel Angel Osorio.
En las reuniones participan -junto al Procurador- el secretario de Disciplinaria y Técnica, Juan Manuel Casanovas, y el secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel, ambos cotitulares de la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA). Creada mediante la Resolución PGN N°16/18, se trata de una estructura específica dedicada exclusivamente a la implementación seria, ordenada y efectiva del CPPF.
La Procuración General de la Nación viene llevando adelante una agenda de trabajo que inició en junio del 2019 en el Distrito Salta (que comprende a esa provincia y a la de Jujuy), y que luego incluyó los distritos Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata.
Contexto
El Código Procesal Penal Federal representa un cambio significativo en el sistema judicial argentino, al establecer un proceso penal más ágil y transparente. Su implementación requiere una reestructuración de las prácticas judiciales y una estrecha colaboración entre los distintos actores del sistema de justicia.
La reunión encabezada por Casal forma parte de una serie de encuentros destinados a coordinar la transición al nuevo sistema. Estos esfuerzos buscan garantizar que la implementación del CPPF se realice de manera ordenada y eficiente, asegurando el respeto de los derechos de las partes involucradas y la eficacia en la persecución penal.
En el marco de la implementación progresiva del régimen procesal en cada distrito, el Procurador ha delineado las necesidades y requerimientos indispensables para el adecuado funcionamiento del sistema, con base en los exhaustivos diagnósticos (adaptados a las particularidades de cada jurisdicción) preparados por la UNISA, y ha requerido que la implementación del sistema sea considerada una prioridad presupuestaria en la nota remitida al Ministerio de Justicia de la Nación el 7 de febrero pasado.
La adaptación del organismo al sistema acusatorio se lleva adelante junto con los distintos actores del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de relevar necesidades y elaborar un diagnóstico institucional ante la implementación en cada distrito. En este contexto, se analizan aspectos clave del nuevo modelo de gestión, así como cuestiones prácticas vinculadas con su funcionamiento.
Cómo sigue
La Procuración General de la Nación continuará trabajando en la implementación del Código Procesal Penal Federal, promoviendo la capacitación de los operadores judiciales y la adecuación de las estructuras necesarias para su funcionamiento. Se prevé la realización de nuevas reuniones y talleres para abordar los aspectos prácticos de la transición y asegurar una aplicación efectiva del nuevo sistema en todo el país.
