La Corte Suprema de Justicia dejó firme la actualización del monto de los embargos establecidos en una de las causas que investiga a la empresa Odebrecht y otras asociadas por delitos con el proceso de licitación de las obras que integraron el denominado Plan Director de Aguas y Saneamiento Argentino.
Lo que importa
La causa analiza presuntas irregularidades en el marco de un proceso de licitación elaborado para el desarrollo de dos proyectos de infraestructura promovidos por la empresa pública de aguas en 2007 y ya está enviada a juicio oral.
Fue en esta instancia que la fiscal ante el Tribunal Oral Federal 7 Fabiana León advirtió que los embargos habían quedado desactualizados en su relación con el valor dólar y reclamó un nuevo cálculo. El Tribunal le dio la razón y la decisión quedó también confirmada en la Cámara Federal de Casación, ante lo cual una de las empresas llegó a la Corte Suprema con su apelación.
En un futuro juicio se debatirá lo ocurrido por un lado con la planta de potabilización “Paraná de las Palmas”, adjudicada al consorcio de empresas Construcciones Norberto Odebrecht SA Sucursal Argentina, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles SA. Y por el otro, la planta depuradora “Sistema Berazategui”, en cabeza de la Unión Transitoria de Empresas constituida por Camargo Correa Sucursal Argentina y Esuco SA.
En ese marco, el hecho que se investiga consiste en el supuesto direccionamiento ilícito por parte de las autoridades de AySA al momento de los hechos en los procesos licitatorios de los proyectos de infraestructura vinculada a su competencia.
A su vez, la pesquisa indaga también sobre el presunto pago de sobornos por parte de los representantes de todas las firmas involucradas con el objetivo de imponer distintas condiciones de ejecución de las obras, afines a sus intereses particulares.
Entre los acusados figuran el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, de su mano derecha Roberto Baratta, el ex secretario de Obras Públicas José López, de los ex directivos de Aysa Carlos Ben y Raúl Biancuzzo, entre otros, por cohecho pasivo (recibir coimas). Por pagar esos sobornos, fueron confirmados los procesamientos de los empresarios Aldo Roggio, Carlos Wagner y Tito Biagini.
Contexto
Con el caso que instruyó el juez Sebastián Casanello elevado a juicio, la fiscal Fabiana León solicitó que se actualizara el monto del embargo, para asegurar la eficacia práctica de la sentencia y teniendo en cuenta la depreciación de la moneda. En esa senda, sostuvo que los 405.200.000 pesos fijados que entonces representaban 6.642.622,95 dólares, al momento de su solicitud -a menos de tres años de la determinación de esa cuantía-, representaba en esa misma divisa 1.796.895,78 dólares oficiales o unos 1.012.190,24 dólares, en su variable MEP.
El Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, hizo lugar a la pretensión fiscal y actualizó los importes, tomando como parámetro el Índice de Precios al Consumidor (IPC) labrado por el INDEC -esto último por mayoría-.
En consecuencia, la suma actualizada arrojó un total de 3.175.374.000 pesos. En agosto del 2023, la Sala III de la Cámra Federal de Casación por unanimidad rechazó la apelación de la firma Construcciones e Comercio Camargo Correa S.A que pretendía dejar sin efecto la actualización del embargo a la mencionada compañía. A fines de ese año se rechazó la queja. La Corte Suprema desestimó ahora el planteo de la firma.
