Le dan la bienvenida a la reforma pero advierten que la implementación del sistema acusatorio en los tribunales federales de Retiro y en el fuero Penal Económico «exige una preparación» que demanda recursos humanos y materiales, según una nota que los tres fiscales ante la Cámara Federal de Casación enviaron al procurador Eduardo Casal.
Los fiscales Raúl Plée, Mario Villar y Javier De Luca alertaron en la misiva dirigida al procurador General de la Nación Eduardo Casal, por «escasa capacidad física y de adaptación tecnológica de los edificios» donde el nuevo Código Procesal Penal Federal regirá a partir del 11 de agosto próximo.
Lo que importa
Los fiscales ante el máximo tribunal penal federal del país Raúl Plée, Mario Villar y Javier De Luca firmaron la nota enviada a Casal donde reafirmaron que «la implementación de un Código que posee características del modelo acusatorio debe ser recibido con beneplácito y resulta deseable frente al sistema mixto que actualmente rige».
Sin embargo, «exige una preparación que incluye no sólo la capacitación que se ha venido realizando, sino recursos humanos y materiales, sin los cuales el funcionamiento adecuado y conforme las expectativas puede verse comprometido».
Qué piden los fiscales
En concreto se refieren al estado de los edificios de Comodoro Py 2002 y Avenida de los Inmigrantes al 1950, sedes del fuero federal y penal económico de la ciudad de Buenos Aires en el barrio de Retiro.
«Resulta claro que la implementación por regiones exige considerar la cantidad y la complejidad de las causas para proveer de recursos humanos, organizacionales y edilicios adecuados al servicio de la justicia que deben prestarse», advierten.
Tal como se hizo en Salta y Jujuy, dos provincias donde ya rige el sistema acusatorio y se proveyeron esos recursos, remarca la misiva
En los fuero penal federal y penal económico de CABA -que tienen su instancia de apelación en la Cámara Federal de Casación- «se procesan casos de mayor complejidad, dificultad probatoria y múltiples protagonistas -por ejemplo delitos contra la administración pública y económicos-«.
Este cuadro «permite pronosticar un deficiente funcionamiento del servicio de Justicia, en caso de ponerse en marcha el nuevo sistema sin la provisión de los recursos correspondientes», advierten los tres fiscales.
Qué falencias plantean los fiscales
- Escasa capacidad física y de adaptación tecnológica de los edificios
- En relación al Ministerio Público Fiscal, los recursos que las nuevas funciones requieren incluyen lugares para el trabajo de las unidades fiscales, como mesas de entradas para denuncias, lugares de atención al público, tanto víctimas del delito o quienes actúen como denunciantes o querellantes
- Recursos técnicos como equipos de computación interconectados, conectados de manera segura, y con la capacidad de almacenamiento necesaria
El sistema acusatorio prevé que las causas judiciales no se llevarán más de manera escrita, sino que todo se resolverá mediante audiencias que deberán ser registradas en video y preservadas.
También se aludió a la necesidad de «cajas de seguridad, equipos para realizar determinados peritajes o análisis de la prueba, trabajadores sociales, expertos en cuestiones contables y financieras», entre otros recursos.
«Debería invertirse la proporción de personal y medios con que cuenta el Poder Judicial penal federal en comparación con la del Ministerio Público Fiscal penal federal (actualmente de 5 a 1, aproximadamente)».
Nota al procurador Casal
En conclusión, los fiscales advirtieron «las necesidades edilicias, la asignación de personal y de los medios técnicos y tecnológicos».
Contexto
Las sedes judiciales fueron visitadas en las últimas semanas por el ministro de Justicia de la Nación Mariano Cúneo Libarona y el equipo de esa cartera dedicado a la implementación del sistema acusatorio anunciado desde el 11 de agosto en el fuero.
El ministro se reunió con los jueces de la Cámara Federal de Casación, los de tribunales de apelación intermedios y también con jueces federales de instrucción para establecer mesas de trabajo con miras a la llegada del sistema acusatorio.
En cuanto a los fiscales, mantuvieron en el día de ayer un encuentro con el procurador Casal en virtud de la decisión del Ministerio de Justicia de fijar la fecha del 11 de agosto para poner en marcha el sistema acusatorio, a través de la Resolución 143/2025, en estos fueros.
En ese marco, se desarrollan en la Procuración General diversas reuniones en las que participan los fiscales generales ante la Cámara Federal de Casación Penal, fiscales federales en lo Criminal y Correccional, fiscales generales ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, fiscales ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y los fiscales nacionales en lo Penal Económico.
Entre los asistentes estuvieron fiscales de casación Mario Villar, Raúl Plee y Javier De Luca, quienes entregaron la nota a Casal.
También el fiscal general subrogante ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, y los/as fiscales federales de primera instancia Carlos Rívolo, Eduardo Taiano, Guillermo Marijuan, María Paloma Ochoa, Franco Picardi, Gerardo Pollicita, María Alejandro Mangano y Carlos Stornelli; los fiscales generales en lo penal económico Gabriel Pérez Barbera y Marcelo Agüero Vera, y los fiscales de primera instancia de ese fuero Pablo Turano, Emilio Guerberoff, Maria Gabriela Ruiz Morales, Claudio Navas Rial, Germán Bincaz y Jorge Dahl Rocha.
Además, concurrieron los fiscales generales ante los tribunales orales federales Diego Luciani, Abel Córdoba, Juan Patricio García Elorrio, Estela Sandra León, Macelo Colombo, Diego Velasco y Miguel Angel Osorio.
En las reuniones participan -junto al Procurador- el secretario de Disciplinaria y Técnica, Juan Manuel Casanovas, y el secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel, ambos cotitulares de la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA). Creada mediante la Resolución PGN N°16/18, se trata de una estructura específica dedicada exclusivamente a la implementación seria, ordenada y efectiva del CPPF.
La Procuración General de la Nación viene llevando adelante una agenda de trabajo que inició en junio del 2019 en el Distrito Salta (que comprende a esa provincia y a la de Jujuy), y que luego incluyó los distritos Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata.
Cómo sigue
El Código Procesal Penal Federal representa un cambio significativo en el sistema judicial argentino, al establecer un proceso penal más ágil y transparente. Su implementación requiere una reestructuración de las prácticas judiciales y una estrecha colaboración entre los distintos actores del sistema de justicia.
La reunión encabezada por Casal forma parte de una serie de encuentros destinados a coordinar la transición al nuevo sistema. Estos esfuerzos buscan garantizar que la implementación del CPPF se realice de manera ordenada y eficiente, asegurando el respeto de los derechos de las partes involucradas y la eficacia en la persecución penal.
En el marco de la implementación progresiva del régimen procesal en cada distrito, el Procurador ha delineado las necesidades y requerimientos indispensables para el adecuado funcionamiento del sistema, con base en los exhaustivos diagnósticos (adaptados a las particularidades de cada jurisdicción) preparados por la UNISA, y ha requerido que la implementación del sistema sea considerada una prioridad presupuestaria en la nota remitida al Ministerio de Justicia de la Nación el 7 de febrero pasado.
Se prevé la realización de nuevas reuniones y talleres para abordar los aspectos prácticos de la transición.
